La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este 13 de julio, calificó e inició el procesamiento de la solicitud de juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y la expresidenta de ese organismo María del Carmen Maldonado, con base en siete acusaciones que configurarían un incumplimiento de funciones.

Los asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Viviana Veloz y Fausto Jarrín son los proponentes y presentaron las respectivas acusaciones en contra de los vocales Fausto Murillo, actual presidente, Ruth Barreno y Juan José Morillo. Esta solicitud se presentó el 28 de enero de 2022.

La calificación de este proceso obtuvo una votación unánime en la comisión, y se habló de que este 14 de julio serán notificados los acusados y desde ahí comienza a correr el plazo de quince días para que presenten sus pruebas de cargo y de descargo, además se podrán realizar peticiones de comparecencias y la práctica de diligencias.

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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, comentó que con el inicio de la sustanciación del juicio se cambió el ritmo de la comisión, pues los interpelantes de este juicio que pertenecen a UNES cambiaron de criterio, porque al comienzo tenían el criterio de archivar el juicio o suspenderlo, y de esa forma llegar al juicio en contra del Consejo de Participación Ciudadana, pero que ahora pretenden continuar con el propósito.

Aclaró que este juicio tomará en cuenta exclusivamente las acusaciones presentadas en el expediente, y si pretenden incluir el tema respecto a la supuesta intromisión del Ejecutivo en la justicia, se tendrá que presentar una nueva solicitud de enjuiciamiento. Los motivos son siete y ninguna de las acusaciones respecto a filtraciones de audios, sobre una presunta intromisión del Ejecutivo en la justicia, será incorporada en el proceso.

También el legislador Roberto Cuero (UNES), integrante de la Comisión de Fiscalización, manifestó que en este proceso no se pueden conocer ni abordar las denuncias que se generaron en el Consejo de la Judicatura sobre una posible intromisión del Gobierno en la justicia, que eso podría ser parte de un nuevo proceso.

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Acusaciones

Son siete las acusaciones que se presentaron en contra de los tres vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de ese organismo María del Carmen Maldonado:

  1. Hace referencia a la emisión de las resoluciones de febrero, marzo y junio de 2019, relacionadas al proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que conllevaron a la destitución de jueces fuera de los periodos contemplados en la Constitución.
  2. La Corte Constitucional dentro de la acción de inconstitucionalidad 37-19-IN-21, dictada en diciembre de 2021, declaró la constitucionalidad de las resoluciones tomadas por el CJ en el 2019, dejándolas sin efecto, declarando el incumplimiento de funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura, por haber violado la ley y la Constitución.
  3. La tercera acusación se refiere a una extralimitación de competencias del Consejo de la Judicatura, en el concurso de méritos y oposición de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde los acusadores sostienen que la renovación de los jueces se debió realizar por tercios y no como se realizó y que estas partidas se encontraban en litigio por lo que no debieron ser suplidas.
  4. Nombramiento de conjueces temporales, los conjueces que suplieron 26 partidas adquiridas no cumplirían los requisitos para el jerárquico superior que les asignaron, por lo que el efecto de tomar una decisión inconstitucional acarreo esta posesión de autoridades que no calificaban para el cargo.
  5. Concurso de selección de jueces Corte Nacional de Justicia 2020, modificación de parámetros para los méritos un día después de la etapa prevista. En concreto, se modificó la ponderación del parámetro de experiencia profesional, aumentando su valor de 0,55 a 0,66, lo cual afectó la seguridad jurídica y el principio de igualdad.
  6. Incumplimiento en la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, presume decir que había jueces en funciones prorrogadas por que fueron incorporados luego de un litigio.
  7. Nombramiento de fiscales provinciales encargados sin que se cumpla con lo establecido en la ley, que transcurrieron más de tres años de posesionado el Consejo de la Judicatura y no se llamó al concurso de méritos y oposición para nombrar a los titulares de la Fiscalía a nivel provincial, y se volvió a encargar dichas funciones. (I)