Estos son los diez delitos que registran más detenciones en Ecuador el 2021

Las masacres dentro de cárceles y los robos que han sido registrados por cámaras de videoseguridad han marcado la noticia diaria de los medios de comunicación y redes sociales en largos episodios del 2021.

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A diferencia del 2020, año en que se inició la pandemia de COVID-19, los robos en este año han aumentado, por ejemplo. De enero a octubre pasados, se registraron 20.000 robos a personas a nivel nacional, unos 4.000 robos más que en el mismo periodo del año anterior.

Ese tipo de delitos siguen ocurriendo en sitios comerciales o poco comerciales y a cualquier hora, como el asalto del que fue víctima una persona en un patio de carros de la Kennedy, en el norte de Guayaquil, el lunes 20 de diciembre pasado.

Según las imágenes de un video de seguridad, el delincuente ingresa al establecimiento con un arma, tipo revólver, y apunta a varias personas. Luego se enfoca en quitarle la cadena a una de ellas. De inmediato corre hacia la calle principal, donde su cómplice lo espera en una moto. Los hampones no contaban con que serían detenidos minutos después por agentes policiales que atendieron la emergencia.

Este tipo de hechos forman parte de los delitos que registran más detenciones en el país, de enero a noviembre de este año.

En el primer lugar del listado constan las actividades de tráfico, producción y financiamiento para la producción de sustancias sujetas a fiscalización. De enero a noviembre pasados, 11.933 personas fueron detenidas por alguno de esos delitos, de un universo total de 84.000 aprehendidos. Una cifra similar a la del 2020 (11.692) y mayor a la del 2019 (9.853).

Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada, considera que el Estado no está usando las estrategias adecuadas para combatir el crimen organizado, que lo integran, por ejemplo, organizaciones dedicadas al narcotráfico en todas sus escalas.

“Los esfuerzos que hace la Policía creo que son importantes. Ahora, hay un problema en la Policía, a pesar de que existe el relato de fortalecer su eje preventivo y de inteligencia, en la práctica esto no sucede. Cada vez que hay una crisis carcelaria o una serie de homicidios, que tienen revuelo público, sí tienen un componente común que es la falta de respuesta de inteligencia criminal de la Policía. No existe un refuerzo sobre la capacidad de los analistas de Inteligencia de la Policía”, señala Rivera.

El investigador también cree que el servicio de Inteligencia estatal podría cumplir un papel más activo en las acciones para combatir al crimen organizado.

El general de la Policía Fausto Salinas Samaniego, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, sostiene que ese eje de trabajo opera con normalidad en la institución, aunque, asegura, necesitan de un instrumento legal para articular de mejor forma la colaboración entre los departamentos de inteligencia de las entidades de seguridad.

“Una ley para poder dar seguimiento a las amenazas delincuenciales, transnacionales. Siempre es necesario fortalecer más las operaciones. Por ejemplo, hay mucha tecnología que se debe potenciar en el intercambio de bases de datos, la trazabilidad de personas que ingresan al país sin documentos, para saber dónde están o si tienen algún antecedente. Hay muchas cosas que se tienen que potenciar”, enlista Salinas.

El uniformado también considera que se deben reformar ciertos apartados del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para combatir al crimen organizado que ha mostrado su capacidad de poder en las calles y cárceles del país.

“Mientras, en otros países un asalto o muerte con un arma de guerra las penas pueden ser de cadena perpetua”, refiere el oficial.

Violencia en los hogares

En segundo lugar del listado de delitos con más detenciones están las diferentes formas de violencia en contra de la mujer o algún miembro del núcleo familiar, considerados también de connotación social. Por esos hechos de violencia física, psicológica y sexual, 11.767 personas fueron detenidas de enero a noviembre anteriores. Como estadística relacionada, unas 60 personas fueron aprehendidas en investigaciones por femicidios, en ese mismo periodo. Según organizaciones que promueven los derechos de la mujer, de enero al 15 de noviembre de este año, “172 mujeres y niñas murieron violentamente por razones de género en el país”.

