Abogado de Abraham Muñoz, del caso Actemra, confirma que su cliente es uno de los fallecidos de la Penitenciaría

“Buenos días, le confirmo la muerte de Abraham Muñoz”. Con ese mensaje el abogado del entrenador personal de Daniel Salcedo, condenado por delincuencia organizada en el caso de la venta del medicamento Actemra durante la pandemia, confirmaba esta mañana la identificación de su cuerpo en la morgue. Su cliente es uno de los 62 fallecidos en la reyerta que ocurrió el fin de semana en la Penitenciaría del Litoral.

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Muñoz no se encontraba en ninguno de los doce pabellones de ese penal, sino en el bloque denominado transitorio, donde, según cuentan familiares de otros fallecidos, “se paga para estar allí, para que no los mezclen con los más peligrosos” en medio de la crisis carcelaria que se vive en Ecuador.

Pero ese bloque, donde los reclusos no representan mayor peligrosidad de acuerdo con los delitos cometidos, fue precisamente el más atacado por los internos de otros tres pabellones. Allí mataron a 46 internos, el resto de víctimas eran del pabellón 2.

Otro de los asesinados es John Campuzano Triviño, quien fue contador de la empresa Ecuagran S.A, demandada por la Superintendencia de Compañías, por falsedad de información bursátil.

Él estaba detenido, con la figura de la prisión preventiva por 90 días para investigaciones, desde el 1 de septiembre luego de un allanamiento en su residencia. Las autoridades vincularon a la empresa con el desfalco por más de $ 900 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Su hija asegura que es inocente y que no descansará hasta limpiar el nombre de su padre, acusado, dice, en lugar de los verdaderos culpables, refiriéndose a los representantes de la empresa causante del desfalco, que huyeron del país.

Mildred, su hermana, contó que él había sido culpado en forma errónea y que en los próximas semanas esperaba acogerse a nuevas medidas, como el arresto domiciliario, hasta que el proceso finalice.

La audiencia se fijó para el 30 de septiembre, pero fue aplazada. “Si no hubieran alargado tanto los jueces (el proceso), él estuviera afuera”, comentó.

Escenas de dolor se viven en los exteriores de la morgue, en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial, donde continúa la identificación de los cuerpos.

El lunes, como parte de las medidas adoptadas por el Estado, 1.000 uniformados, 500 de la Policía nacional y 500 de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ingresaron desde temprano al Centro de Privación de Libertad Guayas n.° 1 con el propósito de asumir el control de las instalaciones de manera indefinida.

El presidente Guillermo Lasso anunció que él mismo asumirá la coordinación nacional de las fuerzas del orden y, además, que la seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número uno del despacho presidencial. Esto tras la masacre del fin de semana en la Penitenciaría del Litoral.

A través de un proyecto de ley se llevará a cabo una reestructuración y coordinación de todas las entidades públicas relacionadas con el sistema de rehabilitación social. Además, el mandatario adelantó que se aprobarán normas para el uso progresivo de la fuerza.

El presidente manifestó que la situación en las cárceles se produjo por muchos años de descuido y abandono de los valores democráticos. “Nadie quiere convertir esto en un tema político. Pero tampoco podemos cegarnos al hecho de que hoy vivimos precisamente las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana. Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune”.

Con un llamado a que todas las instituciones del Estado apoyen las iniciativas, Lasso anticipó que se decretarán estados de emergencia en las cárceles del país “cuantas veces sean necesarias”.

Por otro lado, el Gobierno ha conseguido respaldo internacional de Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido, España. “Ya nos han comunicado su firme voluntad de apoyarnos en la lucha contra esta amenaza”, dijo Lasso. A estos países se suman las Naciones Unidas y la Unión Europea. (I)