Las pugnas por la designación de autoridades de control, y en especial del titular de la Contraloría General del Estado, dieron un giro en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el que la nueva mayoría logró hacer que Sofía Almeida no presidiera un pleno que se declaró en sesión permanente para evitar las sorpresivas suspensiones y así impulsar reformas a todos los reglamentos aprobados por la anterior mayoría para realizar los concursos públicos.

Este 26 de enero, los consejeros Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira lograron apelar la presidencia de Almeida, en medio de una conflictiva sesión virtual marcada por las revelaciones sobre presuntas presiones políticas, “intereses oscuros” y una “desesperación de perder el control de la designación de autoridades”. Hay “intereses oscuros, esa es una de las razones por las que me separé de esta mayoría”, denunció Estupiñán.

La revisión del reglamento para designar contralor mocionada por Ulloa fue el detonante de esta crisis.

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Él pidió que se debatieran las observaciones a la normativa que presentó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Era la segunda ocasión que planteaba esta moción, pues en una sesión anterior lo hizo y justo cuando Estupiñán iba a votar, Almeida suspendió el pleno.

Este miércoles, cuando Estupiñán iba a votar, la sacaron del pleno, según dijo. Rivadeneira la llamó por teléfono y la puso en altavoz para que se escuchara su voto.

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Almeida dijo que se cerró la votación y que no era procedente registrar su voto. Pero se vio obligada a revisar lo actuado y reculó de su decisión, por lo que se contabilizaron los cuatro votos afirmativos y entrará a debate esta propuesta.

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Estupiñán tenía una moción para conocer sobre los requisitos de los comisionados ciudadanos para elegir al defensor público, propuestos por la Función Legislativa. Cuando iba a argumentar, no se la escuchó.

Se la contactó por llamada telefónica y puso en altavoz a un técnico del Consejo que confirmó que se la eliminó de la sesión de Zoom.

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Entonces impulsó la moción de apelación para evitar que votara y argumentara sus mociones.

Esto sucedía mientras los otros tres alertaban que sus micrófonos eran silenciados. Rivadeneira incluso mostraba una cartulina con el mensaje “A favor de la apelación”.

Esas acciones, que se habrían tomado desde la presidencia del Consejo, trajeron consecuencias. Estupiñán destapó lo que hay detrás de los concursos públicos cuando estaban en manos de la anterior mayoría, que agrupaba a Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, y a la que ella apoyaba.

Almeida negó que se haya impedido su participación y que no infringió el reglamento pues, a su criterio, Estupiñán sí estaba en la sesión.

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“Me cierran los micrófonos con malicia, se me bloqueó el dispositivo de la computadora, ¡basta de mentiras! ¡Sofía, basta, tienes una familia, por Dios! Este es el momento que debemos honrar las funciones que ejercemos. Estoy indignada (…), pero es evidente la desesperación de perder el control de la designación de autoridades. Eso hace pensar que en realidad querían poner a alguien a dedo, en contubernio con partidos políticos que los apoyaron (en las elecciones del 2019), en los que participaron en las pollas, que fueron promovidos por actores políticos. Soy independiente, mi único interés es garantizar que la institucionalidad se ejerza”, expresó Estupiñán.

Su voto era importante para la presidencia de Almeida, pues con él se estaban enrumbando los concursos para elegir a las diferentes autoridades del Estado.

En esa línea, Estupiñán reprochó que le duele ver que los quieren utilizar como “títeres para poder cumplir con acuerdos y componendas. Basta, basta de hacer estos shows. No soy yo la que ha quedado mal, es claro que lo que se pretende hacer es tomarse por asalto al Consejo. No hay programaciones de contrataciones establecidas, se manejan a la ligera las actividades administrativas financieras por parte de la presidenta”.

Les recordó a Almeida y Rosero cuando en junio del 2021 le pidieron su voto para llegar a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

“Sofía, usted me pidió el voto el 12 de junio para que trabajemos por el Consejo y la he apoyado y seguiré apoyando siempre y cuando sea por la institución. Hoy es evidente que se vulnera el derecho a la participación. Apelo su presidencia, porque no es omnipotente, usted no tiene poderes extraordinarios. (…) Es claro que tienen intereses oscuros, esa es una de las razones por las que me separé de esta mayoría, a la que sí tenía presiones. Hoy usted falta a ese compromiso que hicimos ese domingo de junio cuando le di mi voto. Señor vicepresidente, usted me pidió el voto para la vicepresidencia en los últimos minutos, no falte a esa confianza”, le dijo.

Durante la plenaria de este 26 de enero, la consejera María Fernanda Rivadeneira expone un cartel para que se apele la presidencia de Sofía Almeida, pues sus micrófonos habían sido silenciados. Foto: El Universo

Dávalos estaba irritado y los acusó de hacer un show, cuyo objetivo era “tomarse el pleno y el Consejo”. Rosero evitó dar opiniones, pero llamó a la cordura y continuaba direccionando la sesión.

Con cuatro votos a favor, la abstención de Rosero y en contra de Dávalos, Almeida se quedó sin la presidencia para esta plenaria.

Ello permitió que esta nueva mayoría pudiera incluir varios puntos a tratar que Almeida no daba paso. Por ejemplo, Ulloa puso a consideración que esta sesión sea permanente para evitar que sea suspendida. Tuvo el respaldo de los cuatro que ahora agrupan a la mayoría y Rosero tuvo que cumplir.

Otra moción de Rivadeneira se aprobó para conformar un equipo técnico con delegados de los siete consejeros para que revisen los reglamentos aprobados para la elección de los vocales del Consejo Nacional Electoral, de los miembros del CNI, del titular de la Defensoría del Pueblo y Público; de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), del Comité de Desarrollo Fronterizo.

Estupiñán aclaró que esto no generaba inseguridad jurídica, pues los concursos públicos aún no se han convocado. “Esta consejera si ha cometido errores, estoy a tiempo de rectificar para elegir autoridades probas”, enfatizó la consejera tomando distancia del respaldo que dio en el pasado a la mayoría anterior que aprobó los reglamentos vigentes.

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Otra moción se aprobó para reformar el reglamento para las sesiones del pleno, y así quitarle los “plenos poderes” a quien ejerza la presidencia del CPCCS. Y otra moción para definir a los 30 candidatos mejor puntuados para integrar la comisión ciudadana que elegirá al defensor público, y efectuar el sorteo público en el caso de existir un empate.

Ulloa relató que las presiones a Estupiñán provenían desde dentro del Consejo. Entre estas, de funcionarios allegados a la presidenta, como el coordinador de Comunicación, que estaría utilizando la plataforma de WhatsApp para divulgar audios de una conversación telefónica por la que la Fiscalía del Estado investiga una presunta concusión a los cuatro vocales que están en la mayoría (Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán).

Almeida los regañaba diciéndoles que su objetivo es tener el control de los concursos, pero que ella no sucumbirá a intereses políticos.

Con Estupiñán mantiene prudencia en sus reclamos, y aunque lamenta su posición política, le advirtió que “nadie la va a poder ayudar con su problema”, en referencia a la investigación por la sospecha de concusión.

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Dávalos aseguró que el plan de los cuatro consejeros es poner a un contralor “ligado al Gobierno”, mientras que Rosero solo pronunciaba su voto y se abstenía de los comentarios.

Bravo, en cambio, los exhortó a renunciar a los tres por haber promovido esta crisis interna en el Consejo.

La plenaria se reinstalará a las 15:30, según lo decidió Rosero, para que vayan a almorzar, pues prevé darse un extenso debate. (I)