Cinco días les tomó a la Policía y Fuerzas Armadas de Ecuador la recuperación del control en la Penitenciaría y en la Cárcel Regional de Guayaquil, luego de los enfrentamientos entre bandas que luchan por el poder, que el pasado martes provocaron la peor matanza de la historia penitenciaria del Ecuador, con un saldo de 119 reos asesinados, casi una decena de ellos decapitados.

El escenario de la masacre fue la Penitenciaría, pero durante los cinco días posteriores se presentaron una serie de hechos violentos y hasta un enfrentamiento entre militares y reos, el sábado pasado.

Este domingo 3 de septiembre, en una alocución que no duró más de 3 minutos, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general de la Policía, Tannya Varela, anunciaron que las fuerzas del orden se habían hecho del control total en los reclusorios guayaquileños.

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“Los centros de privación de libertad se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es la primera vez desde el 2019, cuando ocurrió la primera crisis carcelaria, que las dos instituciones trabajan de manera conjunta, actuando bajo la base del estado de excepción decretado por el presidente de la República, el 29 de septiembre pasado”, refirió la ministra.

Vela añadió que “para todos es conocido que esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones”.

La ministra tácitamente admitía así lo referido por informes policiales y otras autoridades de que hay una disputa entre grupos aliados a carteles mexicanos de la droga. En este caso Los Choneros, que luego de la muerte de su líder Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, el año pasado, están dirigidos por dos reos, Fito y Júnior. Esta banda sería aliada en el Ecuador del cartel mexicano de Sinaloa y mantiene una encarnizada disputa con el grupo Nueva Generación, integrado por los Tiquerones, Lagartos, Chone Killers y Los Lobos, con nexos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

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“El gobierno del presidente Guillermo Lasso no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país. Vamos a utilizar todas las opciones que nos da la ley para enfrentar a las organizaciones criminales en esta lucha”, señaló la ministra Vela.

Ella señaló que requería adicionalmente la intervención “decidida del sistema de justicia para la aplicación de la ley, que se investigue y sancione a todos los responsables de la masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral”. Dijo que para ello, la Policía nacional entregará toda la información a los fiscales para que se inicien los procesos penales en contra de los autores de estos “terribles y lamentables hechos”.

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Varela, por su parte, indicó que el trabajo de la Policía nacional ha tenido un solo objetivo: recobrar el control dentro de la Penitenciaría del Litoral y mantener el orden de todos los centros carcelarios del país.

“Sobre el avance del estado de excepción, que permite a la Policía y las Fuerzas Armadas estar en el interior de la Penitenciaría, se ha logrado controlar la violencia”, afirmó. Destacó que en la intervención se decomisaron trece armas, de las cuales seis son fusiles y siete son pistolas, 1.136 municiones de diferente calibre, 250 armas blancas, 5 granadas, 60 celulares, 6 kilos de droga. Lo que no se explicó es cómo entra ese armamento al centro penitenciario si desde hace tres meses rige una emergencia y los accesos están controlados por policías y militares.

“No hemos descansado un solo día desde la crisis del 28 de septiembre y vamos a seguir firmes haciendo todos los esfuerzos necesarios y posibles para prevenir la violencia”, agregó Varela.

Enfrentamientos de reos con militares

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El anuncio de la toma de control por parte del Estado se dio un día después de que se dieran nuevos enfrentamientos e incidentes. Un grupo de reos se subió a los techos de la Cárcel Regional, el pasado sábado, como una muestra de que ellos aún hacían lo que quieren en ese centro, adjunto a la Penitenciaría.

La Policía informó, la mañana del sábado, que durante la intervención en el centro de privación de Libertad Zonal 8, o Cárcel Regional, los agentes “fueron recibidos con disparos por las personas privadas de la libertad”, pero de inmediato lograron neutralizar la acción.

Recapturan a dos de los cuatro reos fugados de la cárcel del Inca en Quito

Sin embargo, el comandante del cuerpo de infantería de Marina, Fernando Recalde, indicó poco después que “en principio hubo fuego cruzado, al parecer entre las bandas (de reos), pero al ver la presencia de la fuerza pública todo se amainó”. En redes se difundieron videos de los militares en acción, con fusiles en mano.

Mientras Varela dijo ese día que tras ser neutralizados los presos, la Policía pudo evacuar a cuatro reos heridos. Fue necesario incluso un cierre temporal de la vía a Daule, por precaución, la mañana del sábado.

SNAI acepta que no dio comida

El servicio de alimentación en la Cárcel Regional de Guayaquil se suspendió el pasado sábado y aquello trajo denuncias y críticas de parte de familiares y organizaciones sociales. Este domingo se dio a conocer que el servicio se suspendió por motivos de seguridad, cuando militares y policías hicieron un operativo de control y requisa en el interior y que este domingo la entrega de comida se retomó con ‘porciones dobles’.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó de que en “el Complejo Penitenciario Guayas se normalizó la entrega de alimentos a las personas privadas de la libertad. La empresa encargada de la alimentación de los internos realizó menús con porciones dobles”.

Mientras, este domingo 3 continuaba la tarea de identificación de los 119 cuerpos de los reos asesinados el martes pasado. Hasta el mediodía se había identificado a 106 de esos cadáveres, 73 ya habían sido entregados a sus familiares. (I)