La denuncia por presunta infracción electoral en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, fue archivada en primera instancia por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz, quien envió el expediente a la Fiscalía General para que se investigue un posible delito de falsificación de firma.

Este 17 de junio de 2024, el juez y presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, archivó la denuncia por infracción electoral que planteó el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Guarderas en contra de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad.

Guarderas la acusaba de haber incurrido en la infracción electoral por hacer campaña anticipada o precampaña cuando Abad fue candidata a la Alcaldía de Cuenca por el movimiento político Amigo, en los comicios seccionales de febrero del 2023.

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La figura está tipificada en el numeral 7 del artículo 278 del Código de la Democracia.

No obstante, el juez no llegó a tratar el fondo de la denuncia debido que un abogado, Ronald Morocho Vargas, reclamó que su firma, plasmada en un escrito de aclaración, había sido aparentemente falsificada por el consejero Guarderas.

En el trámite de la causa, Muñoz solicitó a Guarderas que aclare y complete su denuncia contra Abad.

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El denunciante ingresó un escrito el 31 de mayo en el que constaría la firma de su abogado patrocinador, Ronald Morocho.

Pero el 5 de junio ingresó otro documento sin firmas electrónicas, presentado por Morocho —según la providencia judicial—, en el que detalla que él no autorizó a Guarderas la presentación del documento con su rúbrica y que desistía de asumir la defensa; y además solicitó que se oficie a la Fiscalía General del Estado para que investigue la veracidad del escrito y el mal uso de la firma.

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Igual acción tomó Guarderas y pidió al magistrado que envíe el caso a la Fiscalía para que se investigue la veracidad de la signatura.

Finalmente, Fernando Muñoz resolvió archivar la causa y argumentó que en la etapa de admisión se deben dar las garantías del debido proceso y revisar el cumplimiento de requisitos. De lo contrario, el reglamento de Trámites del Tribunal dispone el archivo.

«Si el denunciante no atiende el pedido, o lo hacen de manera defectuosa, la denuncia se debe archivar precautelando el cumplimiento de las normas», indicó el juez y envió los documentos a la Fiscalía para que se proceda con las investigaciones.

El accionante puede apelar a la decisión del archivo para que sea resuelta por el pleno del Tribunal.

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Por otra parte, en la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó una solicitud de juicio político en contra del vocal Guarderas por esta denuncia del abogado Morocho. (I)