Las bases de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se movilizaron para exigir a la Asamblea Nacional y al Gobierno la equiparación salarial para los docentes, que se aprobó en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), cuya aplicación dejó en suspenso la Corte Constitucional, mientras se revisa si existe el presupuesto para ese efecto.

La marcha convocada para las 15:00 de este viernes, 11 de febrero, arrancó en la Caja del Seguro Social en Quito, y a la par en varias provincias como Guayas.

Las banderas rojas, distintivas de la UNE, ondeaban matizadas por las proclamas de sus manifestantes, quienes exigían que se cumpliera con el incremento de los salarios.

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En la capital, la marcha llegó hasta los alrededores del Palacio de Gobierno, donde se encontraron con un cerco policial, instalado en la avenida Guayaquil y Chile.

Corte declaró constitucionales reformas a la LOEI, pero no estará vigente el régimen especial de jubilación e incremento de salarios a los docentes

Isabel Vargas, presidenta de la UNE, expresó que la convocatoria tiene que ver con las condiciones laborales que enfrentan los maestros. “¡Hay dinero, $ 7.600 millones se nos roban; dinero que sirve para la salud, la vida y educación!”, declaró ante sus afines.

Añadió que la Corte Constitucional “declaró la equiparación salarial justa y estamos exigiendo el financiamiento, las fuentes para ello las hemos entregado al Gobierno”, explicó.

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Reclamó que a los miembros de la Policía Nacional les subieron a “$ 1.000 mensuales” sus salarios, cuando muchos de ellos tienen títulos de bachiller. “Los maestros, que tenemos título de tercer nivel estamos con categoría G”, cuestionó Vargas.

Esta movilización pacífica terminó a las 17:30 y en ella el vicepresidente de la UNE, Andrés Quishpe, reveló que el próximo lunes la Comisión de Educación del Parlamento conocerá los informes técnicos económicos del Ministerio de Finanzas y actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para resolver sobre la factibilidad presupuestaria para incrementar los sueldos de los maestros.

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QUITO (11-02-2022).- Por la avenida 10 de Agosto la Unión Nacional de Educadores realizó una marcha para exigir que se cumpla la reforma a la Ley de Educación Intercultural y para definir el incremento de los salarios de los docentes. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

La preocupación del magisterio se da después de que la Corte Constitucional (CC), en agosto del 2021, resolvió dos demandas de inconstitucionalidad planteadas por Javier Bustos Aguilar y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que centraban sus cuestionamientos en las disposiciones reformatorias de la LOEI aprobadas el 9 de marzo por el anterior periodo de la Asamblea Nacional.

En estas, se plantea la creación en la Ley de Seguridad Social de un sistema de jubilación especial de los docentes del Sistema Nacional de Educación; la acreditación de un derecho vitalicio de jubilación cuando el afiliado haya cumplido un mínimo de 300 imposiciones mensuales, sin límite de edad.

Para ello, el Estado debía garantizar los recursos necesarios para el financiamiento de esta prestación. Y la cuarta, que se refiere a que aquellos docentes que hubieran acreditado 360 imposiciones mensuales sin límite de edad recibirán una pensión jubilar.

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También se demandó la inconstitucionalidad de artículos relacionados con las remuneraciones de los docentes, que establecen que el piso de la escala salarial no será inferior al equivalente a 2,5 salarios básicos unificados.

Asamblea y la UNE demandan informes técnicos presupuestarios para iniciar debate de artículos no vigentes de la LOEI

En la sentencia, los magistrados “deploraron” que los “órganos colegisladores” omitan garantizar el “principio de sostenibilidad de la seguridad social”, sobre todo, de contar con estudios actuariales actualizados que apoyen la creación de nuevas prestaciones para la seguridad social.

Esto porque la Asamblea Nacional aprobó la norma y de forma paralela el expresidente de la República Lenín Moreno dio el ejecútese sin revisar si el Estado dispone de los recursos fiscales para cumplir con estas disposiciones.

De esta forma, la CC dio al Legislativo la “oportunidad” para que en un plazo de 30 días subsane la omisión de deliberar sobre estas disposiciones en estudios actuariales actualizados y específicos, que estén elaborados en un lapso de seis meses.

El Legislativo podrá discutir y votar en dos debates sobre los textos propuestos en ratificación o sustitución de las disposiciones normativas, elaborados con estudios actuariales. La Presidencia de la República se pronunciará sobre los textos aprobados.

Este plazo corría una vez que la Asamblea contara con los estudios actuariales, “lo que deberá ocurrir dentro de los siguientes seis meses a la notificación de esta sentencia”.

Expresidente Lenín Moreno: Nosotros suponíamos que era la Asamblea la que había hecho los estudios económicos

Cuando estos tiempos se hayan cumplido, la Corte resolverá sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones legales. “Hasta tanto, tales disposiciones no estarán vigentes por contener un vicio formal de inconstitucionalidad”, se resolvió.

También se declaró que los artículos 286 y 287 de la Constitución se transgredieron en la formación de disposiciones de la norma, en lo relativo al aumento generalizado de las remuneraciones de los docentes.

Se dio un plazo de 30 días para que se subsane la omisión con un análisis de factibilidad financiera, que se elaborará en un lapso de seis meses.

Mientras se subsanen estas omisiones, estas disposiciones tampoco estarán vigentes por “contener un vicio formal de inconstitucionalidad”.

Los plazos están por cumplirse, según la UNE. Por ello, se declararon en asambleas permanentes, y para el próximo 19 de febrero instalarán una asamblea nacional en Quito para dar a conocer a sus bases qué dicen esos informes económicos y actuariales. (I)