“Yo tenía dos costillas fracturadas. Tenía hematomas en toda la cabeza. Me intentaron sacar los brackets con playos. ¿Usted sabe lo que es estar desnudo en un tanque de agua con sal? ¿O que le propinen golpes atado a una escalera metálica (de una cama litera) y sin poder defenderse? ¿Que te pongan un cable en la sien y pierda el conocimiento? Eso me hicieron a mí. Me agredieron sexualmente entre siete personas. Ni a mi mujer le he contado las barbaridades que me hicieron. A mí me da vergüenza decirlas. Todo con la venia de...”.

El relato de Edmundo M. estremeció a los jueces de la Corte Constitucional, máximo juzgado al que su esposa tuvo que acudir porque dos veces le negaron a Edmundo un recurso de habeas corpus con el que pedía el traslado a otra prisión, lejos del Centro de Rehabilitación Social Turi, de Cuenca.

A mí no me quieren aquí. Aquí yo soy famoso, porque me dicen que soy sapo porque denuncié (…) que muchas personas no lo hacen. Y ¿saben por qué lo hice? Porque tengo un hijo al cual yo me aferré. Era en lo único que pensaba cuando estaba tendido del techo a 30 o 40 centímetros colgado de mi cuello. Era lo único que le pedía a Dios, no dejarlo solo, porque no quiero imaginarme lo que sería de él sin mí. Él es mi razón de estar aquí

Edmundo M.

Edmundo M. está detenido desde el 27 de julio de 2020. Ese día la Policía allanó su departamento en un condominio cuencano, cerca de Ucubamba, por su supuesta participación en el delito de asociación ilícita. Edmundo entró a una celda transitoria y luego a la celda 29 del Centro de Detención Provisional (CDP), donde un guía penitenciario de apellido “Villacís” junto a otro reo conocido con el alias de Comandante le dijeron que se ‘harían cargo de su seguridad, ya que ellos dirigían el CDP’.

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Luego fue llevado a un cuarto sin luz, custodiado por otros reos. “Las personas privadas de la libertad y el guía Villacís lo golpearon, le dieron palazos y le amenazaron de muerte, el guía le dijo que debía pagar $10.000 por su estadía y seguridad, en un plazo de ocho días, porque si no lo matarían a él y a su familia”, declaró la esposa de Edmundo en la audiencia. Ahí aseguró que desde entonces ha recibido llamadas para que entregue el dinero.

“Al ver que no podíamos entregar el dinero, siguió siendo víctima de torturas”. Ella contó esto en tres audiencias, la última ante la Corte Constitucional. Antes lo hizo ante la jueza provincial de Azuay Narcisa Ramos, y ante los magistrados nacionales Álvaro Ojeda, Iván Larco y Patricio Secaira. En ambas instancias, el pedido de habeas corpus de Edmundo M. fue negado. Su esposa apeló a la Corte Constitucional. Ahí, con el voto favorable de los ocho jueces presentes, la Corte concluyó que las salas judiciales donde se había ventilado el caso de Edmundo “no tutelaron adecuadamente el derecho a su integridad personal”.

La Corte anuló la sentencia dictada por los jueces inferiores, declaró la vulneración de los derechos de Edmundo y ordenó que sea trasladado a otro centro carcelario, cerca de su domicilio, de su familia y de sus abogados. “El SNAI informará a esta Corte en el término de 24 horas sobre la adopción de esta medida”, señaló la sentencia en febrero de este año.

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El caso de Edmundo y de tres más –de las cárceles de Loja, Los Ríos y de Cuenca- fueron elegidos por la Corte Constitucional, y a través de ellos se revisó el accionar de los jueces que tratan los recursos de habeas corpus, con el que los presos piden traslados, atención médica y otras garantías, porque temen por su vida.

