Sentenciados en su mayoría prófugos o fuera de la cárcel gracias a acciones constitucionales o beneficios penitenciarios y una recuperación mínima de cerca del 6,5 % ($ 10 millones) de un total de $ 153 millones definidos como indemnizaciones económicas son la radiografía de catorce casos penales en los que hay un proceso de recuperación del Estado al existir fallos judiciales en firme por actos de corrupción que han afectado al país.

Según la Procuraduría General del Estado (PGE), de momento la Unidad de Recuperación de Activos trabaja en procesos que tienen que ver con delitos como enriquecimiento ilícito (2 casos), cohecho (2), peculado (4), asociación ilícita (1), lavado de activos (3) y concusión (2). Esta unidad fue creada en junio de 2020, cuando Íñigo Salvador era el procurador general, para dedicarse a la recuperación de activos solo en este tipo de casos emblemáticos de corrupción y a la ejecución de sus sentencias.

Hasta enero de 2023, entre los casos con mayores cantidades por recuperar está el relacionado con el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, el exgerente de Petroecuador Álex Bravo y otros sentenciados por un cohecho, parte de la trama de corrupción en Petroecuador, en el que se impuso una indemnización de $ 50,4 millones, que es la suma de $ 12,6 millones de reparación y $ 37,8 millones de pena pecuniaria.

En este caso se ha realizado el comiso de derechos y acciones sobre viviendas y terrenos de Bravo, en Esmeraldas, y a través de asistencias penales internacionales se intenta recuperar bienes ubicados en Panamá. Pareja Yannuzzelli es de los pocos que están en la cárcel, pues, por ejemplo, Álex Bravo salió de ahí en septiembre de 2022, gracias al beneficio penitenciario de prelibertad.

La PGE ha reconocido la complejidad y el tiempo que puede tomar la recuperación de activos que cubran las penas económicas dispuestas en estos casos de corrupción.

Jorge Glas vuelve a salir de una cárcel sin cancelar la reparación económica que debe entregar al Estado por actos de corrupción condenados

Entre los aspectos que hacen compleja y demorosa esta tarea estarían la cantidad de sentenciados en ciertos casos, como el Sobornos 2012-2016, en el que hay 20 personas condenadas por cohecho; los tiempos de la Función Judicial; además de los procesos de investigación para definir qué bienes realmente poseen los sentenciados para cubrir sus penas económicas. Esto último podría incluir el analizar bienes que se presumen fueron entregados a terceros, en lo local e internacional, para esconderlos de un proceso penal.

El proceso penal que terminó con una sentencia en firme por el delito de concusión contra el excontralor Carlos Pólit es el segundo caso con mayor cantidad de recursos por recuperar: en total son $ 40,4 millones los que debe pagar quien fue contralor general del Ecuador entre el 2007 y el 2017. En sentencia se confirmó que recibió $ 10,1 millones de la empresa Odebrecht para desvanecer glosas de la brasileña, y la condena pecuniaria significó el cuádruplo de la coima entregada.

Pólit salió de Ecuador a Estados Unidos el 25 de mayo de 2017 alegando temas de salud; y un mes después, a distancia, renunció a su cargo. Desde ese momento no ha regresado al país. Es visto como prófugo y la justicia estadounidense lo está procesando por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos ocurrido en Ecuador.

En el caso que se lleva en Estados Unidos Pólit pagó una fianza de $ 14 millones para no seguir preso; mientras que en el caso ecuatoriano, en el que se lo sentenció en ausencia a seis años de cárcel, la PGE continúa con el proceso para concretar la ejecución de la pena económica, en la que ya existe un mandamiento de la autoridad judicial que no ha sido cumplido por el procesado.

La Procuraduría ha resaltado que la recuperación de activos no solo depende de esa instancia, sino que más bien es parte de un engranaje que incluye a la Función Judicial, registros de la propiedad y otras entidades.

