Ocho años después de que el colectivo YASunidos presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) las 753.000 firmas necesarias para pedir una convocatoria a consulta popular sobre la extracción de crudo en los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), en el Parque Yasuní, estas alcanzaron el certificado de legitimidad democrática y ahora se espera que en menos de un mes la Corte Constitucional emita un dictamen que, de ser favorable, podría hacer que el 5 de febrero de 2023 en las elecciones seccionales se consulte también a los ecuatorianos por este tema.

¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?, es la pregunta con la que el colectivo busca frenar la extracción en uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta.

Pedro Bermero, vocero de YASunidos, explica que no debe causar preocupación el que la consulta se llegue a realizar tanto tiempo después, ya que la pregunta tiene la característica de ser atemporal.

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“La pregunta buscar salvar del exterminio a los pueblos en aislamiento, es clara y no importa la temporalidad en ese sentido, así que si ya se esté explotando o no, lo que hay que hacer es que si gana esta pregunta el Gobierno tiene que mantener el crudo que hasta ese momento esté bajo el suelo ahí”, dice.

Hasta septiembre de 2022, en el bloque 43-ITT existen 201 pozos perforados desde 2014, con una producción aproximada de 50 MBPPD (miles de barriles promedio por día). La producción de petróleo a agosto de 2022 alcanzó un promedio de 51.618 barriles y en estos momentos la explotación se concentra en el área de Ishpingo, donde existen trece pozos.

EP Petroecuador es la empresa que desarrolla el bloque, ubicado en Orellana, bajo las normas y parámetros más exigentes de operación, cumpliendo estrictamente con lo establecido en la Declaratoria de Interés Nacional de 2013 y el respectivo Plan de Manejo Ambiental, según dice.

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Desde el inicio de las operaciones, en el bloque, Petroecuador ha implementado 531 mecanismos de protección ambiental, 392 son áreas biológicamente sensibles (ABS) y 139 salvaguardas ambientales, dentro y fuera del Parque Nacional Yasuní.

El área permisada, en el bloque 43 dentro y fuera del Parque Nacional Yasuní, es de 280,19 hectáreas, de las cuales solo 172 se han utilizado para el desarrollo del campo petrolero y Petroecuador afirma que realiza constantes monitoreos biológicos para constatar la salud de la flora y fauna existente en la zona.

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En cuanto a la pregunta y la posibilidad de frenar la producción, Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, considera que es una interrogante obsoleta, formulada cuando aún no había producción.

“A la fecha ya hay hechos consumados, hay contratos firmados, producción diaria, la pregunta se tendría que reformular para dejar en claro que lo que se quiere es suspender la producción en el Yasuní, algo distinto a lo que se está proponiendo originalmente, la consulta no cabe, los hechos han cambiado”, menciona.

El exministro explica que la demora que tuvo la pregunta hizo que pierda su efecto práctico, aspecto primordial de toda iniciativa de consulta.

“El ITT junto con el bloque 31 y el 16, que son contiguos, Petroecuador estima que puede llegar a una producción de unos 200.000 barriles por día, con técnica y capital suficiente. Entonces estas zonas son la esperanza para incrementar la producción, es la zona más interesante para esto, así que suspenderla y archivar este campo sería un gravísimo daño para la economía del país”, subraya.

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Santos agrega que sería un golpe grave a la economía futura del país que provocaría problemas de financiamiento externo y menciona que el apuntar a la minería como un cambio de matriz productiva es viable, pero se volvería a topar con gremios ambientalistas extremos que no permiten el desarrollo, pese a que se impulse de la mano de estándares de protección.

“La banca internacional nos presta dinero porque sabe que tenemos dinero para pagarlo, si nosotros mismos nos limitamos la producción de petróleo, las posibilidades de financiamiento descienden y hasta podría venirse abajo la dolarización... suspender la producción de petróleo y minería es condenar a Ecuador a convertirse en el Haití de Sudamérica”, indica.

El economista Alberto Acosta Burneo coincide en que el costo de ganar un sí en estos momentos sería demasiado alto y con un efecto destructivo.

“En el pasado el costo de que gane el sí era un costo de oportunidad, los ingresos que se iban a dejar de recibir, ingresos que iban a servir para inversión, generar bienestar, pero hacer la pregunta diez años más tarde ya implica en que no son solo los ingresos que se dejarían de recibir, sino que además el daño y perjuicio a las inversiones realizadas y no recuperadas, que al final del día serían una pérdida importante de recursos para el Ecuador”, sostiene.

Acosta dice además que en estos momentos implicaría también que el fisco tenga que reducir el gasto, por lo que en la pregunta debería incluirse en qué partes se quiere reducir.

“La realidad es que la pregunta en estos momentos va a consultar sobre la reducción de ingresos y la contraparte es una reducción de gastos, hay que tener el dato de cuánto recibe el Estado por la producción en este campo y ver a qué áreas llega, ya que es un gasto que ya se está haciendo y tendrá que ser revisado”, explica.

Por su parte, Bermeo menciona que estarán atentos que no se haga ningún intento por modificar la pregunta que estarían incurriendo en una vulneración de sus derechos tal y como considera ocurrió con la validación de las firmas ante el CNE.

“Presentaremos ante la Corte una serie de escritos por la importancia de este caso, que es el primero que salió desde la ciudadanía”, subraya.

Además, reitera que en la actualidad la ciudadanía tiene una mayor conciencia ambiental y se interesa por estos temas lo que hace que tengan mucha confianza en que si la pregunta llega a las urnas contará con un gran respaldo. (I)