Tras el análisis, los magistrados de la Corte concluyeron que “existe un patrón sobre la falta de evidencia probatoria para comprobar los tratos vejatorios”. En otras palabras, que los jueces ‘olvidaron’ que el mayor peso de las pruebas debe presentarlas, no el detenido o afectado, sino la entidad carcelaria, esto es el Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, y que si faltan pruebas deben solicitarlas de oficio. El SNAI no aceptó una entrevista con este Diario.

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La Corte cuestionó, además, que los jueces provinciales y nacionales “tampoco dieron valor a los exámenes médicos presentados por las personas privadas de la libertad, y en el caso de las víctimas de agresiones sexuales no consideraron como evidencia preponderante sus declaraciones”.

En la sentencia de la Corte Constitucional se incluyen 17 resoluciones, entre ellas, el inicio de procesos administrativos contra los jueces que manejaron los tres casos elegidos, que se difunda la sentencia a nivel nacional y, principalmente, en las cárceles, que se incluya la sentencia en la escuela de formación judicial y policial, que la Defensoría del Pueblo supervise los procesos de habeas corpus y vigile que se cumplan los mecanismos de prevención de torturas en las 53 cárceles del país.

La Defensoría del Pueblo detalló que, aunque no tiene la competencia de la defensa legal, pues ‘le corresponde a la Defensoría Pública’, desde 2018 hasta noviembre pasado han atendido 420 trámites a favor de los privados de libertad, entre ellos, 159 investigaciones, 98 oficios de apoyo, 85 seguimientos de sentencias, 61 vigilancias del debido proceso, 8 habeas corpus y otras.

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La Judicatura del Guayas no atendió una entrevista, pero informó que de enero a noviembre del 2021 se han tramitado 550 habeas corpus: 53 aceptados. No detalló los presentados por los presos.

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Mientras, las prisiones en el país acumulan violaciones a derechos humanos, dice el activista Billy Navarrete. “Las personas que están en prisión solo deberían estar impedidas del libre tránsito, no del resto de derechos”. (I)

Extorsiones carcelarias se pagan en Guayaquil, pero las cobran en cuentas de Durán, Naranjal, Machala o Cuenca

Todas las noches, para poder conciliar el sueño, Matilde escucha en su celular la voz de su hijo asesinado en prisión. Y ahí, entre mensajes de voz y de texto, encuentra también los números de cuentas y los nombres de las personas a las que cada semana, y a veces a diario, les hacía pagos de $ 7, $ 13 o $ 26, para que su hijo Carlos no durmiera en el suelo de una celda entre una docena de presos, para que le entregaran las medicinas, para que comiera algo o, lo más importante, para que no sufriera torturas y agresiones.

Él me pasaba los números de cuenta para que yo le envíe, me mandaba varias cuentas. Primero era a M. Mariscal, C. Guamán, O. Guncay. Ellos eran los primeros, pero luego los cambiaban

Matilde, madre que perdió a su hijo en la cárcel.

A veces, Carlos llamaba desesperado porque “tenía que pagar cosas que otros hacían. Si se dañó un tanque, que paguen; si era el cumple de alguien, también”, recuerda Matilde.

Ella hacía los depósitos y enviaba fotos de los recibos a su hijo. El dinero lo recibían cobradores, distintos según el pabellón y la banda delictiva, y con cupos fijos de recaudación.

Bajo este mecanismo, los pagos que se hacían en cuentas barriales de Guayaquil llegaban a testaferros en Durán, Naranjal, Machala o Cuenca, según la información dada por familiares de presos fallecidos en 2021.

En los celulares, familiares de presos mostraron los pagos y extorsiones. Foto: Cortesía

En estos cantones tenían su domicilio los dueños de una decena de cuentas revisadas por EL UNIVERSO, entre ellos O. Guncay y su hijo C. Guamán, a quienes les pagaba sin falta Matilde. O. Guncay, una mujer de 55 años y que en redes sociales se califica como una ‘ama de casa’, vive en un recinto de Naranjal y, según sus registros tributarios, desde mayo de este año se dedica a la agricultura, al cultivo de frutos cítricos como toronjas, limas y limones.

