A más de un año de la masacre de 20 internos de la cárcel de Turi no se da con los responsables y la investigación podría archivarse

Ha transcurrido más de un año de la masacre ocurrida en el interior del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi, en la que 20 internos fueron las víctimas y hasta el momento las autoridades no han podido determinar responsabilidades, por lo que el caso sigue en investigación.

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Quienes vivieron de cerca esa sangrienta jornada registrada el 3 de abril de 2022 creen que hay deficiencias en las políticas nacionales de rehabilitación social.

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El motín carcelario en Turi es una página negra en la historia local de los últimos años por el resultado final: 20 personas privadas de la libertad (ppl) asesinadas cruelmente, con los cuerpos desmembrados, decapitados, y al menos diez heridos por sus propios compañeros de prisión.

Más de un año después de este suceso, desde la Fiscalía del Azuay no se han podido encontrar responsables, lo explica su principal, Leonardo Amoroso, quien dice que desde esa fecha se han ejecutado algunas diligencias médico-legales como autopsias, identificación de cadáveres.

Además, reconstrucción de desmembrados y decapitados, recepción de versiones de testigos, siete valoraciones médicas, un análisis documental y pericias de transcripción de la información de las cámaras de seguridad.

Entre las razones para que el caso no avance están varios “nudos críticos”, como les llama el fiscal. Entre esos están los traslados a otras prisiones del país y la fallida recepción del testimonio anticipado a 20 privados de la libertad como testigos presenciales por una “falta de conectividad”.

Y es que para la audiencia anunciada para el 25 de abril del 2022, los involucrados fueron llevados a la cárcel conocida como La Roca en Guayaquil y no se conectaron por una falla técnica. No se insistió en una nueva audiencia porque se desconoce si estas personas se mantienen en La Roca o recuperaron su libertad.

Otro nudo crítico, según Amoroso, es la falta de recursos humanos y técnicos para cumplir con las diligencias, porque en Cuenca “no se cuenta con el número de peritos policiales suficiente”, que bajó de 20 a 17.

Tampoco existen los “suficientes recursos técnicos para la extracción de la información de los celulares”, lo que deriva en que estos análisis se realicen en Quito, lo que implica una demora adicional y un “entrampamiento en la investigación”, expresa el fiscal.

Para rematar las limitaciones, el funcionario identificó que se “maneja un código de seguridad entre los privados de la libertad, inclusive entiendo los mismos guías, los policías, nadie sabe nada, nadie ha visto nada”.

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Y aunque en algunos videos internos se notan algunos rostros es necesario conocer un nombre, y para aquello tampoco han recibido el apoyo de los funcionarios del CPL que los conocen o por sus nombres o sus alias, pero nadie ha hablado al respecto.

Todas estas limitaciones implican el riesgo de que el caso se archive, según el artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde se señala que “transcurridos los plazos señalados, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de diez días, solicitará el archivo de la causa, sin perjuicio de solicitar su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos, siempre que no esté prescrita la acción”.

William Egas, comandante de la Subzona de Policía Azuay, recuerda muy claro ese día, porque fue uno de los primeros en ingresar a los pabellones y ver algo que en su memoria guarda como “impresionante”, porque en el piso había cuerpos mutilados. La jornada empezó a la 01:30 y hasta las 03:30 ya se tenía controlada la situación.

Junto con sus colegas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) aplicaron un protocolo de respuesta que antes ya habían repasado en los simulacros.

Uno de los momentos más peligrosos se dio al ingreso, porque fueron recibidos con francotiradores ubicados en las partes altas de las edificaciones que portaban fusiles y estaban listos para liquidarlos.

Más de un año después de esta peligrosa experiencia, reflexiona que es necesario mejorar los procesos de rehabilitación social como una forma de evitar estos enfrentamientos. Y si bien desde ese entonces no se ha presentado un percance similar, califica al CPL de Turi como una bomba de tiempo lista para explotar.

Otro hecho cierto dentro del CPL de Turi es que los directores no han durado mucho tiempo en su cargo. Uno de los últimos en ocupar esta dignidad fue Omar León, un policía retirado que renunció el 13 de marzo pasado tras recibir amenazas por parte de unos reos a través de panfletos donde lo acusaban de supuestos actos de corrupción.

En este encargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) solo duró seis semanas, un mes y medio.

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En cuanto a los procesos de rehabilitación León asegura que desde dicha instancia se ha intentado todo para ejecutarlos, pero esto “no puede condicionarse a una persona que cuando le da la gana para o lo activa”.

Reconoce que durante el tiempo que pasó como director trató de apaciguar los problemas generados por algunos sentenciados y que mantienen bajo una amenaza constante a los funcionarios administrativos, lo que derivó en que, hasta esa fecha, el poder está distribuido de la siguiente manera: 70 % en manos de los reos y el 30 % en las autoridades. (I)