Al final de la audiencia preparatoria de juicio contra los trece procesados por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso Las Torres, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova deberá decidir sobre el cambio y revisión de las medidas cautelares que pesan contra varios de los acusados como líderes y colaboradores de la “estructura criminal” investigada por Fiscalía.

Esta audiencia arrancó el martes 7 de diciembre pasado solo con el pedido de revisión de la orden de prisión preventiva dispuesta contra el excontralor Pablo Celi, pero en los últimos días, una vez que han empezado a intervenir las defensas de los procesados, se han ido presentando nuevos pedidos de revisión, modificación y revocatoria de las medidas cautelares dispuestas por Córdova.

La mañana de este jueves se instaló en la Corte Nacional el séptimo día de una audiencia preparatoria de juicio en la que se analiza que en la Contraloría General del Estado (CGE), Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la república operó un “grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas” a cambio de liberar pagos en instancias públicas como Petroecuador y desvanecer glosas en la CGE.

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Hasta el mediodía de este miércoles han participado la Fiscalía, la Procuraduría General (PGE), Petroecuador y las defensas de Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, Andrés Luque, Álvaro de Guzmán, del exgerente de Petroecuador Pablo Flores, de la exasesora de Petroecuador Natalia Cárdenas, y de los empresarios Pedro Saona, Silvia López y su hijo Ángelo Rodríguez.

El lunes último Joan Paul Egred, defensa de Agusto Briones, como parte de su exposición para contradecir lo dicho por la Fiscalía, explicó que las condiciones que inicialmente generaron la prisión preventiva de su cliente han variado, pues se dijo que era un líder de la organización y hoy se lo acusa como colaborador. Pidió que se le sustituya la prisión preventiva por cualquier otra medida cautelar.

Egred, quien además es abogado de Andrés Luque, aseguró que el juez debería emitir el sobreseimiento para ambos y con ello parar la “pesadilla” que han vivido al ser vinculados en un proceso en el que solo hay chats en los que intervienen terceros y ninguno de sus dos clientes. Indicó que la Fiscalía no logró ni comprobar el delito del que acusa y peor la participación de sus clientes dentro de la estructura investigada.

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La defensa de Luque pretende que el juez ordene que ya no se presente en la Corte Nacional en Quito, sino que defina que lo haga ante la autoridad que crea necesario pero en Guayaquil, donde tiene su domicilio.

El viernes último la fiscal general, Diana Salazar, pidió al juez Córdova que llame a juicio a los trece acusados en calidad de autores, haciendo la diferencia de que el excontralor Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores eran los líderes de la organización, mientras que los once restantes procesados eran colaboradores.

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Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena a los procesados de siete a diez años de cárcel; y a los colaboradores los acusó con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos de cinco a siete años de prisión.

La abogada del empresario Álvaro de Guzmán, Patricia de Guzmán, le refirió al juez Córdova que su defendido ha cumplido a cabalidad las medidas de presentación periódica, el uso del grillete electrónico y no existe peligro de fuga, pues él mismo, incluso, dio a conocer fallas en el dispositivo para que se lo cambie. Ante ello, solicitó que se revoquen todas las medidas que pesan sobre De Guzmán, porque no hay “necesidad ni proporcionalidad”.

Según esta abogada, la Fiscalía en este caso se embarcó en una “cacería de brujas” y equivocadamente acusa a su defendido de ser un experto asesor de la organización criminal para esconder el dinero. De Guzmán no solo pidió que se emita el sobreseimiento de su defendido, sino que solicitó que se declare temeraria la acusación particular presentada por la PGE.

A decir de la defensora, De Guzmán fue engañado por su amigo Esteban Celi, él no tenía conocimiento de que se generaba un delito y ante ello no se ha podido probar vinculación alguna con el hecho delictivo investigado.

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Finalmente, Vladimir Porojnia, abogado de Silvia López y Ángelo Rodríguez, también solicitó al juez que si se revisan las medidas cautelares del resto de procesados se lo haga con la de sus dos clientes, pues el grillete electrónico que mantienen ha significado un problema para sus actividades empresariales y ellos han demostrado en todo este proceso que no buscan eludir la justicia.

Hasta la tarde de este miércoles intervino en la audiencia Ricardo Vaca, defensa de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi. Él ha centrado su exposición en que la Fiscalía está acusando basada en lo que dicen terceras personas, como Raúl De la Torre, quienes, asegura, se tomaron el nombre de su cliente, así como el de otros coprocesados.

Planteó al juez Córdova que Esteban Celi debe ser sobreseído y pidió que se revise la prisión preventiva que cumple en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Para Vaca, las condiciones dentro del caso y las acusaciones hechas por Fiscalía han cambiado y con base en el principio de igualdad con el resto de colaboradores que están en libertad con otro tipo de medida procede se sustituya la medida de carácter personal.

Un argumento similar ha manejado la defensa del exgerente Flores, Pablo Encalada, quien dijo que si aquí existe una delincuencia organizada, la empresa Nolimit conforma la organización criminal. En defensa de Flores, Encalada dijo que su cliente no ha participado en la ejecución de los pagos, que se tomaron su nombre, que no hay elementos que revelen que recibió pago alguno y que no se concretó ningún pago de los que se han referido en la acusación.

La audiencia continuará con la participación de los abogados de los procesados Roy Calero, Daniel Orellana, Martha Barrezueta y, finalmente, por pedido del abogado Marcelo Ron irá el excontralor Pablo Celi, exfuncionario público que ha participado de forma presencial durante los siete días que lleva la audiencia.

La decisión respecto a los pedidos hechos sobre las medidas cautelares será resuelta al final de la audiencia por el juez Córdova. (I)