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Quito 9 febrero 2023. Posesión de nuevas autoridades en el gobierno de Guillermo Lasso API/DANIEL MOLINEROS Foto: API

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, se prepara para medir fuerzas con sectores políticos y sociales, que buscan allanar las vías legales o ‘calentar las calles’ con protestas territoriales para ‘presionar’ por su salida del cargo.

Dentro de tres meses, Guillermo Lasso cumplirá su segundo año de mandato y, por segunda ocasión, confluye una correlación de fuerzas con ese objetivo.

Este 4 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó un informe titulado ‘El Gran Padrino, delitos de la administración pública y contra la seguridad del Estado’, en el que se recomienda enjuiciar políticamente al primer mandatario por dos causales contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución.

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En el expediente se sustenta que hay conductas que se adaptan al cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado y en contra de la administración pública que configurarían un enjuiciamiento político para una posible censura y destitución.

‘Jamás les importó la lucha contra la corrupción’, criticó el Gobierno ante la aprobación del informe que recomienda el juicio político

De forma paralela, grupos de la sociedad civil, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y Negras (Fenocin) y otros aliados, auguran movilizaciones.

La fuerza de la convocatoria se pondrá a prueba este 8 de marzo que, a propósito del Día Internacional de la Mujer, habrá concentraciones para expresar su inconformidad con el Ejecutivo por la falta de políticas públicas en seguridad, empleo, educación, salud y en concordancia con la fecha, la falta de atención desde el Estado a las necesidades de las mujeres.

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La Conaie y la Fenocin fueron protagonistas del paro nacional de junio del 2022, que mantuvo en vilo al régimen por 18 días.

Esa amenaza vuelve al panorama político, pues los colectivos están descontentos porque evalúan que no se cumplió con los 218 acuerdos que resultaron en las mesas de diálogo y anuncian movilizaciones territoriales para exigir que se cumplan sus demandas.

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Se rehúsan a nuevas conversaciones y, al contrario, conminan a Guillermo Lasso a dar un paso al costado, o, que en su efecto, la Asamblea Nacional siga los procesos legales para que a través del juicio político, por el caso El Gran Padrino, se lo censure y destituya.

De igual forma, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) prevé sesionar este lunes con los directivos de sus diferentes filiales para definir la fecha de una convocatoria a manifestaciones por la situación del Instituto de Seguridad Social (IESS), la falta de empleo, la crisis en la salud y la inseguridad ciudadana.

En un inicio, el llamado se fijó para este 7 de marzo, pero la presidenta del FUT, Marcela Arellano, indicó que decidieron cambiarla para evitar que se mezcle con las concentraciones que realizarán los grupos feministas este miércoles en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Arellano aseguró que no han tenido conversaciones con la Conaie para plegarse a las posibles protestas, pero coincidió en que la administración de Lasso no tiene la “capacidad para dar soluciones” a las necesidades de la población.

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Guayaquil, miércoles 01 de marzo del 2023 El Frente Popular y Organizaciones Sociales realizaron un plantón en el parque del Centenario, para exigir la salida inmediata del presidente de la república Guillermo Lasso. Además de anunciar su participación en las marchas que se realizarán este 8 de marzo. Fotos: César Muñoz/API Foto: API

En tanto, la expectativa estará en las acciones de los bloques políticos del Parlamento, como del correísmo en Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y otros aliados independientes, para empujar el enjuiciamiento político a Lasso.

El analista político Mauricio Gándara cree que el jefe de Estado está comprometido en esta interpelación y ocurre “al mismo tiempo en que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, le está preparando trampas continuas para desgastarlo”.

“Le están acosando al Gobierno y mucho de esto es por sus errores, pero ahora debe defenderse trinchera por trinchera, porque los proponentes del juicio político tienen los votos suficientes para aprobarlo y continuar el trámite, en el caso de que la Corte Constitucional llegue a emitir un dictamen de admisibilidad”, opinó Gándara.

Auguró que mientras eso se resuelve en el legislativo, la Conaie estará “obrando con cierta cautela, que es calculada, para dar el golpe cuando lo considere oportuno”.

Ello debido a que la sustanciación de este juicio político tomaría al menos 60 días, por los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

Tras aprobarse el expediente El Gran Padrino, se requerirá que uno o varios asambleístas cuenten con las firmas de la tercera parte de legisladores (46) para solicitar el enjuiciamiento político. Luego, pasará a la aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que a su vez, de calificarlo, lo enviará a la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen de admisibilidad.