Siguiendo la ruta de casos que han recibido una sentencia por actos de corrupción en la función pública, en el tercer lugar está el que concluyó con una pena económica de $ 33,3 millones por el delito de asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht implantó en el país. En este proceso se condenó al exvicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera (ya fallecido) y otros.

En la causa Odebrecht, ninguno de los condenados como autores directos está en prisión. Por ejemplo, Glas salió de la cárcel en noviembre pasado gracias a una medida cautelar autónoma, pese a que aún le quedaba tiempo por cumplir de la pena de seis años impuesta. Ricardo Rivera también salió de la cárcel al apuntar al beneficio penitenciario del régimen semiabierto, pero poco tiempo después falleció a causa de un cuadro grave de COVID-19. El empresario Édgar Arias murió en la cárcel de Ambato también a causa del coronavirus.

Según la PGE, en este caso por asociación ilícita, pese a las insistencias de la instancia que ejerce como abogada del Estado, hasta la fecha el tribunal respectivo no ha individualizado el monto que debe pagar cada procesado. La Fiscalía en su momento refirió que entre Glas y Rivera debían cubrir $ 14,1 millones, pues ese era el daño ocasionado por la trama de corrupción en la que participaron en la causa por asociación ilícita.

En septiembre de 2022 se dictó el mandamiento de ejecución, mediante el cual se ha embargado un departamento, una bodega y un parqueadero de Jorge Glas en un conjunto habitacional en Tonsupa, provincia de Esmeraldas.

“Actualmente, la PGE trabaja junto a entidades nacionales e internacionales en la recuperación de importantes cantidades de dinero que los sentenciados colocaron en bancos extranjeros”, informó mediante un comunicado la Procuraduría, entidad que desde mediados de noviembre pasado está bajo el liderazgo de Juan Carlos Larrea, y que, además de los $ 10 millones que ha recuparado, ha embargado 50 bienes dentro de los catorce procesos que tiene a su cargo.

Los $ 14,7 millones que deben pagar el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Glas, ocho exfuncionarios públicos y diez empresarios declarados culpables del delito de cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016, completan el 90,7 % del total por recuperar el Estado en indemnizaciones por temas de corrupción.

En la práctica, de los $ 14,7 millones del caso Sobornos, de los 20 sentenciados, solo tres empresarios privados han pagado la reparación integral que les corresponde, entre ellos Alberto Hidalgo ($ 338.000) y Manuel Fontana ($ 778.000).

Desde abril de 2022, al tener una orden del Tribunal de Ejecución, se embargaron dentro de este proceso penal tres solares relacionados con Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; la cuota sobre los gananciales de la sociedad conyugal sobre un departamento y un estacionamiento en Quito de Jorge Glas; dos vehículos, dos tiendas de ropa, dos bodegas y tres estacionamientos y un restaurante del empresario Rafael Córdova; y un vehículo, una cuota sobre un lote de terreno en Esmeraldas y derechos y acciones sobre un lote de terreno en Tonchigüe (Esmeraldas) del empresario Édgar Román Salas.

En el caso Sobornos, la mayoría de los sentenciados están prófugos de la justicia y los cuatro procesados que llegaron a prisión actualmente están fuera de ella. Pamela Martínez y Laura Terán, exasesora y exasistente de la Presidencia de Rafael Correa, cumplieron sus reducidas penas al haber sido cooperadoras eficaces de Fiscalía; Glas dejó la Cárcel 4, de Quito, gracias a medidas cautelares solicitadas por un tercero; y Mera dejó el Centro de Privación de la Libertad de Tungurahua, en Ambato, a finales de enero pasado al acogerse al beneficio penitenciario de prelibertad y luego de estar tres años y medio encarcelado de los ocho a los que fue condenado.

