La erradicación de la violencia hacia la mujer, la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los derechos de las personas en movilidad humana, el diálogo entre todos los sectores para lograr la paz social con equidad, la libertad de prensa, entre otros, fueron los temas que centraron la exposición nacional en el Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que presentó Ecuador este lunes, 7 de noviembre, en el que reafirmó su compromiso para garantizar y promover los derechos humanos en el país.

Está previsto que el Consejo emita su informe sobre el examen el 11 de noviembre de 2022 a las 15:30.

En la presentación intervinieron el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín; la ministra de Educación, María Brown; la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; la secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Gretty Vargas; y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien se conectó desde Guayaquil por vía telemática.

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El ministro Holguín inició su presentación agradeciendo las muestras de solidaridad de los ministerios de Asuntos Exteriores y embajadas ante los actos terroristas cometidos en el país la semana pasada por bandas criminales con nexos transnacionales, que hasta el momento han cobrado la vida de cinco policías y provocaron importantes daños materiales.

“El apoyo a nuestro pueblo, a nuestras fuerzas públicas, pero especialmente a nuestra democracia, han sido vitales para saber que no estamos solos”, dijo el ministro Holguín, quien también aseguró que Ecuador trabaja de manera coordinada con países amigos de la región y del resto del mundo a fin de concertar y llevar adelante estrategias conjuntas contra el flagelo del crimen transnacional.

“Los derechos humanos forman parte de la identidad y vocación del Ecuador, en todas las áreas. Prueba de ello es que nuestro país ha ratificado los 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos y adecúa sus normas y su actuación a esos principios”, dijo.

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Informó sobre los avances y significativos logros del Ecuador para fomentar los derechos de las personas refugiadas y en movilidad humana, las acciones del Ecuador frente a la pandemia de COVID-19 y la lucha contra la trata de personas.

La ministra Brown abordó los temas relacionados con el sector social, que es prioridad del Gobierno, para el que se incrementó el presupuesto de 8.100 a 13.000 millones de dólares. La acción se refleja en la disminución de la pobreza tras la pandemia, el aumento de la cobertura de la educación gratuita, el incremento de becas para la educación superior gratuita, el énfasis en la educación intercultural bilingüe, que hoy tiene, como resultado de los acuerdos de paz con los movimientos indígenas, mayor autonomía técnica y financiera. También anunció que está en marcha el nuevo censo poblacional, que servirá para mejorar las políticas de protección social, pero que ya en 2021 y 2022 se incrementó el número de beneficiarios de los distintos bonos sociales.

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La secretaria de Derechos Humanos mencionó los programas desplegados para erradicar la violencia hacia la mujer y la restructuración del sistema carcelario.

A su vez, la secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades aportó con los avances a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El ministro Jiménez se refirió a la iniciativa del Gobierno de la Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, para promoverlas y garantizarlas; los esfuerzos para lograr la participación de las minorías y personas con discapacidad en la vida política y social, así como el derecho al trabajo.

Para la elaboración del informe presentado en este año al EPU, la Secretaría de Derechos Humanos recopiló información de varias instituciones a través de la plataforma Siderechos, mecanismo estructurado con el apoyo de las Naciones Unidas.

Entre las principales observaciones que recibió Ecuador estuvieron las de Suiza, España y Costa Rica, que recomendaron adoptar una política global para los defensores de derechos humanos y establecer los mecanismos para crear una política pública de reparación de víctimas de mujeres.

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Paraguay recomendó realizar esfuerzos para protección social y reducción de la pobreza; implementar mecanismos y campañas contra la violencia de género; garantizar derechos de las personas con discapacidad. Mientras, Grecia recomendó que continúen esfuerzos para garantizar los derechos de los hijos de víctimas de femicidio y que se promocione un marco de protección para el ejercicio periodístico.

En tanto, en Ecuador, luego de la sesión, la coalición de organizaciones de la sociedad civil (entre las que constan Fundamedios y Fundación Desafío y Diálogo Diverso), conformada para dar seguimiento al EPU, brindó una rueda de prensa en la que anunció que el país recibió 24 recomendaciones en temas de rehabilitación social y 19 recomendaciones en temas de libertad de expresión.

En este espacio, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, manifestó que en temas de derechos humanos, consideran que existen avances, pero solo son normativos y se quedan en el papel.

“Creo que es evidente que el país tiene problemas muy grandes que son monitoreados por la comunidad internacional”, comentó.

A su vez, Pamela Chiriboga, vocera de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), manifestó que fueron muy pocos los países realmente críticos con el Gobierno en el margen del EPU y señaló que hubo temas que no se trataron, como los derechos de los desaparecidos del país, a pesar de que, en 2017, ya se realizaron recomendaciones sobre temas de desapariciones forzadas y reparación de víctimas.

Por parte de Diálogo Diverso, su director Danilo Manzano indicó que se reconoció el esfuerzo en temas de derechos de la población LGTBIQ+ por parte del Gobierno. Sin embargo, con respecto a educación no se incluyó a la diversidad, dado que no se ha avanzado en el tema.

En tanto, el Examen Periódico Universal (EPU) es un procedimiento que se lleva a cabo cada cuatro años y medio, por el que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen la oportunidad de comunicar las políticas públicas y medidas que han adoptado sobre derechos humanos y para la aplicación de los tratados internacionales en la materia. (I)