Dentro del trámite del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso que lleva adelante, la Corte Constitucional (CC) ha recibido al momento al menos 20 amicus curiae de parte de ciudadanos, activistas políticos y sociales, académicos y hasta gremios empresariales.

La CC debe resolver en las próximas horas si admite o no el juicio político que fue planteado por un sector de la oposición en la Asamblea Nacional. El caso estuvo, en principio, en manos de la jueza Teresa Nuques, quien elaboró un proyecto de sentencia que sugería no admitirlo, pero solo tuvo tres votos; luego se les asignó a los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada la tarea de hacer un nuevo proyecto, el cual todavía no está listo y no se conoce su contenido.

En su sentencia n.º 177-15-SEPCC, del 3 de junio de 2015, la Corte señaló: ”La figura de amicus curiae o “amigo del tribunal” constituye una herramienta que permite a las personas ajenas a un proceso judicial aportar con criterios jurídicos sobre un punto determinado, con el objeto de facilitar y contribuir a los operadores de justicia en la resolución de un litigio controversial, en el cual, por lo general, se encuentran en juego derechos constitucionales”.

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A favor de dar paso al juicio se han presentado amicus curiae de las siguientes personas: Gabriel Pereira Gómez, Soledad Angus Ferré, Gayne Villagómez, Jenny Acosta Vela, Rita Ramírez Mitte, Carlos Asinc Vera, César Oleas Portalanza, José Gavilánez Cuzco, Miguel León Carrera, Wilson Zambrano y Wilmer Díaz; y además el colectivo Va por Ti Ecuador, representado por Ález Flores, y el movimiento Unidad Popular.

Casualmente, Asinc, Oleas, Gavilánez, León, Zambrano y Díaz hacen la misma argumentación: que Lasso convirtió al país en un “paraíso fiscal” cuando se aproó la Ley de Desarrollo Económico (reforma tributaria) y que por ello debe ampliarse la acusación a la primera causal que prevé el artículo 129 de la Constitución, que es afectar a la seguridad nacional, y admitir el juicio.

En contra del juicio están los juristas Jorge Barrera, José Chalco, Sara Yépez y Javier Urbina; dirigentes de gremios económicos de Esmeraldas y El Oro, la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.

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El jurista Gustavo Tituaña no se pronuncia a favor o en contra, pero hace una explicación de la naturaleza del juicio político.

El movimiento indígena Amaru presentó también un escrito en el que manifiesta su preocupación por el tema y pide que el proceso no se admita. Pero no es un amicus en sí mismo.

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El mandatario, en tanto, presentó dos escritos en los que argumenta por qué el juicio no es viable.

El plazo para que la CC se pronuncie sobre el caso se termina este 30 de marzo. (I)