Jaqueline vivió durante un mes en una oficina de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada frente al departamento que alquilaba, en La Floresta, y del cual fue desalojada el 18 de abril por no pagar la renta.

La mujer tiene ocho meses de embarazo y por orden judicial cumplía en el retén arresto domiciliario, pues desde hace seis meses un juez le concedió esta medida cautelar por una investigación por extorsión que se le abrió junto al padre del bebé que espera, quien está en la Penitenciaría desde noviembre.

Luego de que EL UNIVERSO publicara la historia, el juez del caso emitió una orden para que la gestante fuera trasladada finalmente al albergue Espíritu Santo, en el sur de Guayaquil. Esto se realizó la tarde del jueves.

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El subteniente Johnny Nolivo, responsable del circuito de Policía, dijo que primero se hizo una verificación del lugar, es decir, se constató que el albergue sea apto para que Jaqueline cumpla el arresto domiciliario y que no se vuelva a fugar, como ocurrió el 17 de abril, cuando salió del departamento que alquilaba y tras forcejear con una mujer policía escapó junto a un hombre en una camioneta.

Luego de ese episodio la dueña de casa desalojó a Jaqueline.

Nolivo mencionó que a diario se han emitido informes a la autoridad judicial sobre el estado de la embarazada.

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La comandante nacional de Policía, Tannya Varela, aclaró que si la mujer permaneció en la UPC tanto tiempo fue por una orden de un juez y que los policías la acataron porque de no hacerlo podrían ser procesados.

Jaqueline aseguró este miércoles no haber recibido atención médica y que no podía dormir en las madrugadas por la constante llegada de los detenidos.

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Lo familiares de la mujer la visitaron varias veces y le llevaban comida de vez en cuando, contaron los policías, sin embargo, no se la quisieron llevar a sus casas.

Los policías del circuito y varios vecinos le llevaban comida a Jaqueline, quien aclaró haber sido involucrada en el caso de extorsión por su expareja, que le robó su celular y desde su línea hizo varias llamadas extorsionando a un funcionario. (I)