La promesa gubernamental de hacer cambios en la Policía Nacional tras el repudio que generó en el país el crimen de la abogada quiteña María Belén Bernal nace entre contradicciones.

Por un lado, el mandatario Guillermo Lasso ofreció una reestructuración “absoluta y total” de la institución en la visita que hizo el pasado 26 de septiembre a la Escuela de Formación Policial Alberto Enríquez Gallo, donde se habría cometido el femicidio de Bernal por parte de su pareja, el oficial Germán Cáceres, que era uno de los instructores y ahora está prófugo.

Aunque el mismo día, un poco antes, en el Palacio de Carondelet, en la ceremonia de su posesión como nuevo ministro del Interior, el teniente coronel en servicio pasivo Juan Zapata señaló que dicha reestructuración no sería “total” porque la institución “cuenta con equipos técnicos que son reconocidos a nivel mundial”, sino “en cuanto a su modelo de gestión y al sistema de formación”, y que dicho modelo “estará enfocado al respeto a los derechos humanos y orientado a erradicar la violencia de género”.

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Todo cambio, total o no, debe basarse por lo menos en tres pilares, señala la exlegisladora y activista de los derechos de las mujeres Gina Godoy. “Voluntad política, lo primero, porque creer que derrumbando un edificio se repara o se reivindica el daño ocasionado es un absurdo; segundo, recursos; y tercero, gente solvente y capacitada, no amigos, compadres o de la misma leva, que no miren banderas políticas sino que tengan un compromiso serio con el país”, señala.

Sobre la “gente solvente”, Godoy se refiere a personajes externos a la institución policial, como expertos en seguridad o activistas de derechos humanos. “Porque en las condiciones actuales no creo que genere confianza que esta tarea la asuma alguien del Ministerio del Interior y la Policía, porque han dado muestras de incapacidad, hay un hedor que acompaña el caso de María Belén Bernal y a la gente le causa incertidumbre”.

Y podría pensarse, agrega, en el acompañamiento de organismos internacionales de Derechos Humanos, o de asesores de países que hayan tenido buenas experiencias en estos procesos.

Dos exministros de Gobierno, Vladimiro Álvarez y Mauricio Gándara, tienen visiones diferentes respecto a quién debe encargarse de este proceso de reestructuración.

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El nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, en una rueda de prensa desde la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, el pasado 26 de septiembre. HAMILTON LÓPEZ / API Foto: API

Gándara opina que no debe hacerse desde dentro de la misma institución, sino que bien podría encargarse a una comisión de expertos que evalúe la situación, plantee ideas y diseñe un plan de trabajo. La ejecución sí podría estar a cargo de un Ministerio de Gobierno reunificado, y con el seguimiento de veedurías ciudadanas e incluso de los medios de comunicación.

El exfuncionario señala que todo el proceso debe hacerse con una mirada civil. “Lasso cometió un error al escindir al Ministerio de Gobierno y quitarle el mando de la Policía, con lo cual ha quedado sin presencia política. A esto se suma esta cosa sin sentido de la Secretaría de Seguridad. Esta última debe desaparecer y debe incorporarse todo en un solo Ministerio de Gobierno, como ha sido a lo largo del siglo XX. No puede haber una corrección de las cosas de un policía por otro policía, y peor por un teniente coronel (el actual ministro) que es inferior en rango a un general, esto va a producir un choque. Esta evaluación debe estar a cargo de comisionados o funcionarios civiles, por fuera del Ministerio”, señala.

Álvarez, en cambio, sostiene que cambios institucionales deben estar a cargo de dos instancias: grupos integrados por el alto mando policial y mandos inferiores, que puedan dar ideas desde adentro de cómo evitar hechos como el de Bernal, y una comisión de especialistas -con asesoría externa dejando de lado criterios de “falsa soberanía”- que se encargue de la reestructuración y la vigilancia de la Policía.

Y precisa que para que la anunciada reestructuración tenga éxito y hechos como la muerte de Bernal no se repitan debe trabajarse en medidas inmediatas y otras a mediano y largo plazo.

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“Primero, determinar las responsabilidades en lo ocurrido, cómplices y encubridores, y establecer sanciones tanto a nivel administrativo dentro de la Policía como de carácter judicial; luego es necesario que dentro de las unidades de la Policía se establezca con claridad una entidad de control interno que esté al tanto de lo que pueda ocurrir y si ocurre, poder someter a los responsables a los procedimientos correspondientes, según la ley. También, una unidad de vigilancia tanto interna como externamente y, sobre todo, tener un sistema de evaluación estricto para los que pretenden ingresar a la institución a fin de conocer los valores y principios humanos que tengan, y así recuperar el prestigio de la institución”, refiere el exfuncionario.

Roberto Gómez, expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, también es partidario de una fórmula mixta para evaluar y reestructurar a la Policía: personajes externos y mandos policiales.

A su criterio, los cambios institucionales son importantes, pero prioritariamente hay que trabajar en un “rearme moral” porque eso es lo que se ve debilitado desde hace varios años en que “muchos de los oficiales terminan su carrera con un gran patrimonio, casas, haciendas, vehículos, ¿de dónde sale todo esto? Es fácil colegir que hay un afán de hacer dinero a como dé lugar, y vemos que esa actitud se ha extendido a la tropa, por eso todos los días hay policías sorprendidos cometiendo delitos”.

Gómez considera que se debería dar énfasis en las reformas de al menos cuatro procesos internos:

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1. La admisión: “No es posible que se deje ingresar así no más a cualquiera, debe haber un proceso de evaluación psicológica, que la persona que quiera ser policía no esté pensando en el dinero que va a acumular, sino en el servicio que dará a la ciudadanía en la protección de su integridad”.

2. La preparación: “Tiene que insistirse no solo en aspectos penales, sino en temas constitucionales, de derechos humanos y de violencia de género”.

3. Su remuneración: “Los policías deben tener un sueldo apreciable en relación con su rango, porque ellos al igual que jueces y fiscales pueden ser tentados por el dinero fácil, si las personas no tienen una fuerte convicción de carácter moral y ético”.

4. Controles internos permanentes: “En cuanto al movimiento de su patrimonio y en su condición familiar personal para evitar estos casos de enriquecimiento ilícito y violencia de género”.

Elizabeth Otavalo, mamá de María Belén Bernal, reclama por el asesinato de su hija. Foto de Archivo Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

En un artículo de opinión publicado el lunes pasado en el portal Primicias, el analista político Santiago Basabe señala que lo que ocurrió con Bernal “no es un caso aislado de incumplimiento de protocolos y de errónea comprensión de los alcances y límites del mando policial, sino una práctica recurrente en dicha institución”.

De ahí, escándalos como los malos manejos de los dineros del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) o la denuncia del retiro de visas a lo que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, llamó ‘narcogenerales’.

“Lo que revela lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía no es más que un reflejo, doloroso y frustrante, de algo que es estructural y que es un secreto a voces: la institución policial necesita un reordenamiento de su doctrina, de sus lógicas de operación y de la formación que reciben sus miembros. No se trata, por tanto, de renovar los mandos policiales” como ofreció el presidente Lasso, comenta Basabe.

El analista señala que la solución a este problema no puede ser coyuntural y que debe involucrar a las universidades del país para que la formación de los uniformados sea integral, holística. Pero que este proceso no será rápido sino que tomaría algún tiempo, “al menos una década”, y que “cuestan mucho”, no solo en cuanto a esfuerzos sino en recursos económicos. (I)