Este es un tema que intenta atender el Gobierno actual. El 25 de noviembre pasado, el presidente Guillermo Lasso anunció el aumento del presupuesto para erradicar la violencia contra la mujer, de $ 1,5 millones a $ 24 millones; y la implementación del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

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Fundaciones como el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) han seguido de cerca la problemática para exigir al Estado la aplicación de políticas que reduzcan los episodios de violencia en los hogares, la correcta atención de las víctimas y trato investigativo -apegado a derecho- de los casos de muertes de mujeres.

El 19 de diciembre, Cepam pidió a la Fiscalía que “aplique el debido proceso en el caso de Naomi Michelle Arcentales Sabando, de 25 años, quien se presume fue víctima de femicidio el 12 de diciembre de 2021 en la ciudad de Manta, provincia de Manabí”. Naomi era pareja de un fiscal de esa provincia.

Robos causan zozobra

El robo, en sus diferentes modalidades y objetivos, ha sido otro gran problema con el que la ciudadanía ha tenido que convivir en este año. Varios asaltos, incluso, han provocado la muerte de clientes de negocios, como ocurrió con un menor de edad en una heladería de Guayaquil, en octubre, y por eso familias dejaron de pasear o salir en horas de la noche.

De enero a agosto pasado, la Fiscalía registró 48.000 denuncias por robo a nivel nacional, 12.000 denuncias más que en el mismo periodo del año anterior.

Guayaquil ha sido una de las ciudades más golpeadas.

“Luego de lograr un poco la reactivación económica, se han reactivado otro tipo de actividades. También hemos tenido el involucramiento de personas de otras nacionalidades, entre estas, la colombiana y venezolana. Que se han mezclado (con delincuentes ecuatorianos) o han formado sus propias organizaciones delictivas, para operar con modalidades diferentes, modos de operar que han traído”, señala el mayor de la Policía Álex Castillo, jefe de la Subdirección de Investigación de Delitos contra el Derecho a la Propiedad, de la Zona 8 (Sidprobac Zona 8).

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Entre esos modos de operar está el uso de explosivos para abrir cajeros automáticos y tener acceso al dinero. La Policía investiga varios casos registrados en diferentes provincias.

El oficial Castillo destaca que tras identificar la forma de actuar de las bandas se elaboran estrategias para rastrear a sus miembros, levantar evidencias y capturarlos con la ayuda de la Fiscalía

“Estamos trabajando con ciertas estrategias para combatir tanto la oferta como la demanda de objetos robados. Como Sidprobac hemos ejecutado operativos en los mismos lugares identificados donde se han comercializado esos objetos. La receptación, como es un delito menor, no es juzgada con la misma contundencia como para decir que van a pasar años en la cárcel. Entonces salen de la misma y vuelven a la misma actividad”, sostiene el uniformado.

Los delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización, violencia contra la mujer y robos registran el 39 % de las 84.000 detenciones, según la data del Ministerio de Gobierno, de enero a noviembre pasados.

Otros delitos

El resto de tipos de infracciones que completan el listado de los 10 delitos que registran más aprehensiones, en cambio, suman el 20 %: conducción de vehículos en estado de embriaguez, 5.287 detenciones; tenencia y porte de armas, 3.221; lesiones, 2.534; hurto, 2.140; receptación (acopio de objetos provenientes de delitos), 1.639; violación, 957; y, abuso sexual, 834.

A diferencia de este listado, hay instituciones, como la Fiscalía y Policía, que incluyen otros delitos por su incidencia y connotación social. Por ejemplo, la Policía maneja la cifra de 2.345 homicidios intencionales y 17.903 estafas, del 1 de enero al 17 de diciembre pasados.

La ciudadanía espera que esos niveles de violencia e inseguridad ciudadana bajen para poder desarrollar sus actividades sin temor de salir de casa. (I)