NOTICIAS

Publicidad

Bandas entran a comunidades indígenas a delinquir; en Otavalo se alista un consejo de seguridad ante reclamos

Varias comunidades indígenas marcharon hasta la municipalidad de Otavalo el pasado lunes, exigiendo seguridad y acción por parte de las autoridades.

Marchas salieron desde las comunidades para dirigirse hacia el Municipio de Otavalo, donde aplicaron la justicia indígena y protestaron por la inseguridad que reina en este cantón. Cortesía. Foto: Radio Iluman

Publicidad

Otavalo

La inseguridad en Otavalo se ha complicado y las comunidades indígenas están tomando medidas para frenar los robos. Esta semana, un grupo marchó hasta el cabildo exigiendo seguridad, procedió a colocar cadenas y candados a la puerta principal de la edificación municipal.

La acción obligó a evacuar a madres y mujeres que realizaban gestiones, y algunas quedaron atrapadas en el interior de la institución, en tanto que decenas de comuneros protestaban en los exteriores de la vieja edificación y presenciaban un ajusticiamiento indígena.

Publicidad

Marcelo Burbano, director administrativo del gobierno municipal, manifestó que esta acción realizada por los manifestantes puso en peligro la integridad tanto de los usuarios como de los funcionarios y trabajadores.

Marcha por la paz y seguridad se realizó en Machala

El martes después de las 06:30, con seguetas y martillos, obreros municipales procedieron a romper las cerraduras colocadas el día anterior con el propósito de reanudar la atención al público y rehabilitar las actividades municipales.

La movilización se dio tras la retención de unos individuos acusados del presunto robo de un celular, que terminó con un castigo por justicia indígena y la incineración de un auto. Esto fue una reacción ante el malestar e indignación que hay por los continuos robos. La justicia indígena está consagrada en el art. 171 de la Constitución de la República.

Publicidad

Esta herramienta faculta a las nacionalidades y comunas a aplicar sus propios procedimientos para solucionar los conflictos, disponiendo castigos que no contraríen los derechos humanos.

Ante la demanda de los pobladores, Burbano confirmó que alistan una ordenanza y las herramientas jurídicas correspondientes para la conformación de un Consejo de Seguridad cantonal que estará integrado por siete mesas, además crearán una tasa de seguridad para combatir la inseguridad.

Publicidad

Los representantes de 60 comunidades kichwas están molestos por la ola delictiva que acecha a estas jurisdicciones de Imbabura.

Los enardecidos dirigentes justificaron lo actuado calificando al cierre del edificio municipal como un acto simbólico de protesta y afirmaron que no son amenazas las que están manifestando, ya que hoy están más unidos por la seguridad.

Este sector habría presentado una propuesta sobre seguridad, pero según Burbano, no cuenta con los respaldos jurídicos ni técnicos para la aplicación, teniendo previsto los juristas y directores municipales hacer público el documento que afinan con la Policía Nacional.

Tras socializarla, la ordenanza será presentada en el Concejo Municipal para su análisis y aprobación. Burbano adelantó que no consta la restricción de movilización de dos personas en motocicleta como en Ibarra, ya que de acuerdo con la ley no es aplicable.

Publicidad

Tres personas retenidas fueron castigadas por el ppresunto robo de un celular. Ricardo Cabezas Foto: El Universo

Aclaró que la competencia de la seguridad no es municipal, sin embargo, insistió en que están elaborando el documento apegado a las leyes. No obstante, el alcalde Mario Conejo, preocupado, sostuvo que uno de los serios problemas es el recorte de personal policial en Otavalo, registrándose al momento un déficit de 38 policías, que fueron enviados a otras plazas.

Preocupación por los hechos registrados

Activistas de derechos humanos están preocupados frente a la advertencia efectuada por José Otavalo, dirigente de Puerto Alegre, en Eugenio Espejo, comunidad donde el último lunes fueron retenidos los tres supuestos delincuentes, acusados de robar un celular.

Cuestionaron que los retenidos hayan sido humillados, que se les hayan vendado los ojos, obligado a caminar un largo trecho descalzos, con pocas prendas de vestir, cargando pesadas sacas con arena y halados por sogas, en la E 35, desde La Magdalena hasta el pretil del Municipio de Otavalo.

Allí, los inculpados resultaron azotados, ortigados y bañados con agua helada delante de más de unos dos mil comuneros y frente a las cámaras de varios medios digitales que transmitían en vivo y en directo el ritual, que es una práctica ancestral dentro de la justicia nativa.

Dirigentes han advertido: “Las comunidades estamos unidas, los próximos antisociales que intenten ingresar a robar ya no solo recibirán látigo y ortiga, sino que serán quemados o enterrados vivos”.

Los comuneros previamente quemaron un vehículo en la carretera, que fue llevado en la noche del lunes hasta una de las calles adyacentes de la municipalidad en Otavalo, con el propósito de visibilizar el escarmiento que reciben quienes delinquen en las zonas rurales.

A término de la afrenta pública les descubrieron los rostros para que la gente los identificara y fueron forzados a ofrecer disculpas y a anunciar por los medios que transmitían en directo que quienes intenten robar no vayan a este cantón porque les irá mal y correrán el riesgo de no salir vivos.

Las bandas que delinquen vienen de zonas pobladas

Según Norman Cano, comandante de la Subzona de Policía de Imbabura, el automotor quemado no ha sido hasta el momento reportado como robado ni tiene denuncia alguna, presumiéndose que podría ser de propiedad de las personas ajusticiadas y la mujer tenía una orden de detención.

El oficial informó que se investigan los hechos del lunes con la finalidad de obtener información que permita aclarar la situación y coordinar acciones de seguridad, se confirmó además que los ajusticiados vinieron de otro sector del país.

Tras la desarticulación de seis bandas delincuenciales en esta provincia en los últimos meses, toma fuerza la hipótesis de que organizaciones delictivas y criminales ante la presión que sufren en determinadas zonas migran a otras ciudades a delinquir.

En estos grupos de malhechores, conformados por cuatro o seis personas, siempre existen extranjeros, según Cano, quien indicó que los operativos migratorios se han intensificado en los diferentes sectores de la provincia.

En Otavalo, en el presente año se estima que han sido registrados siete ajusticiamientos de personas que han ingresado a los territorios indígenas a delinquir; no obstante, Cano consideró que este número es mayor a nivel provincial.

El fin de semana pasado fueron aprehendidos cinco ciudadanos fuertemente armados que participaron en el robo de una entidad financiera en esta jurisdicción provincial, fueron neutralizados por la policía de Imbabura.

En Imbabura aplican justicia indígena e incineran un vehículo de los supuestos delincuentes

Víctor Herrera, comandante de la Zona 1, dijo que durante el robo fue activado el botón de pánico, accionándose a nivel provincial el sistema preventivo, por lo que los bandoleros fueron detenidos más tarde en la avenida El Retorno, cuando se movilizaban en una camioneta.

En su poder tenían una subametralladora y dos pistolas. Los investigadores descubrieron que la subametralladora habría sido utilizada en el asalto a la cooperativa Pedro Moncayo, en la parroquia Olmedo, el 6 de mayo de 2022.

Herrera dijo que los detenidos no son de Imbabura, sino que vinieron de Pedernales, en Manabí, corroborando que ahora las bandas se trasladan desde otras provincias para cometer sus fechorías en zonas donde estos delitos no son comunes y luego retornan a sus lugares de origen. (I)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?

Publicidad

Publicidad

Publicidad