La historia de Roger Vallejo Pérez es la de un usuario que se postula para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), porque lo quiere cambiar desde adentro.

El trabajo de Vallejo y sus compañeros se hizo público en los medios en septiembre de 2018. Acudieron a la prensa porque su informe de veeduría no era aprobado por el CPCCS. Habían trabajado durante meses para descubrir presuntas irregularidades en el proceso de titulación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE).

El grupo, señaló Vallejo, había revelado que en el periodo 2015-2016 varios estudiantes se habían graduado sin haber alcanzado la nota mínima en el examen complexivo, y que existían inconsistencias en el proceso de recalificación.

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Eran más de 200 personas, dijo Vallejo. Los medios de comunicación se hicieron eco. En cambio, las autoridades anunciaron que ya habían tomado cartas en el asunto y que habían anulado varios títulos.

A pesar de que tenían listo el informe, recordó, desde la consulta de 2018 y el cambio de autoridades en el CPCCS todo se paralizó. Recién en diciembre de 2019, con un nuevo Consejo, el documento se aprobó.

El caso aún no termina, pues los involucrados presentaron recursos de amparo por la anulación de sus títulos. Ahora se espera un dictamen de la Corte Constitucional, que “será muy importante para saber cómo se resuelven estos procesos y sentar precedente en la educación superior”, contó el abogado, que tiene 31 años.

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Vallejo había acudido al CPCCS mucho antes por problemas para obtener el título en la Facultad de Derecho. Había tocado varias puertas porque no se agilizaba el proceso de graduación y porque la universidad cobraba derechos de grado. Había puesto una denuncia ante las autoridades de educación superior, que la enviaron a la UCE y, a partir de ahí, él se quedó en el limbo.

El CPCCS hizo una veeduría, porque eran varios los afectados. “Gracias a ello pude graduarme, y por eso nos propusimos hacer la veeduría en Economía”, dijo.

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Como usuario del sistema, opinó que lo óptimo hubiera sido que el informe se aprobara rápidamente y que los otros organismos de control actuaran. Por eso, ahora Vallejo aspira a ser miembro del CPCCS, para fortalecer y acompañar los procesos de veeduría ciudadana. Quisiera que estos procesos tengan consecuencias reales, y también quiere fiscalizar a las autoridades.

Finalmente logró graduarse y tuvo un corto paso por la Vicepresidencia de la República como asistente de patrocinio legal en 2016, cuando Jorge Glas era vicepresidente. “Nunca lo conocí; estuve solo tres meses”, destacó.

En el estudio son un grupo de cinco amigos. “Nos dedicamos a tomar las causas de los que no tienen recursos y nos financiamos con los honorarios de otros procesos”, revela Vallejo, quien preside además la fundación Defensa Ciudadana, reconocida a fines de 2020.

Si no llega al CPCCS, ya tiene presentada su propuesta de nueva veeduría: auditar los nombramientos y permanencia de los jueces de la Corte de Justicia de Pichincha. Pero espera hacerlo como vocal. (I)

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