La cifra de muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, se ha disparado este año y el incremento es tal que hasta este sábado se registraron 289 asesinatos, son 108 casos más que en el mismo periodo del 2020. En esta cifra no están incluidos los más de 100 reos que han muerto en la Penitenciaría del Litoral.

Pero cuáles son las causas, los sectores más conflictivos y las soluciones que proponen las autoridades, se lo contaremos a continuación:

Según datos de la Policía Nacional, el 81 % de las muertes se da por violencia criminal y el 19 % por violencia interpersonal.

Publicidad

De la violencia criminal, el microtráfico es la causa más común de estas muertes. 212 personas han sido asesinadas por pelea de territorio para la venta de drogas; 6 por narcotráfico. Es decir, el 75,4 % de crímenes está relacionado con la distribución de la sustancia.

Hay otros 11 asesinatos en medio de robos violentos.

¿Por qué los microexpendedores están dispuestos a morir y qué motiva a que los sicariatos actúen a plena luz del día y en las avenidas más transitadas?

Publicidad

Cada kilo de heroína cuesta unos 7.500 dólares, esta sustancia es rebajada, le ponen harina, bicarbonato de sodio y hasta veneno para ratas. Tras eso se obtienen hasta 30.000 dosis, 2 dólares cuesta cada dosis, son en total 60.000 dólares. Si a esto le restamos los 7.500 dólares que cuesta el kilo, la ganancia es alta.

Dos nuevos crímenes en Guayaquil elevan a 216 las muertes violentas; en Posorja se han reportado tres asesinatos en dos días

Lo mismo ocurre con la cocaína. Cada bloque cuesta 1.200 dólares y se pueden sacar hasta 10.000 dosis tras el proceso, cada dosis se vende entre 2 y 3 dólares, es decir, en cada kilo se puede ganar más de 25.000 dólares.

Publicidad

Es un gran negocio para las organizaciones, por eso entre Choneros, Lagartos, Lobos, Tiguerones y otras bandas se ejecutan por controlar la venta en los barrios.

El general Fausto Buenaño, comandante de la zona 8, mencionó que esta lucha se da sobre todo en los barrios del sur, como el Guasmo, donde han matado a 60 personas en estos primeros seis meses, 24 más que los registrados en 2020. Su cercanía al puerto y la posibilidad de contaminar buques con droga convierte a esta zona en un punto valioso por el que para los traficantes vale la pena matar.

Pero a las autoridades no solo les preocupa el sur, en Nueva Prosperina se han dado 33 muertes violentas, 17 más que el año pasado, y en Durán se han contabilizado a la fecha 33 casos, todos relacionados con el expendio de sustancias.

Según Antinarcóticos, en los primeros seis meses del año se detuvo a 2.666 personas por drogas en Guayaquil, cada día un promedio de trece. Pero no todos se quedan presos, a apenas al 40 % le dictan prisión preventiva. El resto obtiene medidas cautelares o no se califica la flagrancia y se va a su casa.

Publicidad

Esta liberación provisional de los sospechosos implica también un riesgo para los policías que ejecutan las detenciones. Solo durante el 2021 han sido asesinados en Guayaquil seis uniformados.

Incluso menores de edad han ejecutado a los policías y esto nos lleva a otra arista del problema de violencia en la zona 8: adolescente reclutados y entrenados para ser los gatilleros.

En la muerte del presentador Efraín Ruales actuó un menor, en el caso de la extranjera asesinada por error en una clínica, quien disparó sería también menor de edad.

Violencia criminal de narcos incluso invade hospitales para eliminar a la competencia

El gobernador del Guayas, Vicente Taiano, considera que las bandas han corrompido a la juventud para su beneficio y nos están haciendo perder una generación de jóvenes, fundamentalmente en los sectores populares, por eso aseguró días atrás que a partir de julio el Gobierno ingresaría a los barrios para tratar de rescatar a los menores perdidos en las dogas y a los que aún no han sido conquistados por los traficantes.

Taiano dice que crearán agrupaciones de jóvenes para realizar actividades deportivas, pero admite que el Gobierno no tiene la tiene la capacidad para recluir a tantos adictos y apuesta por los tratamientos ambulatorios.

El fiscal Víctor González ejecutó la detención del menor involucrado en la muerte de Ruales, pero debió pasar el proceso a un fiscal de menores y actualmente el joven está en su casa, pues el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia lo beneficia.

Ellos no reciben prisión preventiva sino internamiento preventivo y medidas socioeducativas (arresto domiciliario) y la máxima pena a la que pueden llegar por asesinato los adolescentes es a ocho años de internamiento, mientras en un adulto la pena por asesinato es de hasta 26 años.

El fiscal considera que la Asamblea tiene una tarea importante al analizar las acciones de los menores, pues incluso sus antecedentes son borrados cuando cumplen la mayoría de edad.

Otra preocupación es cómo desde las cárceles se ordenan las muertes y pese a los constantes decomisos la situación no parece mejorar.

Sin embargo, esta semana Los Choneros firmaron un documento notarizado para supuestamente iniciar un proceso de paz en las prisiones y entregaron más de 80 armas de fuego a las autoridades.

”Buscamos una verdadera rehabilitación para insertarnos productivamente en la sociedad”, señalaba el escrito firmado por alias Fito y alias Júnior, integrantes de Los Choneros, la organización delictiva que, según información dada por la Policía, se encuentra en una pugna interna por captar el liderazgo de la agrupación tras el asesinato, en diciembre pasado, de su máximo líder, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña.

En resumen, apenas el 13 % de los asesinatos registrados en la zona 8 han sido resueltos, el 87 % restante continúa en investigación. (I)