La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí declaró con lugar la petición de declaración jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable en contra de Simón García Tello, juez de la Unidad Multicompetente en Materias no Penales y Adolescentes Infractores del cantón Paján (Manabí).

El ente encargado del sistema penitenciario (SNAI) resaltó que la entidad, a través de sus asesores legales, puso una denuncia de infracción disciplinaria el pasado 15 de diciembre del 2022 por la actuación del mencionado juez, en torno al trámite judicial No. 12217-2022-00146.

Este petitorio se basó por presuntamente incurrir en faltas disciplinarias en la tramitación de la causa constitucional que derivó en el otorgamiento de la libertad a Daniel Salcedo Bonilla.

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“Esta sentencia se convierte en una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, el abuso de acciones constitucionales, así como medidas cautelares; las mismas que han favorecido la impunidad y la desconfianza generalizada sobre el sistema de justicia”, remarcó el SNAI en un comunicado.

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Quién es Simón García Tello, el juez de Paján que liberó a Daniel Salcedo

La declaratoria jurisdiccional previa es un requisito indispensable para la aplicación de sanciones disciplinarias a los servidores judiciales que presuntamente han incurrido en faltas gravísimas de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, contenidas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.

La Corte Constitucional (CC), en agosto de 2020, ordenó que sea un juez el que defina si existe error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo para que un funcionario judicial pueda ser sancionado. Esta potestad hasta antes de la sentencia de la CC estaba en manos del CJ e incluso en períodos anteriores, como el de Gustavo Jalkh, fue criticado por ser usado para destituir a jueces que fallaron en contra del régimen de ese momento.

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El mes anterior, el juez García fue suspendido por 90 días, según una resolución del Consejo de la Judicatura, en base a una denuncia presentada en su contra en una indagación por un caso de inquilinato, por parte de Kelvin Quintero.

Ese mismo mes, la Fiscalía informó sobre un allanamiento a la vivienda del juez por una indagación por presunto delito de prevaricato.

La entidad explicó que se analizaban irregularidades en la emisión de la boleta de excarcelación de una persona sentenciada por robo agravado. El juez García Tello ordenó la libertad del sentenciado Daniel Salcedo Bonilla, aprehendido por varios delitos.

El 9 de diciembre anterior, Daniel Salcedo quedó en libertad tras salir de la cárcel 4 de Quito o Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha No.2. El juez consideró que en cinco procesos penales existe caducida de la prisión preventiva.

Peculado, fraude procesal, delincuencia organizada y lavado de activos son algunos de los casos en los que supuestamente ha estado involucrado.

“Lo que se ha hecho con el señor Salcedo es obtener una libertad constitucional totalmente legal. No se ha violentado ningún procedimiento. Y el señor ya en estos momentos está gozando de su libertad en un sitio a buen recaudo, por precautelar la vida del señor Salcedo”, expresó uno de los abogados de Salcedo, en ese entonces. (I)

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