A un año y siete meses de que fueron llamados a juicio por el delito de peculado, en el caso denominado Caminito, cinco funcionarios de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), entre ellos Pablo Romero, exlíder de la Senain, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) intenta llevar adelante la etapa de juzgamiento de los investigados, pero debido a una recusación de última hora contra uno de los jueces la diligencia no se dio.

A las 09:00 de este martes 25 de mayo, en la Corte Nacional se debía instalar la audiencia en la que se conocerán las pruebas testimoniales, periciales y documentales que mantiene tanto de la Fiscalía como de las defensas de los cinco acusados. El Tribunal estaba integrado por la conjueza Mercedes Caicedo, quien reemplazará en la ponencia de la Sala al juez nacional Marco Rodríguez -está de vacaciones-, Byron Guillén y Daniella Camacho.

La diligencia no se pudo dar porque el abogado de Romero, Juan Carlos Perea, dio a conocer que presentó una recusación contra la jueza Daniella Camacho, con el objetivo de que ella deje de conocer esta etapa del proceso.

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Ante la recusación, la cual ingresó minutos antes de la audiencia, los integrantes del Tribunal se retiraron a deliberar. Resolvieron no instalar la diligencia de juzgamiento, observando que la misma no se ha realizado por varias ocasiones y que la defensa de Romero ya conocía de la conformación del Tribunal y pese a ello poco antes de arrancar con el juicio presentó la recusación.

Pablo Romero, exfuncionario de Senain, es llamado a juicio por el delito de peculado

Juan Carlos Perea, abogado de Romero explicó que no se instaló la audiencia de juzgamiento para permitir que se resuelva, por cuerdas separadas, la recusación presentada contra la jueza Camacho.

Al explicar el por qué de a recusación, Perea dijo: “El señor Pablo Romero dice que la jueza Daniella Camacho, desde el caso Balda, ha actuado contra él al momento de no excluir pruebas que él solicitó, de no dar nulidad y de inclusive validar un proceso que está ya prescrito. Entonces estas cuestiones tiene él sobre ella y para sentirse tranquilo está haciendo todo lo que la ley le permite”. La causa sería actuaciones de manifiesta enemistad contra Romero.

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El 21 de octubre de 2019, el conjuez de la CNJ Richard Villagómez señaló en su análisis para llamar a juicio: “Los actos ejecutados por los funcionarios de la desaparecida Senain procesados: Pablo Romero, Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Walter Olalla y Juan de Dios Lozano, permiten establecer indicios de responsabilidad penal que derivan de la inobservancia de los procedimientos establecidos en la Ley”.

Romero, Santillán, Garzón y Lozano recibieron llamamiento a juicio en calidad de autores, mientras que Olalla es visto como cómplice.

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Un informe con indicios de responsabilidad penal, de septiembre de 2014, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), dio origen a la investigación en la Fiscalía. El examen especial de la CGE fue realizado al uso de fondos públicos de gastos permanentes de la Senain, en el periodo del 1 de junio al 31 de agosto de 2013, fecha en la que se dio la operación denominada Caminito.

En esta operación las autoridades establecieron la inexistencia de documentos de soporte de la operación y la inconsistencia de tales documentos que han sido suministrados para el examen especial.

Las operaciones realizadas por la Senain en el periodo examinado sumaron $ 13,3 millones de los cuales se destinaron a la operación Caminito $ 110.984. En el análisis se estableció la existencia de pagos por montos de $ 10.000 hasta $ 63.621 para cancelar al informante con el alias el Ruso, ciudadano español llamado Edward Soler.

“Previo al pago y con el fin supuesto de cumplir con el procedimiento se hizo la solicitud de fondos pertinentes por el monto de $ 63.621,98 sin que conste un soporte de la supuesta operación itinerario, que no corresponde a la que generó el gasto. Se determinó que el solicitante y beneficiario de ese valor fue Pablo Romero”, refirió en su momento el conjuez.

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Pablo Romero es condenado a nueve años de cárcel por el plagio de Fernando Balda

Cuando Romero fue llamado a juicio, él se encontraba en España. Actualmente, el exlíder de la Senain se encuentra internado en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito, cumpliendo una sentencia de nueve años de cárcel por el plagio del activista político Fernando Balda, en el 2012. La sentencia de primera instancia por plagio se dio en agosto de 2020 y al momento se espera que se realice la audiencia de apelación de ese fallo. (I)