Representantes de la Función Judicial refieren que el SNAI tiene ‘represada’ información que debe ser enviada a jueces de garantías penitenciarias

“Nos parece que la Función Judicial del Ecuador sí puede aportar a la solución del problema carcelario. Claro está, no es exclusivo, no es atribución o competencia de la Función Judicial la rehabilitación social y el manejo de las cárceles, pero hay aspectos que sí podemos plantear al país y es importante, porque se debe superar el tremendo problema que existe en Ecuador”.

Esa es la posición que tiene Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), un día después de que desde el Ejecutivo se anunció un acuerdo nacional entre las funciones del Estado para enfrentar la crisis penitenciaria que vive el país. En la conocida Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el último evento violento ocurrido el fin de semana pasado dejó como resultado 62 muertos y al menos 44 heridos.

Dentro de ese acuerdo se define que la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura (CJ) coordinarán inmediatamente acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por personas privadas de la libertad.

Saquicela, en una entrevista la mañana de este martes a la cadena Teleamazonas, resaltó la importancia de que se haya nombrado ya a jueces temporales de garantías penitenciarias, pero aclaró que es fundamental que se haga una suerte de “plan emergente, una prioridad” para poder despachar los trámites de los beneficios penitenciarios.

Lo que significaría un plan emergente para el presidente de la CNJ es que existan los jueces, ayudantes, secretarios y defensores públicos, en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para que, en los expedientes que se encuentran aún por resolver, pueda hacerse un trabajo ágil y dar una respuesta en materia de beneficios penitenciarios.

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“Es necesario destacar que no se ha entregado por parte del SNAI la información que requieren los jueces para adoptar las resoluciones, es decir, los jueces no pueden resolver mientras no tengan un expediente en sus manos para poder tratar y resolver los llamados ‘beneficios penitenciarios’”, explicó Saquicela, quien se reunió, el lunes último, con jueces penales de garantías penitenciarias del Guayas para analizar los principales nudos críticos en estas materias y alcanzar soluciones al respecto.

Respecto a las Unidades Especializadas en Garantías Penitenciarias y a los jueces para estas dependencias, Fausto Murillo, vocal del CJ, recordó que fue el actual Consejo de la Judicatura, que entró en funciones en 2019, el que cumplió con la obligación establecida en el 2008 en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial en el 2009 de conformar estas unidades especializadas.

En septiembre de 2019 el CJ conformó cuatro Unidades Judiciales Especializadas, con once jueces y su equipo de apoyo necesario, para funcionar en Guayaquil (Guayas), Cuenca (Azuay), Portoviejo (Manabí) y en Latacunga (Cotopaxi). Estas unidades con sus respectivos jueces fueron creadas en las ciudades en que se encuentran los centros de privación de la libertad.

A inicios de noviembre pasado el pleno del CJ nombró ocho jueces permanentes y temporales para las Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias de Guayas y Azuay. La designación se dio en momentos en que el país mantenía una declaratoria de emergencia del sistema carcelario, ordenada por el presidente Guillermo Lasso, y dentro del marco de la ejecución de la Resolución 168-2021, a través de la cual se declaró la “necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarias”.

Aparte, afirmó Morillo, el CJ ha ampliado las competencias de jueces de garantías penales en donde no hay jueces especializados en garantías penitenciarias, para que asuman también la competencia y puedan atender la necesidad de los privados de la libertad que quieren acogerse a uno de los beneficios penitenciarios. “Hoy por hoy tenemos 147 jueces a nivel nacional atendiendo a los privados de la libertad en garantías penitenciarias. Ese es un hecho real y concreto”.

Morillo por un lado reconoce que son necesarios más jueces especializados en garantías penitenciarias, pero por otro señala que el organismo tiene limitaciones presupuestarias que impiden mejorar no solo esta realidad, sino las de todas las materias. “Es responsabilidad de todas las instituciones involucradas en el tema judicial y penitenciario tratar de seguir trabajando para buscar la solución y resolver este grave problema que aqueja al país”, apuntó Morillo.

En noviembre pasado, el pleno del CJ aprobó una resolución mediante la cual se precisan las competencias de los jueces especializados en Garantías Penitenciarias, así como de los jueces de Garantías Penales para la emisión y envío de las boletas de excarcelación de las personas privadas de libertad.

El contenido del documento, que reforma la Resolución 018-2014, habría sido coordinado con los integrantes de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, conformada para atender la crisis carcelaria del país.

En el documento se define que los jueces especializados en Garantías Penitenciarias, así como los jueces de Garantías Penales, “cuya competencia se encuentra ampliada (...), en función de su competencia territorial, serán responsables de la emisión y envío de las boletas de excarcelación de las personas privadas de libertad, que se encuentran cumpliendo la pena en (...) régimen cerrado, semiabierto, abierto; o en goce y ejecución de algún beneficio penitenciario”.

También establece que las boletas de excarcelación de las personas privadas de la libertad deberán ser emitidas y despachadas de manera prioritaria, célere y oportuna por parte de los jueces especializados o aquellos jueces que tienen la competencia ampliada para el conocimiento en materia de garantías penitenciarias. Las boletas deberán ser notificadas a los casilleros electrónicos de los respectivos centros de privación de libertad, sin perjuicio de su notificación física.

Según Morillo, desde el CJ se ha optimizado el despacho de las boletas de excarcelación, al punto de que se ha colocado un promedio mínimo de despacho que ha dado buenos resultados. En enero pasado, mensualmente los once jueces despachaban 550 casos; a octubre pasado, asegura el vocal, se estarían resolviendo 1.550 casos.

“El trámite es inmediato. Una vez que el SNAI envía la carpeta administrativa con los informes, los jueces tienen que inmediatamente resolver y así se viene haciendo. El tema es que el SNAI tiene represadas gran cantidad de carpetas administrativas que tienen que ser procesadas, conformadas y enviadas a los jueces. Estamos empeñados en dar agilidad no solo a las boletas de excarcelación, sino también a los beneficios penitenciarios. Eso bajará notablemente la población carcelaria y va a aliviar esa presión que existe y que se desencadena en estos actos tan violentos”, apuntó Morillo.

El presidente Iván Saquicela propuso algo que él calificó como un “clamor de todos los jueces del país”, y es que se resuelva eliminar el pool de jueces del cual se sortean para conformar tribunales y que en su lugar se definan tribunales fijos.

A decir de Saquicela, en algún momento se decidió que se haga un pool de jueces, lo que significa que de todos los jueces penales se sortean para tener tribunales. Esa situación debe ser eliminada, porque en este pool de jueces, como se sortean diferentes tribunales, se llegan a colisionar las agendas, se cruzan las audiencias y no es posible llevar las diligencias de juzgamiento con agilidad.

Otro tema que trajo a colación Saquicela fue la preocupación de jueces respecto a audiencias, incluso de juzgamiento, que se llevan vía telemática, mediante Zoom, en donde hay problemas, en donde privados de la libertad que tienen que asistir a juzgamiento no acuden físicamente a las audiencias si no lo hacen telemáticamente, pero lo hacen con problemas de conexión.

“El país se preocupa de la inseguridad y debemos contribuir como Función Judicial en ello. Es necesario reformar la ley, por ejemplo, endurecer los requisitos para la imposición de la prisión preventiva. También se deben aplicar otras medidas cautelares alternativas y otras formas alternativas para el cumplimiento de la pena, como la suspensión condicional del procedimiento, que son mecanismos que sí existen. No todo en Ecuador es prisión preventiva, debe existir política criminológica, de rehabilitación social y de prevención”, refirió Saquicela. (I)