Con el testimonio anticipado vía telemática desde la delegación consular de Ecuador en Washington, Estados Unidos, del exasesor de Petroecuador y familiar del excontralor Pablo Celi, José Raúl De la Torre, es como empezó la diligencia solicitada por la Fiscalía dentro del caso Las Torres. La audiencia estaba convocada para las 08:30, pero fue instalada por el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pasadas las 09:00 de este viernes.

De la Torre fue sentenciado en Estados Unidos a mediados del 2019, luego de que se le encontró culpable de ser parte de una red de corrupción que operó en la empresa pública Petroecuador entre 2018 y 2019. El exasesor se declaró culpable del delito de lavado de dinero, mediante una confesión que dio en Miami, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2019.

Se conoce que el segundo en intervenir será el accionista de la empresa proveedora de servicios petroleros Nolimit C.A, José Luis De la Paz. Vía telemática el se conectará desde la sede consular de Ecuador en Miami, Estados Unidos, país en el que fue también sentenciado dentro de la misma trama de corrupción en Petroecuador en la que operó De la Torre.

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Inicialmente el juez Córdova dispuso en providencia que la diligencia de testimonios anticipados dentro del proceso penal por el delito de delincuencia organizada arrancaría con la participación de los exdirectores de Nolimit, Sebastián Robles y Patricio Saa, y luego intervendrían el exsubcontralor subrogante y actual funcionario de la Contraloría, Luis Miño; el accionistas de Nolimit, Pedro Crespo, y finalmente De la Torre y De la Paz.

Por delincuencia organizada se investiga a quince personas, entre ellas, el excontralor Celi, su hermano Estreban Celi; el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, su padre y su madre: Marco Flores Troncoso y Elsie Cueva; Adolfo Agusto Briones, hermano el exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones, quien también fue investigado en este caso hasta que falleció en la Cárcel 4.

La supuesta “organización criminal” que investiga la fiscal general Diana Salzar operó, entre el 2017 y el 2020, desde la Contraloría General del Estado (CGE), la secretaría de la Presidencia y Petroecuador en donde se exigían dineros a cambio del desvanecimiento de glosas en la CGE y la facilitación de pagos de planillas en Petroecuador.

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En este caso se presume que se desvanecieron en la Contraloría seis glosas relacionadas con la empresa Nolimit por un monto de $ 13 millones.

En la diligencia que se lleva de forma restringida para los medios y sujetos ajenos al proceso penal, asistieron de forma presencial la fiscal general Diana Salazar; los representantes de la Procuraduría General del Estado, quien presentó acusación particular en este caso, así como la mayoría de los abogados de los quince acusados. (I)