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Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, durante una entrevista con este Diario. Foto: Carlos Granja Medranda

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La Policía Nacional presentará quejas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo de la Judicatura (CJ) para que se evalúen las actuaciones de un fiscal y un juez que no ordenaron prisión preventiva y dejaron en libertad a presuntos delincuentes, que habrían sido detenidos con evidencias de los supuestos ilícitos, durante operativos en Los Ríos y Manabí.

Así lo informó el comandante general de la institución, Fausto Salinas, quien resaltó que la ejecución de las operaciones policiales toma tiempo, compromete recursos públicos -que pueden ser más altos dependiendo de cada investigación- y representan un riesgo para el personal que participa.

El caso más reciente ocurrió en la capital de Los Ríos. El jefe de la Policía del Distrito Quevedo-Mocache, Wilson Torres, expresó su indignación e inconformidad por el procedimiento de un fiscal del cantón que no formuló cargos en contra de dos sujetos que fueron aprehendidos con droga en la ruta del río Quevedo, el 30 de junio, tras una investigación de dos meses. Por esta decisión, el juez liberó a los detenidos.

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“¿Qué pasa? ¿De qué lado están los fiscales y jueces?”, dijo Torres en una entrevista con un medio de comunicación local, en la que destacó que para el operativo se movilizaron desde Quito a agentes de unidades especiales de la Policía. El video con las declaraciones del jefe del Distrito se viralizó en redes sociales.

El comandante de la Policía indicó al respecto, que en la investigación previa se obtuvo evidencias de reuniones de los integrantes de la organización delincuencial, así como elementos sobre la comercialización de sustancias ilícitas.

“Se entregó el informe al Fiscal, donde se detalla el rol y actividad que cada organización realizaba”, mencionó el general Fausto Salinas y cuestionó el accionar de ciertos funcionarios.

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“Tenemos grandes fiscales con los cuales resolvemos juntos casos muy importantes, pero también hay algunos casos que no tenemos la respuesta que esperamos. Queremos buscar cuáles son esos puntos o nudos críticos que necesitan revisarse para que siempre, en casos tan delicados, exista la acción de la justicia”, explicó Salinas.

El segundo caso por el que la Policía presentará una queja formal ante el Consejo de la Judicatura sucedió a finales de junio, en Manta. Un juez no acogió la orden de prisión preventiva, formulada por la Fiscalía, y dictó medidas alternativas para tres personas aprehendidas con armas de largo alcance, como fusiles 7.62. (I)

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