“Debemos tener paciencia. Al menos nos han atendido”, señaló resignada Margarita Constante, vocera de un grupo de extrabajadores de los medios incautados, al final de la reunión que mantuvo una delegación de aquellos con el secretario general de Comunicación de la Presidencia (Segcom), Leonardo Laso, y otros funcionarios de varios ministerios la mañana de este 26 de agosto, en el Palacio de Carondelet.

Los exempleados de medios como Super K-800, Radio Carrusel, La Prensa-El Telégrafo, Editorial Uminasa y Cablevisión, que fueron incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) a los hermanos Roberto y William Isaías en el 2008 y luego pasaron al control del Estado, reclaman el pago de sus liquidaciones por despidos y de prestaciones de la Seguridad Social que no se cancelaron como correspondía.

Constante señaló que Laso les indicó que una Comisión Jurídica de la Segcom recabará información sobre las cuentas pendientes y las sentencias laborales y judiciales que las sustenten.

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“Nos dijo que hay la predisposición del Gobierno de resolver el tema, con su cuerpo jurídico van a receptar la documentación y los juicios, porque son varias empresas, y luego harán un informe que llevarán al presidente Guillermo Lasso para que con un decreto ejecutivo o una resolución del Ministerio de Finanzas nos paguen nuestros haberes”, indicó la periodista que laboró en Super K-800.

Pero añadió que Laso no les dio una fecha para concretar esto. “Dijo que hay la promesa del presidente de solucionar esto lo más pronto posible”.

Rolando Enríquez, que trabajó en Radio Carrusel, indicó que tanto Laso como sus asesores se han comprometido con ellos a darle una solución a su problemática a través de un estudio jurídico de sus casos.

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“Confiamos en la palabra del presidente Guillermo Lasso, ya que se ha interesado en resolver el tema lo antes posible, esperamos que sea así, porque ya no queremos más compañeros muertos. Ya van cinco. Además, hay otros con enfermedades catastróficas o desempleados”, explicó.

Según reportes de los exempleados, sumando liquidaciones y prestaciones, a los de Super K-800 se les adeudan unos $ 334.000; a los de Carrusel, $ 134.000; a los de La Prensa, $ 49.000; y a los de Uminasa, $ 270.000. Aparte, los de Cablevisión ganaron un juicio por $ 7 millones. (I)

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