Familiares de reclusos fallecidos en masacres van ante tribunal popular simbólico a exigir justicia

Sin respuesta ni justicia por las masacres ocurridas en las cárceles, familiares de reclusos acudieron a un tribunal simbólico para pedir un juzgamiento en este caso.

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Era una instancia simbólica en la que se enjuiciaría al Estado por las casi 500 víctimas de las masacres que se han registrado en los últimos años en las cárceles ecuatorianas.

El delito que se quiere probar es la comisión por omisión, es decir, la inacción del Estado para evitar esas muertes violentas en las prisiones.

Hasta el auditorio de la Corte Provincial de Justicia, en Quito y 9 de Octubre, llegaron familiares de los reos asesinados, algunos activistas de los derechos humanos y personajes con experiencia judicial que actuaron como fiscales y jueces en el evento simbólico.

Allí, los parientes de las víctimas llegaron a dar sus testimonios y contar cómo fueron las muertes y la desatención que supuestamente hubo de parte del Estado.

El abogado Juan Vizueta, quien fue juez durante algunos años, era el fiscal en este juicio simbólico. Él mencionó que están agotando los recursos en el país antes de que los familiares demanden al Estado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), porque indican que no han recibido justicia ni ayuda psicológica tras las masacres, lo que les habría ofrecido la Secretaría de Derechos Humanos.

“Nos tomaron los datos ahí en la morgue y dijeron que nos iban a dar seguimiento y tratamiento para superar esto, pero nunca llamaron”, aseguró Álex Burbano, hermano de Jonatan, quien murió en la masacre del 27 de septiembre del 2021, cuando murieron 119 reos en la Penitenciaría.

Mercedes Vallejo también su testimonio en el juicio. Contó que su hijo murió tras ser acuchillado del 21 de febrero del 2021 en la cárcel de Guayaquil.

“Salió herido y lo llevaron hacia el hospital del Guasmo y murió unos días después. Casi 15 días después yo lo encontré en la morgue cuando fui a dejarle medicinas y ropa”, relató Vallejo.

Ella señaló que su hijo era un joven con discapacidad mental del 70 %, que no tuvo para oportunidad de recibir sus medicamentos, pese a una orden judicial.

Mayra Rosado dio su testimonio de forma virtual. A través de una pantalla contó que su hijo ya había terminado su sentencia cinco meses antes de ser asesinado en una de las masacres de la Penitenciaría.

“A mi hijo le dieron un año por robar un teléfono, pero estuvo cinco meses más por la pandemia. No le daban la boleta porque no había atención”, explicó Rosado.

Su hijo estuvo en el pabellón 5 ala 1, donde murieron casi el 60 % de los privados de libertad el 28 de septiembre.

Según la mujer, ya se había anunciado la masacre y aseguró incluso que los guías habían soldado las rejas para que no salgan los reos a los que iban a liquidar.

Muchos llamaron a despedirse y a pedir que cuiden a sus hijos porque sabían que los iban a matar. Yo pido justicia por mi hijo, dijo.

En la cita también estuvo el hijo de Jhon Campusano Triviño, el contador de una empresa implicado en el caso Ispol.

Su hijo contó que los representantes legales y accionistas de la compañía huyeron tras el escándalo y que al único que detuvo la Fiscalía fue su padre, que asegura no robó ni un centavo.

Al hombre le dictaron prisión preventiva y cinco semanas después fue masacrado. Ocurrió el 12 de noviembre del 2021. (I)