De los miles de llamadas que a diario recibe el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, el 37 % de esas comunicaciones es catalogado de “mal uso”, es decir, no corresponden a incidentes o emergencias reales. Ese es el porcentaje que se registra en lo que va del 2022.

En el 2021, el nivel de llamadas de mal uso llegó al 39 %, reveló Daniela Saltos, directora general del ECU911, en un conversatorio realizado días atrás por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que participaron varios países.

Saltos lamentó que las llamadas de falsas emergencias continúan altas pese a los esfuerzos y campañas comunicacionales por concienciar a la ciudadanía sobre el buen uso de la línea única de emergencias 9-1-1.

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Lo perjudicial de esta situación es que los servicios de socorro se desvían de los casos que realmente requieren atención, lo que a su vez, implica desperdicio de recursos económicos, logísticos y de tiempo. Además, provoca saturación de llamadas, complicando la disponibilidad de equipos para salvar vidas.

Existen sanciones judiciales estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para quienes hacen mal uso de la línea de emergencia.

Según el artículo 396 del COIP -que trata de las contravenciones de cuarta clase-, será sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días la persona que de manera indebida realice uso del número único de atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia y que implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia.

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De acuerdo con el Departamento Jurídico del ECU911, hasta el momento no existe registro de personas sancionadas con pena privativa de libertad a nivel nacional, “puesto que las llamadas de mal uso que se han recibido e identificado no han ocasionado desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia”, precisó.

Para aplicar las sanciones el ECU911 posee una plataforma tecnológica que permite identificar en tiempo real el nombre de la persona a la que pertenece la línea telefónica desde donde se hizo la llamada.

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“Este sistema se complementa con el software de geoposicionamiento instalado en las consolas de las salas de operaciones y que sirve para conocer en tiempo real dónde se encuentra la persona infractora. El proceso de identificación, evaluación y posterior sanción es un esfuerzo interinstitucional con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), entidad encargada de ejecutar las suspensiones”, explicó la institución.

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El ECU911 reconoce que el mal uso de los servicios de emergencia también puede darse por marcaciones accidentales o involuntarias, por llamadas sin interlocutor o ruidos de fondo que no se relacionen con una situación de emergencia, indica en su página web.

Pero también suceden llamadas mal intencionadas que tienen como propósito realizar insultos, burlas, acoso sexual, agresiones o insinuaciones que atentan contra la integridad del servicio y del servidor, advierte la entidad.

Aparte de las sanciones penales, existen otros mecanismos preventivos para castigar a los usuarios que no respetan la línea de emergencia. Se trata de suspensiones de los servicios de telefonía a corto y largo plazo, y de manera definitiva.

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La suspensión de corto plazo dura 30 días, en los cuales el usuario no podrá efectuar llamadas ni enviar mensajes de texto, tampoco podrá acceder a números de emergencia. Durante este tiempo solo podrá recibir llamadas y mensajes.

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En la suspensión de largo plazo los servicios de telefonía quedan inactivos por 180 días. El ECU911 explica que en el caso de servicio de telefonía celular, además, queda bloqueado el dispositivo móvil y el código IMEI es incluido en la base de datos de terminales suspendidos por realización de llamadas que afectan a servicios de emergencia.

La suspensión definitiva se aplica cuando la persona ha sido reincidente. Los prestadores de servicios finales de telecomunicaciones darán por terminada la relación de prestación de servicios a los abonados.

Esta sanción no podrá ser impugnada, tampoco se podrá reasignar nuevamente el número suspendido a la persona que incurrió en la falta. En el caso del servicio de telefonía celular también se bloquea de manera definitiva el dispositivo móvil, cuyo IMEI se incluirá en la base de datos de terminales suspendidos.

En lo que va del año, entre enero y el 1 de noviembre, han sido suspendidas 56.743 líneas telefónicas. Del total, 49.485 líneas tuvieron una suspensión de corto plazo, 7.080 fueron de largo plazo y 178 fueron suspensiones definitivas, según registros del ECU911.

Los propietarios de las líneas telefónicas suspendidas pueden solicitar a la institución que se revise el motivo de la suspensión. Si la institución acoge el pedido, requerirá a la ARCOTEL que reactive el servicio. (I)