La población penitenciaria en el Ecuador a junio de 2021 asciende a 39.150 personas con un índice de hacinamiento que supera el 29 %, pues la sobrepoblación de los privados de la libertad es de 8.985.

Esas cifras las reveló el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, quien compareció este 9 de julio ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.

El representante del SNAI comentó que pese a las cifras mostradas, el hacinamiento registra en los últimos meses una leve reducción en los centros de rehabilitación social, donde se encuentran las personas sentenciadas.

Moncayo dijo que cuando asumió la dirección general del SNAI, el hacinamiento se ubicó en el 40 %, y que en la actualidad ese hacinamiento se encuentra en el 29,79 %. Que el exceso de la población penitenciaria casi llega a 9.000 privados de la libertad.

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Que existen 36 infraestructuras físicas, pero que esa capacidad instalada es para albergar a 30.000 ppl, pero que al momento la población carcelaria es de 39.150 personas.

De ese número, el 38,56 %, es decir, 15.098 personas se encuentran en calidad de procesados, lo cual refleja la cantidad de personas que se encuentran con prisión preventiva y aún sin sentencia.

De toda la población penitenciaria, explicó Moncayo, el 28,06 % de ppl están relacionados con delitos con drogas; el 26,09 % por robo; 16,32 % por delitos contra la integridad sexual y reproductiva; y, 13,50 %, por delitos de asesinato, entre otros.

Presupuesto

Respecto del presupuesto, Edmundo Moncayo destacó que el presente año se destinaron $ 99,5 millones para una población carcelaria que supera los 39.000 ppl, de los cuales un gran porcentaje se ocupa en alimentación y el pago al personal, y que queda casi nada de recursos para la rehabilitación.

Reveló que solo en alimentación se destinan $ 41 millones, pues están presupuestados $ 2,50 para alimentación de cada ppl por día.

Indicó que al momento cuentan con un presupuesto prorrogado. Que en remuneraciones del personal se invierten $ 4 millones; $ 5 millones en servicios básicos; $ 1 millón en mantenimiento de vehículos para traslados de los ppl; $ 773.000 para el pago a seguros Sucre; $ 200.000 en suministros; $ 300.000 para educación, formación de casi 500 agentes que ingresarán en el 2021.

Además, $ 200.000 en maquinarias y equipos de inhibidores, escáner y cámaras de seguridad; y que en los últimos días del anterior Gobierno se logró obtener $ 2 millones para la adquisición de vehículos para el servicio penitenciario.

Moncayo destacó que en el 2011, el presupuesto superó los $ 109,5 millones para una población de 18.704 ppl; en tanto que en el 2014 y 2015 los recursos superaron los $ 150 millones para una población que no superaba los 27.000 ppl; pero que a partir del 2016 empezó un declive presupuestario mientras que la población carcelaria se incrementó hasta llegar al 2021 a una cifra que supera las 39.000 personas.

Tras las preguntas realizadas por los legisladores, el director del SNAI manifestó que en el año se han realizado 1.300 operativos en los centros penitenciarios, en los cuales se decomisaron 963 celulares.

En torno al hacinamiento, Moncayo dijo que se tomaron medidas como derivar a otros centros penitenciarios distintos a la Penitenciaría del Litoral, pues en Guayaquil diariamente ingresan 30 privados de la libertad.

Propuestas para fortalecer cárceles

Por su parte, el delegado del Ministerio de Gobierno, John Villacís, planteó cuatro ejes que deberían ser considerados por el Poder Legislativo para un mejor manejo del sistema penitenciario del país guiado por estándares internacionales y desarrollados para proteger derechos humanos de los ppl.

El primer eje tiene relación con el desarrollo normativo, a fin de que el Ecuador cuente con una Ley Orgánica de Régimen Penitenciario con un nivel que permita clarificar las funciones, presupuestos y el manejo de la rehabilitación social que tiene implicaciones internacionales. Esa nueva normativa podría cerrar algunos vacíos existentes y superar problemas presupuestarios.

Una segunda propuesta es establecer un régimen especial penitenciario, pues el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene tres regímenes: semiabierto, abierto y cerrado; pero ante un incremento del crimen organizado y de estructuras nacionales e internacionales, así como de violencia y desorden dentro de los centros, es necesario analizar la pertinencia o la viabilidad de crear un régimen especial un poco más fuerte para aquellos ppl que han formado parte de eventos de violencia, amotinamiento y una serie de circunstancias, sean debidamente tratados en otro espacio y no necesariamente con aquellos que no tienen el mismo nivel de peligrosidad, es decir, aplicar una adecuada clasificación de ppl.

Un tercer eje tiene relación con la valoración del proceso abreviado en los casos de reincidencia dentro de los centros penitenciarios, pues qué pasa si una persona sentenciada por asesinato comete otro asesinato en el centro carcelario, qué tratamiento se dará a esos casos.

La última propuesta que realiza el Gobierno es reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) y la Ley Orgánica del Servicio Público, para institucionalizar al cuerpo de vigilancia penitenciaria y que pueda contar con una carrera y profesionalización acorde con el nivel de riesgo y las funciones que desempeñan. (I)