A ocho años de reclusión mayor ordinaria fue sentenciado Rodrigo Daniel C. C., exdocente de una unidad educativa fiscal del sur de Quito, como autor de abuso sexual.

Según la Fiscalía, cometió el delito contra una estudiante de 11 años en junio de 2012, en un paseo de fin de año lectivo. Había asistido como ayudante del tutor de séptimo año para reforzar la seguridad de unas cuarenta alumnas.

Durante el viaje a la Costa, el exprofesor, ejerciendo relación de poder sobre la víctima que viajaba con su mejor amiga en un asiento doble, las ubicó en el sillón junto a la ventana para ocupar el que daba al corredor del bus.

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Aprovechando que las niñas estaban dormidas abusó sexualmente de la víctima, quien se dio cuenta de los toqueteos. Asustada, movió la pierna para despertar a su amiga y, al mismo tiempo, fingió despertar. Lo mismo hizo el docente: simular que se despertaba.

El chofer del bus detuvo la marcha en un paradero, entonces las niñas se bajaron para ocupar el baño. La víctima le contó lo sucedido a su amiga, quien al regresar al vehículo le pidió al docente que se fuera a su asiento.

Días después, la niña le contó a la psicóloga de la unidad educativa lo sucedido. Ella informó a la rectora, la que a su vez puso a la estudiante frente al profesor.

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El docente lo negó todo. Adujo que era sonámbulo y que no recordaba nada. También trató a la víctima de mentirosa, pero la amiga de la niña le dijo que era él quien mentía.

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La madre de la niña puso la denuncia en la Fiscalía. En esa época recibía llamadas de la madre del agresor, quien era profesora de la misma institución, y ofrecía pagar el tratamiento psicológico a cambio de que se retirara la denuncia. Además, la esposa del individuo pedía que no actuara de mala fe.

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Años después, en el inicio del año lectivo 2016-2017, el profesor volvió a dar clases en dicha institución con nombramiento provisional.

Al verlo de nuevo en la institución, la víctima que estaba por concluir la secundaria rompió a llorar, por lo que reabrieron el caso en la Fiscalía.

Los jueces que establecieron la pena impusieron $ 3.000 como reparación integral. (I)