Con 92 votos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone al organismo técnico de rehabilitación social que elabore un informe consolidado sobre el procedimiento utilizado para el levantamiento de cadáveres y su identificación en los hechos suscitados en las cárceles del país, en los meses de febrero y septiembre del 2021, donde se registraron más 200 asesinatos.

Esta resolución fue aprobada luego de un debate que abrió la Asamblea tras la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; la comandante de la Policía Nacional, Tannya Varela; el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Bolívar Garzón; y el jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., Jorge Cabrera, respecto a la crisis carcelaria y los niveles de violencia en el país.

Gobierno muestra a los asambleístas los niveles de violencia en Ecuador

La resolución recomienda al primer mandatario y a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que los procedimientos para la identificación de los cadáveres en los centros de privación por muertes violentas observen lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), que corresponde a la versión actualizada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

Igualmente, conmina al presidente de la República, Guillermo Lasso, que disponga que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas trabajen de forma conjunta con el SNAI en la crisis carcelaria, respetando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, hasta que el Ejecutivo manifieste de forma pública que se ha superado la crisis.

El pleno de la legislatura dispuso a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que resuelva acciones con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria las operaciones de control del porte de armas que competen a la Policía Nacional de forma interna y permanente en todas las provincias del país.

Además que la comisión elabore un informe sobre si existe presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las fronteras del país, con la finalidad de realizar operativos de control de armas para la convivencia pacífica, de forma conjunta hasta la emisión de una política pública que establezca la competencia de estas dos instituciones de forma permanente en el control fronterizo.

La comisión legislativa también deberá elaborar un informe sobre la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT) dentro de las cárceles del Sistema de Rehabilitación Social en el Ecuador con indicación de los hechos violentos ocurridos en los meses de febrero y septiembre de este año, que terminaron con la vida de más de 200 privados de la libertad.

En el texto de la resolución aprobada este 7 de octubre se solicita al presidente de la República que a través del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita de investigación in loco, dirigida a elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos en las cárceles del Ecuador y en particular en la Penitenciaría del Litoral, para que sus conclusiones y recomendaciones sean acogidas por el Estado ecuatoriano. (I)