UNES y PSC buscan pruebas en la bitácora de Carondelet para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

Los bloques legislativos de Unión por la Esperanza (UNES) y del Partido Social Cristiano (PSC) esperan levantar la reserva de la información respecto a la bitácora del Palacio de Gobierno y sobre la presencia de los albaneses en el Ecuador para encauzar así la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.

La sesión del pleno esta convocada para las 11:15 de este 14 de marzo. Se incluye el levantamiento de la reserva de la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue entregada como insumo para la investigación del caso El Gran Padrino.

También consta el levantamiento de la reserva de la documentación contenida en el oficio n.° T22-SGL-23-0040, remitida por la Presidencia de la República con fecha 15 de febrero de 2023, anexo de la reserva que obra en las carpetas 8 y 9, desde las fojas 1629 a la 2321, información contenida en la bitácora de la Presidencia de la República.

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El último inciso del artículo 18 de la Ley de Transparencia determina que la Función Legislativa en cualquier momento podrá desclasificar la información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes (70 votos) en sesión reservada.

La legisladora de la bancada UNES Gissela Garzón dijo que el levantamiento de la reserva de esta información contenida en el informe sobre El Gran Padrino servirá, en el curso del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en calidad de prueba, pues constituye información que sustenta los nexos alrededor del primer mandatario, e incluso revela quiénes lo visitan y “quiénes se volvieron comensales recurrentes de Carondelet”, anotó.

Explicó que la información contenida en la documentación entregada por la Superintendencia de Compañías, incluye algunos datos que varios legisladores señalaron a la opinión pública que se omitió en el informe sobre El Gran Padrino, pero se necesita levantar la reserva para conocer el grueso de la información.

En la documentación que entregó la Superintendencia de Compañías, según reveló el asambleísta Ricardo Vanegas, del bloque de Pachakutik, constan algunos nombres de funcionarios públicos, que incluyen a legisladores, ministros, fiscales, jueces, etc., que tendrían relación con el narcotráfico.

También se espera abrir la información sobre la lista de personas y funcionarios que visitaron el Palacio de Carondelet; con ello, los sectores de oposición al Gobierno esperan encontrar pruebas y más detalles que podrían servir para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

La solicitud de juicio político al primer mandatario aún no se oficializa por parte de UNES y el PSC, que inicialmente anunciaron el viernes 10 de marzo, pero luego se habló de la primera quincena de marzo.

El legislador de la Izquierda Democrática (ID) Alejandro Jaramillo no descartó que su bloque respalde el levantamiento de la reserva de la información si ello contribuye a aclarar hechos de corrupción.

Según Jaramillo, para un juicio político se necesita el nexo causal, y si existe esa información en la documentación que se dice reservada, se analizará en su momento la posición de la bancada. Pero, dijo que hasta ahora son meros enunciados sobre la solicitud de interpelación al primer mandatario, porque al parecer ni el informe de la comisión ocasional servirá de insumo para presentar el pedido.

En cambio, el legislador nacional Fernando Villavicencio comentó que se debería levantar toda la reserva de la información, incluida aquella bitácora sobre visitas de los asambleístas de UNES Fausto Jarrín y Marcela Aguiñaga, quienes visitaron la Presidencia de la República, o cuando acudió Ronny Aleaga para hablar en este gobierno.

El asambleísta Ricardo Vanegas, de PK, anticipó que el levantamiento de la reserva de la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías y la bitácora de Carondelet no aportarán para el juicio al presidente Guillermo Lasso, porque con la información de la Superintendencia se darán cuenta de que no hay ninguna vinculación del jefe de Estado.

Que, en cuanto a la bitácora, lo que harán es mirar quiénes visitaron al presidente, ¿y ahí qué puede determinarse?, pues para poder se imputado el primer mandatario tiene que tener una participación directa o indirecta con los delitos señalados en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, que tiene relación con concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, pero de ninguna manera se establece la omisión de denunciar; y en el Ecuador nadie puede ser juzgado por leyes inexistentes.

Vanegas insistió que la prueba que necesitan UNES y el PSC, es que el presidente directa o indirectamente se haya beneficiado de fondos públicos y eso no se consigue revisando quién visitó al Presidente de la República. Ellos necesitan de un contrato o un documento que demuestre que el presidente se ha beneficiado, puntualizó.

Los penalistas Pablo Encalada y Ramiro García señalaron que la Asamblea Nacional puede abrir la reserva de la documentación que entregó la Superintendencia de Compañías a la comisión ocasional que investigó el caso denominado El Gran Padrino, esto independientemente que esté incursa en un proceso de indagación previa en la Fiscalía General del Estado.

La secretaría general del Parlamento entregó el pasado 6 de marzo a la Fiscalía General el informe aprobado por el pleno de la Asamblea sobre la investigación desarrollada en este caso. Lo mismo hizo el Frente Parlamentario Anticorrupción donde consta el enunciado sobre la información calificada como reservada, sobre los nexos de la albaneses en el Ecuador. Esa documentación está dentro de un proceso de indagación previa.

Encalada explicó que la información que se produce en investigación previa en la Fiscalía es reservada, pero si una institución como la Superintendencia de Compañías entregó de forma directa la información a la Asamblea no existiría protección de reserva de investigación, porque no se está sacando la información del expediente de la Fiscalía sino de la Superintendencia.

García también sostuvo que sí es posible levantar la reserva porque se trata de documentos públicos y que constan en informes emitidos por autoridades públicas. Dijo que el objetivo del secreto en la investigación previa es precautelar el honor y buen nombre de los investigados, pero en este caso, quiénes están investigados son funcionarios públicos o personas cercanas al ejercicio de poder; por lo tanto, en una sociedad democrática, esos temas deben conocerse y debatirse. (I)