Luego de la suspensión dada la semana pasada y sin la presencia de Andrés Páez, la jueza Lucila Soria, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, instaló, la mañana de este martes, la audiencia para tratar la acción de protección planteada por el exlegislador contra la resolución con la que la Asamblea Nacional otorgó en paquete 268 amnistías.

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En la diligencia que se dará en el Complejo Judicial, ubicado en el sur de Quito, no solo participarán Alberto Palacios, uno de los dos abogados de Andrés Páez, y el procurador del Legislativo, Santiago Salazar, que es la instancia que resolvió la entrega de las amnistías, sino también varias personas naturales, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, entre otros, a través de amicus curiae (exposiciones legales que buscan aclarar puntos de la materia que se trata en la acción de protección).

Según la defensa de Páez, el exlegislador no asistió a la diligencia por cuidar su integridad física, pues él había recibido una serie de amenazas, tema que se presentó una vez que interpuso la acción contra las amnistías. Palacios adelantó que de no aceptarse la acción, ellos interpondrán los recursos de apelación correspondientes que la ley prevé para que se enmiende el error cometido por el Legislativo.

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A la audiencia finalmente no llegaron todos quienes presentaron amicus curiae, pese a que era un número bastante grande de personas que pidieron ser parte de la diligencia.

Páez y sus abogados buscan con la acción de protección que se suspendan todos los efectos jurídicos de las amnistías entregadas, pues asegura que en la aprobación, respaldada por 99 votos de asambleístas de UNES, Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK), parte del BAN e independientes, se violó la propia Constitución que prohíbe que sean amnistiados delitos como el secuestro.

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El exlegislador sostiene que la Asamblea al no analizar caso por caso y aprobar una resolución en paquete lo que hizo es otorgar de forma indiscriminada el beneficio de la amnistía.

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En cambio, para Santiago Salazar está claro que la resolución de amnistías ya ha causado estado, está en firme y no hay recursos, ni vía acción de protección ni vía acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, que pueda de alguna manera revisar la decisión de amnistía. “Esperamos que se ratifique la constitucionalidad y legalidad de esta resolución de amnistías que asumió la Asamblea”. (I)