Respecto a que los procesados en estos casos de corrupción en su mayoría no cumplan ni la pena de cárcel ni las sanciones económicas, luego de tanto esfuerzo institucional para demostrar la ilegalidad cometida, la fiscal general Diana Salazar cree que es de esos mensajes que generan la sensación de impunidad. Piensa que cada actor es el encargado de investigar por un lado, de entregar los elementos, de presentar, de juzgar y de ejecutar.

Alexis Mera cumplirá en prelibertad los más de cuatro años que le restan de pena de cárcel en el caso Sobornos

Para Salazar, un tema pendiente que debería ser ya resuelto por parte de la justicia es el evitar los abusos en las acciones de carácter constitucional. “También se pueden clarificar los temas a través de la Corte Constitucional (CC), que bien podría establecer los parámetros o el alcance de estas garantías”.

El 20 de marzo pasado, la CC seleccionó cuatro causas en las que podría haber existido excesos o desnaturalización de habeas corpus y acciones de protección. Entre los casos escogidos están procesos relacionados con Jorge Glas y Daniel Salcedo Bonilla, sentenciados por temas de corrupción, y con Leandro Norero, individio que falleció en la cárcel en 2022 y era investigado por delitos de narcotráfico.

Desde el lado político-judicial también se analizan reformas para evitar que salgan de la cárcel al abusar de acciones constitucionales. Esta semana se presentó al Legislativo un proyecto analizado desde la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea y el Ejecutivo, que en lo principal busca que se prohíba presentar habeas corpus y acciones de protección al mismo tiempo sobre una misma causa en diferentes ciudades, se propone la creación de unidades especializadas para evitar que cualquier juez conozca este tipo de pedidos y se plantea que no se pueda dejar en libetad a una persona que tiene sentencia ejecutoriada.

OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN EN PROCESO DE RECUPERACIÓN

El 9,3 % restante de reparaciones integrales que deben ser recuperadas para el Estado la conforman sanciones económicas en casos relacionados con el exministro Pareja Yannuzzelli, por un peculado en el que debe pagar $ 3,7 millones; con la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social María Sol Larrea, sentenciada por el delito de asociación ilícita a pagar por el daño ocasionado $ 3,6 millones.

Un lavado de activos en el que se sancionó al pago de $ 2,4 millones al presidente de una compañía de seguros, Fernando Mantilla, y otros. También otro lavado de activos relacionado con la trama Odebrecht en el que debe pagar una multa de $ 1 millón el exministro de Energía Alecksey Mosquera, y otros dos procesados. Mosquera pasó a cumplir lo que le resta de condena bajo el régimen de prelibertad, es decir, fuera de la cárcel, y la PGE gestiona la entrega de $ 279.0000 que se encuentran en una cuenta en Andorra.

Otras causas tienen que ver con dos peculados relacionados con el exministro del Deporte Raúl Carrión, quien está prófugo de la justicia, y un caso por lavado de activos en el que se sentenció al exasesor de Carrión, Fernando Moreno, y otros. En uno de los peculados contra Carrión y otros se debe determinar aún el monto de reparación en el juicio de ejecución a través de un perito, mientras que en el otro se ha ordenado el embargo de bienes por $ 120.000 para el exministro y otros.

Por el delito de lavado de activos, el exasesor ministerial Fernando Moreno y otros procesados fueron condenados a pagar una multa de $ 1,6 millones y al comiso especial de bienes por $ 2,4 millones.

Finalmente, en el caso por peculado contra Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y primo del expresidente Correa, el Estado debe recuperar una reparación económica de $ 614.655,17; por un proceso en firme por enriquecimiento ilícito contra el exgerente Álex Bravo, debe reparar al Estado con $ 364.204,54; y por concusión, la exasambleísta debe entregar al Estado una indemnización de $ 15.700. En todos estos casos, la PGE ha enviado oficios a diferentes instancias del Estado para determinar qué bienes poseen los condenados para proceder al embargo, y siguen a la espera de que se les conteste; además ha iniciado las demandas de insolvencia contra procesados como Pedro Delgado y otros, entre otras acciones en camino. (I)