“A pesar de todo, espero pacientemente la resolución que tome la justicia”, dice a este Diario Raúl González sobre la apelación a una acción de protección que anuló su designación como superintendente de Bancos, planteada por vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Ha pasado ya un mes desde que la Asamblea Nacional lo posesionó en el cargo -12 de agosto- y desató una pugna entre varias funciones del Estado. Aún no ha podido ejercer sus funciones debido al fallo de la jueza Larissa Ibarra y cuenta que actualmente existen recursos presentados en la justicia como el de recusación contra la magistrada y la solicitud de aclaración y ampliación de su sentencia que deben resolverse.

“Si se acepta el recurso de recusación presentado por Sofía Almeida, el proceso iría a un nuevo juez y podría, dentro de sus facultades, declarar nulo a foja cero, esto significaría que nuevamente se convoca a audiencia y se resuelva en derecho”, dice.

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Comenta que pese a la polémica que desató su nombramiento, este mes ha sido fructífero y que ha podido “fusionar sus conocimientos de planificación, análisis financiero con lo jurídico”. Cuenta que ha mantenido varias reuniones con sus abogados patrocinadores para armar la estrategia de defensa “de la infundada denuncia interpuesta por Fabián Pozo, secretario general Jurídico de la Presidencia, por los delitos de peculado, usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”.

Cuenta que el 29 de agosto acudió ante el fiscal de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional para brindarle toda la evidencia y los elementos de convicción necesarios y que detallan la cronología de los hechos de su designación y posterior posesión, así como la acción de personal que recibió de funcionarios de la Superintendencia de Bancos en la que se atribuyeron sus funciones de superintendente.

González dice también que en este mes ha podido analizar ciertos indicadores de los bancos ecuatorianos y que ha realizado varios análisis de interés que dará a conocer en posteriores días para desvirtuar toda la campaña de desprestigio que medios digitales de comunicación, de forma maliciosa, han hecho en su contra.

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“La verdad siempre sale a la luz pública”, insiste. Al ser consultado sobre su expectativa en toda esta situación y si mantiene aún su mensaje conciliador de no profundizar las diferencias entre las funciones del Estado, reitera que a lo largo de su vida profesional siempre se ha caracterizado por defender las causas justas y por tener un actuar ético y moral del que millones de ecuatorianos fueron testigos.

“Ciertos actores políticos, con la venia de ciertos medios de comunicación digitales, desinformaron a la ciudadanía y plasmaron un mensaje comunicacional muy errático de que supuestamente yo había renunciado... dar un paso al costado al conflicto no es renunciar, la investidura como superintendente de Bancos la gané legítima y legalmente”, afirma y subraya que lamenta la injerencia de la justicia en un proceso que se lo llevó en legal y debida forma por el CPCCS y que paradójicamente fue el mismo presidente Guillermo Lasso quien lo incluyó en la terna para el cargo.

Sobre el planteamiento hecho, en su momento, por su defensa de llevar el caso a instancias internacionales, González manifiesta que ya se ha informado de todo el proceso que debe seguirse primero dentro de la justicia ecuatoriana. Uno de estos pasos dice que sería en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, organismo que considera no se presta para politiquerías, sobre la acción extraordinaria de protección.

En tanto, la Superintendencia de Bancos indicó que la máxima autoridad de esta institución sigue siendo Guadalupe Cabezas Enríquez, que ocupa el cargo de superintendenta de manera subrogante y mientras se resuelve el proceso en este organismo en torno al nombramiento del nuevo superintendente, y que la entidad sigue cumpliendo sus funciones.

“El objetivo de la Superintendencia de Bancos es precautelar su institucionalidad y autonomía, lo que significa mantenerse al margen de cualquier proceso o disputa política. Como se ha señalado a través de comunicados oficiales, la Superintendencia de Bancos es una entidad técnica, por lo que debe atender las disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), única entidad con autoridad para nombrar al nuevo superintendente”, manifestó la institución. (I)