Las dos últimas masacres carcelarias, en las que murieron 29 internos en medio de violentos enfrentamientos entre bandas criminales en el centro de privación de libertad Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral, nuevamente ponen en evidencia la crisis en la que está sumido el sistema penitenciario en Ecuador, que se mantiene a merced de los grupos delictivos.

Entre 2021 y lo que va de 2022 han ocurrido nueve matanzas intramuros, dejando una sangrienta estela de 386 reclusos asesinados con crueldad, según cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

El hecho más impactante sucedió el 28 de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que tuvo un lamentable saldo de 122 internos fallecidos.

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La Policía y funcionarios del Gobierno sostienen que el origen de todos los incidentes es el mismo: una enardecida pelea entre organizaciones criminales que están en las cárceles y se disputan el control de territorios para sus negocios ilícitos -dentro y fuera de las prisiones-.

No obstante, conocer esta realidad no ha evitado que ocurran más matanzas dentro de los centros de rehabilitación social, ni tampoco ha impedido que la violencia se replique con fuerza en las calles.

Cuando estalló el incidente en la cárcel de Cotopaxi, el 3 de octubre, donde fue asesinado Leandro Norero, alias el Patrón, junto con otros quince presos, analistas en temas de seguridad advertían que eventos similares podían replicarse en otros centros debido a una reconfiguración de poderes del crimen organizado. Y así pasó. El 5 de octubre la Penitenciaría, otra vez, se convirtió en un campo de batalla en el que trece reclusos perdieron la vida.

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Como ha pasado cada vez que se registra una masacre, los familiares de los reos buscan desesperados afuera de las prisiones respuestas y atención de las autoridades.

Una reconfiguración de alianzas tras la muerte de Leandro Norero estaría ligada a disturbios entre bandas en Penitenciaría

Una semana antes de la reyerta en el centro de rehabilitación de Cotopaxi, conocido como cárcel de Latacunga, un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo dos días en Ecuador para revisar los avances de las 84 recomendaciones que la organización hizo al Estado en un informe publicado en marzo de este año, que surgió de una visita de trabajo realizada en diciembre de 2021.

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La delegación estuvo liderada por el comisionado Stuardo Ralón, vicepresidente relator para Ecuador y sobre Personas Privadas de Libertad. Durante su estadía los funcionarios se reunieron con varias autoridades, incluyendo al presidente de la República, Guillermo Lasso, y al director del SNAI, Pablo Ramírez, entre otros.

Al término de la visita, el 30 de septiembre la Comisión publicó un comunicado en el que destacó avances en siete frentes: adopción de una nueva política pública penitenciaria; reducción del hacinamiento; inicio del censo carcelario; selección y formación de nuevos agentes penitenciarios e instructores educativos; ampliación del número de jueces especializados en garantías penitenciarias; eliminación de las audiencias en el trámite de beneficios penitenciarios; y reinstalación de oficinas de la Defensoría Pública dentro de los centros de rehabilitación.

Sin embargo, así como se reconoce el progreso en estos temas, la CIDH también advirtió que “persisten desafíos estructurales en la protección de las personas privadas de libertad”.

En ese sentido, el organismo internacional identificó seis aspectos problemáticos:

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  • Que el Estado logre el control efectivo en los 36 centros de privación de libertad, especialmente en los de mayor población; lo que contribuye a la persistencia de elevados niveles de violencia intramuros
  • Diseñar políticas públicas de rehabilitación y reinserción social, con base en la información del censo penitenciario -que se inició el 22 de agosto- una vez finalizado. Políticas que deberán ser objeto de seguimiento continuo a fin de enfrentar los desafíos aún existentes, como la corrupción intramuros de los centros de privación de libertad.
  • Aspectos regulatorios y procedimentales que permitan la mejora del plazo de resolución de solicitudes de beneficios penitenciarios.
  • Adoptar medidas de reparación integral a familiares de las víctimas fatales por causa de la violencia intracarcelaria.
  • Profundizar las estrategias para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en los centros penitenciarios.
  • Implementar vías que garanticen la participación de la sociedad civil en la implementación de medidas para superar la crisis.
Familiares esperan información de los presos heridos afuera de la Penitenciaría del Litoral, donde se presentó una nueva riña. EFE/Mauricio Torres Foto: Mauricio Torres

El informe de 102 páginas de la CIDH revela una serie de factores que inciden en la crisis.

Por ejemplo, que la falta de cumplimiento por parte del Estado de las condiciones de detención acordes a estándares internacionales ha dado espacio para que se generen hechos continuos de corrupción, que en ciertos casos han ocasionado que familiares de las personas detenidas tengan que pagar para ingresar artículos de primera necesidad. Esta situación de corrupción también es utilizada para el ingreso de otro tipo de sustancias ilícitas y de armas, señala el documento.