La Corte Constitucional está compuesta por nueve jueces, quienes de ser el caso, se pronunciarán sobre la viabilidad o no de un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

La Corte tendrá unos siete días para pronunciarse sobre tres aspectos, según consta en el artículo 148 de la LOGJCC: si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución; si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución; y, si en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político.

Este dictamen requerirá del voto de seis de los nueve jueces para aprobarse. Caso contrario, la Asamblea deberá archivarlo.

Pero, si supera este filtro constitucional, volverá a la Legislatura para que la Comisión de Fiscalización avoque conocimiento de inmediato y en un plazo de 30 días emita su informe recomendando o no la interpelación.

Entre otros plazos, que sumarían unos quince días, se difundirá el expediente a los legisladores; se convocará a un pleno y a este, debe asistir el mandatario, su delegado o procurador, para exponer sus pruebas de descargo frente a las acusaciones.

Se convocará a una nueva sesión para que, sin debate de los parlamentarios, se resuelva de forma motivada sobre si cabe o no la censura y destitución.

QUITO (24-02-2023).- Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecaudor (CONAIE), junto a dirigentes de organizaciones indígenas, durante el Consejo Ampliado de la Conaie, para analizar la situación del país y tomar decisiones colectivas, en la Casa de la Cultura, en Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

Bajo esa esfera, y sobre todo, si la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad, el presidente Guillermo Lasso podría activar la muerte cruzada, contemplada en el artículo 148 de la Constitución.

Ello consiste en disolver la Asamblea y convocar a elecciones generales anticipadas, pero la Conaie y Fenocin, desde ya, amenazaron con iniciar un levantamiento y paro nacional si opta por ese mecanismo.

El 24 de febrero, la Conaie proclamó sus catorce resoluciones de evaluación de los diálogos y en una de ellas advirtió al mandatario que si se arriesga a disolver esa función del Estado tomará esas medidas de hecho.

Pese a que esta es una herramienta constitucional, Leonidas Iza, líder de la Conaie, rechazó que Lasso opte por esa vía porque tiene una “actitud y aires de dictador” y prefiere que subsista la Asamblea porque es el “remanente democrático” y de institucionalidad en el país, manifestó en una entrevista en la cadena Teleamazonas.

En la misma línea, se pronuncia la Fenocin. El dirigente de defensa jurídica de la organización, Luis Mullo anotó que esta figura permitiría que Lasso se mantenga unos seis meses gobernando mientras se organiza el proceso electoral, y en ese tiempo “imaginemos cómo va a ser el país conducido con decretos y eso no estamos dispuestos a permitirlo”, zanjó.

Mauricio Gándara pronostica que las siguientes semanas serán de “agonía”, en tanto los sectores políticos van consumando sus decisiones.

Y, si el régimen se siente “acosado” y opta por la ‘muerte cruzada’, -añadió Gándara- se favorecería al movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana y al movimiento Pachakutik, que en las recientes elecciones seccionales del 5 de febrero se posicionaron con un alto número de alcaldías y prefecturas en las principales provincias del país.

Al “Partido Social Cristiano y a los demás, no les conviene”, pues perdieron los liderazgos en Pichincha y Guayas, por ejemplo.

El catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, Pablo Escandón, tampoco ve un futuro alentador para Guillermo Lasso, “a menos que genere una reforma, un cambio estructural al interior de su gobierno, de lo contrario, no hay vuelta para atrás”.

A su criterio, la coyuntura que enfrenta se debe a la desconexión con la agenda política y social, que son justamente quienes impulsan acciones en su contra.

“El Gobierno lo que está presentando es una desconexión con la agenda de Asamblea, que es política y, una ruptura con los movimientos sociales; pero, mantiene una conexión con el sector productivo que no es muy bien visto, porque lo componen empresarios y no toda la gente tiene una simpatía con ellos. En esencia hay un desentendimiento desde el Gobierno y aunque está buscando aliados, no los encuentra, pues es un momento en que su popularidad es totalmente baja”, reflexionó.

A ello suma que es “reactivo” y no expone una agenda de trabajo propia, “sino que siempre está viendo a ver qué acepta la población y qué no. Es decir, es un presidente que está queriendo quedarse por quedarse, sin una agenda definida sobre ‘qué es en lo que quiero trabajar’”. (I)

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