Tatiana Sampedro, exasesora legal y parlamentaria, conoce el sector público de cerca

Conoce lo público de cerca, desde las funciones de archivo cuando era pasante en 2008 hasta los cargos de libre remoción. También ha participado en mecanismos de control social y no está de acuerdo con la pregunta cinco de la consulta popular. Por todo ello, Tatiana Sampedro Alomoto, abogada quiteña de 35 años, se postuló como candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Apenas graduada de bachiller comenzó a trabajar mientras estudiaba Derecho. De acuerdo con la Contraloría, Sampedro ha colaborado con al menos once instituciones, desde el Ministerio del Ambiente y Educación hasta la Asamblea Nacional, pasando por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, el Consejo de la Judicatura, el Municipio de Quito, entre otras.

Se graduó de abogada por la UDLA en 2012 y ganó un concurso en la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), pero no se quedó a hacer carrera. En cada entidad aprendió y tiene una historia. En la Judicatura, por ejemplo, debía hacer los informes técnicos por amenazas de atentados contra jueces. En cambio, ingresó a la Agencia Metropolitana de Tránsito justo después del escándalo del pago de sobornos a concejales por permisos para cooperativas de taxis. “Tenía que elaborar y enviar los reportes a la Fiscalía y a la Contraloría”, recordó.

Con el traspaso de la Alcaldía de Mauricio Rodas a Jorge Yunda, apoyó en la transición. Ya había trabajado en la administración de Rodas en la Comisión Anticorrupción elaborando un estudio sobre las contrataciones recurrentes en el Municipio. Y luego retornó al Municipio con Yunda por algunas semanas para hacer seguimiento a la ejecución presupuestaria en 2020.

En su paso por el Legislativo ha colaborado con dos asambleístas de CREO: César Carrión y Patricio Cervantes. Enumeró varios proyectos de ley que presentaron los legisladores, pero que no se han aprobado. Entre ellos se destacan el Código Orgánico de la Policía Nacional, con el coronel Carrión, y otro sobre la capacitación en materia de género a todos los servidores públicos incluyendo los miembros de la fuerza pública, con Cervantes.

“La verdad me gusta en general el servicio público, se puede hacer muchísimo cuando se tiene voluntad política”, dice esta profesional. Su pago de impuesto a la renta fluctúa entre $ 157 en 2021, $ 74 en 2020 y $ 685 en 2019.

Tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y en noviembre sustentó su investigación para otro máster por la española Universidad de La Rioja (en línea). “El Consejo de Participación Ciudadana como parte del Quinto Poder” es el nombre de su tesis.

Presentó un amicus curae a la pregunta del Gobierno para eliminar la atribución del CPCCCS para la designación de autoridades. Su principal objeción es que de ganar esa pregunta el país se quedará con autoridades prorrogadas por algún tiempo.

No reniega del CPCCS: “Todo ha sido manipulado por las organizaciones políticas que responden a una línea partidista”. Por ello quiere recuperar el empoderamiento ciudadano y luchar contra la corrupción desde el Consejo. (I)