La decisión que tomó la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo de aumentar a 13 años la condena del cabo segundo Santiago Olmedo caldeó los ánimos de la Policía Nacional, del Gobierno y de una parte de la población, que defienden como legítima la actuación del agente.

Olmedo abrió fuego y terminó con la vida de dos delincuentes, uno de ellos intentó asaltar a un menor de edad, en Riobamba.

En primera instancia, en enero de este año, Olmedo fue hallado culpable por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y se le sentenció a tres años y cuatro meses de prisión, más el pago de una multa y la entrega de una reparación económica de $ 20.000 para los familiares de los fallecidos.

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Tanto la Fiscalía como la defensa del uniformado apelaron, la audiencia se dio el 25 de agosto. Luego de escuchar los alegatos de las partes la Corte de Chimborazo dictaminó la máxima sanción para el gendarme.

El policía asegura que abatió a los presuntos delincuentes porque atentaron contra su vida. En cambio, la Fiscalía sostiene que el agente se extralimitó al disparar por la espalda a los dos sujetos. Ahora, la defensa del agente estudia interponer el recurso de revisión o el de casación para revertir el fallo y que se declare la inocencia.

Como pasa con Santiago Olmedo, más de cien gendarmes son procesados por la justicia. Según información proporcionada por la Comandancia de la Policía, desde el 2016 y hasta 2022 son 157 servidores policiales los que enfrentan procesos en su contra, por siete tipos penales.

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Los delitos por los que más se acusa a los uniformados son extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tortura, y homicidio. El 92 % de casos corresponde a estas tres figuras legales.

Tipo penal2016201720182019202020212022TOTAL
Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio1115252214381
Tortura4100501047
Homicidio035126118
Asesinato00031004
Homicidio culposo20011004
Lesiones11000002
Muerte culposa00000101
TOTAL4515103526224157

Los casos de agentes judicializados por eventos relacionados con el ejercicio de sus funciones son atendidos por el Departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional.

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Gustavo Gualle, jefe del área penal del departamento, está a cargo de la defensa técnica de varios gendarmes. Explica que la defensa institucional a los servidores policiales puede activarse de dos maneras. La primera es cuando el hecho que se imputa haya ocurrido en un procedimiento flagrante.

En estas circunstancias, señala Gualle, el policía tiene derecho a la defensa y patrocinio legal por los actos derivados de su cargo y función, como lo establecen el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) y la nueva Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

La última norma, que entró en vigencia el 22 de agosto, en el artículo 17 determina el derecho de los servidores a la defensa a través del patrocinio y asesoría jurídica especializada de una abogada o abogado institucional y de la Defensoría Pública en asuntos relacionados con el uso de la fuerza en cumplimiento de su deber legal hasta la finalización de los procesos, aun cuando hayan dejado de pertenecer a la institución.

La segunda vía para acceder a la defensa institucional es por disposición de las máximas autoridades, ya sea del Ministerio del Interior o del mando policial.

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No se brinda acompañamiento legal a los elementos que son investigados por acciones ajenas a sus funciones, por ejemplo, cuando existe sospecha de asociación ilícita, robo, crimen organizado, entre otros.

“Debe de existir un antecedente o una presunción de que los actos o los hechos que motivan el patrocinio institucional son consecuencia de los actos legítimos del servidor policial. No podríamos brindar un patrocinio institucional a servidores policiales cuya conducta pública sea evidente en cuanto al cometimiento de alguna infracción, por ejemplo, por asociación ilícita o robo, o algún otro tema que no guarde relación con los actos legítimos del servicio”, enfatiza Gualle.

Dependiendo de cómo transcurran las investigaciones, de la posición que asuma la Fiscalía y de las diligencias que se efectúen, los procesos pueden demorar años en resolverse. Según los registros del Departamento, hay algunos casos que llevan más de diez años y no finalizan o que retroceden etapas.

Uno de esos procesos extensos empezó en el 2010, en Pedernales (Manabí), cuando servidores policiales pertenecientes a una unidad especial liberaron a una persona secuestrada, relata Gualle.

En ese instante se produjo un cruce de balas con los delincuentes y uno de ellos falleció. El agente que provocó la muerte del antisocial es investigado por el delito de asesinato. La defensa argumenta que no existen elementos suficientes para mantener el tema abierto hasta ahora.

Otro caso que no avanza es el ocurrido en agosto del 2018, en el sector de Mascarilla, en el límite provincial entre Imbabura y Carchi, donde perdió la vida Andrés Padilla, durante disturbios en el control policial de la zona.

Un año después, en agosto del 2019, el policía David Velasteguí, quien disparó a Padilla, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa apelaron el veredicto. En diciembre de ese año, un Tribunal de Imbabura le dio la razón a Velasteguí y lo declaró inocente, puesto que determinó que el uniformado actuó de acuerdo al cumplimiento de sus funciones.

Por ese veredicto, la Fiscalía y la acusación particular plantearon el recurso de casación y lograron que el proceso retroceda nuevamente a la instancia de apelación. Ahora las partes esperan a ser convocadas a una nueva audiencia de apelación ante la Corte Provincial de Justicia, para presentar, otra vez, sus alegatos.

“Esto provoca absolutamente una incertidumbre en torno a las decisiones judiciales, pese a que ya existía un voto de mayoría a favor de nuestro compañero”, lamenta el jefe del área penal del Departamento de Defensa Institucional.

La semana pasada, tras el fallo de la Corte de Chimborazo que aumentó la sentencia de Santiago Olmedo, los altos mandos de la Policía, encabezados por el comandante Fausto Salinas, expresaron su respaldo a los servidores judicializados.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha abierto la posibilidad de conceder el indulto presidencial a los policías que resulten condenados. (I)