El general de la Policía en servicio pasivo Víctor Araus busca un resarcimiento del Estado ecuatoriano por lo que él califica una “canallada” que destruyó su vida y la de su familia: su salida injusta e ilegal de la institución a la que sirvió por 36 años y el daño a su honra causado por las declaraciones que hace un poco más de un año, el 13 de diciembre del 2021, dio el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, a un medio digital.

El diplomático dijo en una entrevista con Primicias: En mi país estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden… Está el caso de los ‘narcogenerales’ y ya hemos retirado visas. No puedo mencionar nombres.

Y, en efecto, nunca reveló nombres, dice Araus. Pero a día seguido de dar estas delicadas y duras declaraciones, “solamente a mí me convocan a la embajada y me dicen que me retiran la visa… el problema es que lo mío fue mediático y sufrí mucha crítica, mucho escarnio público”, agrega.

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La reunión en la embajada fue a las 14:00 de ese día y duró dos minutos, cuenta el exoficial. Le dijeron que le habían retirado la visa, él preguntó por qué y le contestaron que fue a causa de cierta información que había recibido el Gobierno de Estados Unidos. Dos horas más tarde, él convocó a una rueda de prensa en la que afirmó que no conocía las razones por las cuales se le había quitado el visado, pero que ya todos lo habían asociado con la declaración del embajador.

Araus se queja de que Fitzpatrick no presentó una sola prueba de sus afirmaciones y que ni el gobierno de Guillermo Lasso ni las autoridades de justicia se las pidieron. Aunque admite que Estados Unidos es un país soberano y que puede dar y quitar visas a quien quiera, “no puede jugar con la honra de las personas”.

“Durante 36 años serví con pasión a mi institución, fui orgullo de mi familia, fui referente para mis subalternos y de la noche a la mañana resulta que Víctor Araus es narcotraficante, me acusaron de lo peor. Me arruinaron la vida”, lamenta.

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El exoficial pidió a la Controlaría General del Estado que realice un examen a su patrimonio y a la Fiscalía General del Estado que certifique si tiene alguna investigación en curso.

La Contraloría emitió su informe al cabo de nueve meses, en el que concluyó que sus cuentas estaban en orden; e igualmente la Fiscalía indicó que no tenía ningún proceso en su contra.

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Solo aparece como denunciante de la excomandante general de la Policía Tannya Varela, a la que acusa de falsificación de documento (falsedad ideológica), pues se habría fingido una reunión entre ella y el ahora fallecido ministro de Gobierno César Monge, en la cual supuestamente se resolvió sacarlo de la Policía en agosto del año pasado porque no habría pasado las evaluaciones.

Araus pide notar la línea de tiempo en la que sucedieron las cosas. Tras su salida, el exoficial interpuso una acción de protección que fue aceptada y por la cual se dispuso que sea reintegrado a la institución. Volvió el 8 de diciembre del 2021, Fitzpatrick hizo sus declaraciones el 13 y lo citaron a la embajada el 14. Finalmente, Lasso volvió a cesarlo en abril del 2022.

Para él, todo esto fue “tramado”. ¿Por qué? “Esto es un tema de pugnas internas de la Policía. Yo fui el primer general guayaquileño de la historia, hubiera podido ser el primer comandante general guayaquileño, tenía todo para en su momento acceder a esa dignidad, pero por intereses personales de quien en ese momento era la comandante se generó todo esto… Me sacaron más que de manera injusta, ilegal. Obviamente no tengo las pruebas para relacionar que lo que hizo la comandante degeneró en una mala información a la embajada. Pero sí, creo que el embajador fue engañado, el actuó con base en información falsa que le dieron y su posición no le permite decir ‘me equivoqué’… Si me dicen en la embajada que su gobierno recibió información sobre el narcotráfico, ¿quién puede darla? La Policía pues”.

Hace un mes, Araus planteó una demanda contra varias instituciones estatales en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se reconozca que sus derechos fueron vulnerados tanto por sacarlo de la institución de manera ilegal como por afectar su buen nombre.

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Y una vez que esta se resuelva a su favor, porque así cree que será, llevará su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La demanda internacional puede durar muchos años, pero me faltará vida para defender el honor de mi familia”, dice Araus.

También ha pedido cita con Lasso para mostrarle los documentos que, según él, certifican que nada tiene que ver con lo que declaró el embajador. Pero dice que lamenta que el presidente, como ecuatoriano, no lo haya defendido en su momento de las acusaciones falsas.

El exoficial cuenta que este último año ha sido un “infierno” para él y su familia. Si bien recibe su pensión de retiro, no ha podido trabajar en otros campos relacionados con su experiencia, por ejemplo, en asesorías o consultorías de seguridad. ¿Quién va a contratar a un general al que acusan de ser narcotraficante? Nadie... Yo voy a hacer uso del derecho que me asiste para que el Estado ecuatoriano me reconozca el daño que me causó, y limpiar mi nombre”, señala. (I)