Al respecto, en el texto se menciona que las autoridades reconocieron la magnitud de la problemática e indicaron a la Comisión que la corrupción ha facilitado que ingresen a las prisiones drogas, armas cortopunzantes, armas de fuego de corto y largo alcance, armas ‘hechizas’ e incluso explosivos.

Otro hecho alarmante es el trato privilegiado que tienen algunos presos de alta peligrosidad, líderes de las bandas criminales.

Eso pasó cuando la Comisión visitó el Centro Guayas 4, donde se realizaron entrevistas a personas detenidas bajo los regímenes de máxima, media y mínima seguridad, así como de atención prioritaria. Ahí los funcionarios hablaron con dos de los principales cabecillas del crimen organizado; de inmediato percibieron que ellos gozan de ciertas ventajas frente al resto de internos.

”La delegación se reunió con José Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda Los Choneros y de quien se pudo percibir que ejerce un control interno importante del centro penitenciario. También se entrevistó con otros líderes, como Júnior Roldán Paredes (alias Júnior o JR). La delegación observó por la vestimenta que, en efecto, los líderes cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades en contraposición con otras personas entrevistadas”, describe el informe de la CIDH.

Fusil, pistolas, celulares, dinero y droga decomisan en la Penitenciaría tras incidente en el que asesinaron a 13 reos

Para la abogada Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social y experta en sistemas penitenciarios, la masacre en Cotopaxi podía prevenirse tomando en cuenta que hubo acontecimientos que anticipaban que se aproximaba una reyerta.

Un indicio reciente de aquello, señala Zumárraga, fue la detención de policías en servicio activo que pretendieron ingresar 496 balas a uno de los pabellones del centro de rehabilitación social.

“El Gobierno entrega el control a las mafias, no tiene ningún control sobre los grandes centros penitenciarios. Y la reacción tardía. Los servicios de inteligencia penitenciaria, policial y militar parece que no existen”, critica la exdirectora de Rehabilitación Social, quien por fuentes internas de la cárcel conoció que cuando ocurría la balacera en Latacunga los miembros de la fuerza pública no actuaron para frenar el tiroteo, debido al arsenal que manejaban los presos, sino que la situación se calmó cuando uno de los capos delincuenciales ordenó cesar el fuego cruzado.

Zumárraga duda de la veracidad de las cifras oficiales sobre la cantidad de muertos que ha dejado cada masacre y cuestiona que hasta ahora no existen responsables ni sanciones administrativas o judiciales por las matanzas ni por el ingreso de drogas y armas a los centros.

Apunta que otra muestra de que el Estado no tiene control de las prisiones son los festejos y celebraciones que ha habido intramuros, donde inclusive se han utilizado fuegos artificiales.

‘Fito’, líder de Los Choneros, festejó sus 43 años en la cárcel con torta y nueva apariencia

A criterio de Zumárraga, el problema en el sistema carcelario parte del hecho de que la Policía Nacional se encarga al mismo tiempo de detener a los delincuentes y de su rehabilitación, cuando lo último debería estar en manos de civiles.

Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), coincide en que las matanzas “revelan una incapacidad profunda del Estado para anticipar y controlar los sucesos dentro de los espacios que por excelencia deberían ser los más controlados”.

De esto se deriva una pregunta que no ha sido contestada, dice Pérez: “¿Quién se beneficia de este tipo de caos, de esta situación de inseguridad extrema?”.

Pérez añade que la forma de atacar seriamente a las estructuras criminales es a través de una profunda depuración institucional de la Policía.

“Los problemas de la Policía pasan también por esa penetración en la propia estructura policial que es la que permite que de la noche a la mañana aparezcan armas dentro de las cárceles, que permitan que se infrinjan los círculos de seguridad”, reflexiona.

Pese a esta observación, el decano es escéptico de la teoría de quitar a la Policía el manejo de las cárceles.

“La compartiría si es que existiera con quién sustituir a la Policía en ese rol. El gran problema es que no hay ninguna institución. De lo que conocemos, el SNAI tiene una estructura sumamente débil que demostró que no podía con el control penitenciario y como consecuencia de ello se permitió el ingreso de la Policía y se involucró a las Fuerzas Armadas. Esto revela que hay esta debilidad de origen para controlar”, anota Pérez.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU también expresó su preocupación por la crisis carcelaria del país e hizo un llamado al Estado para que se adopten medidas inmediatas y adicionales que aborden el problema y aseguren los derechos humanos de los prisioneros.

El 6 de octubre, al día siguiente de la balacera en la Penitenciaría del Litoral, el organismo publicó un comunicado sobre la visita que hizo a Ecuador una delegación de expertos en derechos humanos, desde el 25 de septiembre hasta el 1 de octubre.

La misión recorrió nueve centros de privación de libertad y observó, entre otras cosas, lo que ya anticipó el informe de la CIDH: que algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que pertenecen a organizaciones criminales. (I)