Su hijo, C. Guamán, también ha recibido depósitos, según los comprobantes que por meses han recopilado esposas y madres de presos de la Penitenciaría del Litoral, cárcel en la que murieron asesinados 223 presos hasta el 12 de noviembre de 2021, en medio de una guerra entre bandas que pugnan por captar territorios para el expendio de drogas en Guayaquil.

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Guamán, de 34 años, vive en Naranjal, aunque inició en noviembre del 2019 el cultivo del cacao en Balao. En los registros del Servicio de Rentas Internas consta que su actividad está suspendida “por la administración tributaria”. Guncay y su hijo figuran como afiliados al Seguro Social Campesino y dos de sus familiares constan como procesados por el delito de secuestro.

La extorsión en las cárceles del país se da de forma individual o como parte de una estructura organizada. Así se concluye en una sentencia dada en febrero pasado por la Corte Constitucional, que agregó que hay un problema estructural “que evidencia la falta de control efectivo de las autoridades”.

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“Yo tengo un fundón con nombres y apellidos de lo que he depositado, unos $ 8.000, para que mi hijo coma. Todos los días eran $ 13, $ 7 para el aseo, y pobre que yo no tenga. Pagaba por semana el aseo $ 7, todos los domingos, que cobraba el jefe del pabellón, Alan”, dijo la madre de un preso.

Sus pagos los recibían –cuenta esta madre– M. Valdez, una joven madre de 19 años que vive en Durán; J. Viteri, una mujer de 36 años, en Guayaquil; A. Quinde; J. Bayona, y otros. (I)

Castigos, aislamientos, malos tratos y falta de sanitarios son algunos de los 18 problemas detectados por el mecanismo contra torturas

Al menos 18 problemáticas en las cárceles del país ha identificado el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT) durante las visitas realizadas a los centros carcelarios desde 2018.

En los informes que anualmente ha presentado esta entidad de la Defensoría del Pueblo se señalan, por ejemplo, deficiencias de infraestructura, como daños en las edificaciones, falta de mantenimiento, celdas sin colchones, pabellones sin sanitarios suficientes, falta de espacio para visitas conyugales y falta de equipos tecnológicos y de seguridad.

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También la mala calidad de la alimentación y falta de medicinas. En recurso humano, el MNPT señala los escasos turnos para la atención médica y psicológica, falta de médicos y especialistas, además de personal de seguridad y defensores públicos. Sin embargo, los mayores problemas se relacionan a los derechos humanos, entre ellos, al incumplimiento de las sanciones disciplinarias y a los castigos y aislamientos, la falta de separación de procesados y sentenciados según su nivel de seguridad, malos tratos y extorsiones, demoras en los trámites de los beneficios penitenciarios y traslados de presos a cárceles lejanas a su residencia habitual.

En 2020, en la cárcel de Ambato, 35 presos se capacitaron como árbitros. Foto: Tomada del Twitter del SNAI

El hacinamiento, recalca la entidad contra la tortura, incide en todos los problemas, pues “llega a triplicar la capacidad de los mismos, en centros que incluso ya tienen más de 100 años de funcionamiento, como el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, el de Babahoyo o el de Alausí”.

El MNPT destaca en sus informes que el Centro de Privación de Libertad Tungurahua 1, ubicado en Ambato, “es el único centro a nivel nacional que tiene un programa en el que los privados de libertad realizan labores productivas (reinserción laboral, incluso algunas de ellas son remuneradas”.

En los 52 reclusorios restantes que hay en el país “la realidad dista mucho de los objetivos de rehabilitación y reinserción planteados por el sistema”.

Privados de libertad del CPL de Ambato forman parte de programas de alfabetización y bachillerato, también han recibido capacitación en pintura de murales, incluso confeccionaron cajas mortuorias al inicio de la pandemia.

A este centro fueron trasladados, “por seguridad”, en 2019 Carlos Pareja Yanuzzelli y en 2021 Alexis Mera, exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. (I)