La mayor de Policía de Cayambe Rafaela Montoya fue declarada inocente de la acusación de calumnias por parte de dos abogados de la Defensoría Pública, criticados por ella tras la liberación de cuatro delincuentes que habían sido detenidos en delito flagrante.

El juez que conoció el caso no solo ratificó su estado de inocencia, sino que calificó la acusación contra la oficial como maliciosa y temeraria, lo que da lugar a acciones legales contra ellos, pero que no se seguirán para zanjar la discrepancia ahora mismo, comentó después de la audiencia el abogado Gustavo Valle, miembro del Departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional.

El juez no encontró sustento en la acusación contra Montoya, quien declaró el pasado 19 de noviembre que no es ético que los defensores públicos que patrocinaron a cuatro delincuentes atrapados con electrodomésticos que acababan de robar de un domicilio fueran a reunirse con la víctima del asalto para ofrecerle un acuerdo reparatorio.

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En la audiencia, en la que los abogados pretendían llevar a prisión a la oficial de Policía, el juez resaltó que ella, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión y a criticar a los funcionarios públicos -en este caso a los abogados de la Defensoría Pública- por el ejercicio de sus funciones.

La resolución significa un gran precedente, dijo el abogado que defendió a Montoya, porque ayuda al accionar de la Policía contra el cometimiento de delitos.

Captura de pantalla del portal 'El Hemisférico' con la advertencia que hizo la oficial Rafaela Montoya sobre los antecedentes penales de cuatro detenidos en delito flagrante que salieron libres al día siguiente bajo el patrocinio de la Defensoría Pública. Foto: Cortesía Hemisférico

“Como servidores de la Policía necesitamos ayuda interinstitucional a efectos de que la lucha contra la delincuencia la hagamos de manera coordinada”.

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A su salida de la audiencia, la mayor evitó dar declaraciones, pero los miembros del Departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional expresaron que “esta no es una lucha entre instituciones, aquí existió un desatino por parte de los abogados de la Defensoría Pública que plantearon la denuncia, pero todo termina aquí”.

El caso se originó el 19 de noviembre pasado en Cayambe, a 67 kilómetros de Quito, cuando Montoya dio una rueda de prensa en la que expuso que cuatro asaltantes quedaron libres al día siguiente de ser capturados por robo, porque sus defensores públicos fueron a buscar a la víctima a ofrecerle el pago de $ 800 para que desistiera de la acusación.

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El procedimiento legal que se aplicó fue el de la conciliación, pero según Montoya, no se tomó en cuenta que entre tres de los detenidos ecuatorianos (el otro es venezolano) suman 18 procesos judiciales por robo, posesión de drogas y acusaciones de asesinatos. “Entendemos que es legal el procedimiento, pero resaltamos la participación tan activa de la Defensoría Pública” para defender a los acusados, se quejó la oficial, que dio los nombres de los abogados que hoy la demandan por presuntas calumnias.

En una transmisión en vivo del portal El Hemisférico de Cayambe, la oficial se refirió a la conciliación como “un buen negocio” para los asaltantes: “Robo cinco veces, me detienen una y con ese sí hago un acuerdo reparatorio. ¿Y las demás víctimas? Con ellos no hubo acuerdos reparatorios porque no fueron detenidos”.

El juzgado de Cayambe señaló que la mayor Rafaela Montoya tiene derecho a la libertad de expresión como cualquier otro ciudadano. Foto: Cortesía Hemisférico

“Nosotros nos sentimos frustrados porque hacemos nuestro mejor trabajo como policía y nos encontramos con estas respuestas de la administración de justicia, que puede ser legal, ¿pero qué tan ético resulta tener defensores públicos para los procesados y no para las víctimas?”, declaró hace dos meses la oficial, que esta vez no habló con la prensa, pero sí agradeció a los pobladores y autoridades locales que fueron a respaldarla en los exteriores del juzgado.

La víctima del robo se arrepintió de poner una denuncia contra los aprehendidos que forzaron la entrada de su domicilio “porque no quería tener problemas con ellos después”.

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A pesar de eso, el fiscal del caso emitió un dictamen acusatorio y pidió prisión preventiva para los delincuentes, lo que fue acogido por el juez, pero según el relato de la oficial Montoya, en ese momento el defensor público dijo en la audiencia: “Nosotros ya tenemos un acuerdo reparatorio con la víctima, pregúntele si está de acuerdo en que le paguen $ 800″. Y dijo que sí.

Los aprehendidos, una vez liberados, se bajaron las mascarillas para mostrar su sonrisa a los policías que los atraparon y se fueron.

La vicealcaldesa de Cayambe, Katherine Montenegro, respaldó el trabajo de la Policía y pidió a la Asamblea que reforme el Código Orgánico Integral Penal (COIP), “porque los tiene atados de manos” para actuar contra la delincuencia. (I)