El femicidio de la abogada María Belén Bernal conmocionó a todo el país. Ante esto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ofreció fortalecer la lucha contra la violencia de género.

Dijo que esto será a través de la Secretaría de Derechos Humanos. En cadena nacional difundida la noche del viernes 23 el Ejecutivo ofreció destinar todos los recursos necesarios para que la Ley y el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género sean efectivos.

Anunció que trabajarán con las instancias de administración de justicia para no revictimizar a las mujeres y sus familias y que el acceso a la justicia sea efectivo.

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También aseguró que invitará a representantes de organizaciones de mujeres y de derechos humanos para colaborar en los cambios necesarios para que se erradique la violencia en contra de la mujer.

“A nombre personal, de María de Lourdes y mi familia, quiero expresar mi solidaridad a la madre y familiares de María Belén Bernal, y como presidente de la República les quiero pedir perdón, porque esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público, donde se forman quienes deben protegernos”, enfatizó Lasso.

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Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo la madrugada del 11 de septiembre y el cuerpo fue encontrado en el cerro Casitagua el 21 del mismo mes. A menos de cuatro kilómetros de la escuela de formación policial.

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El principal sospechoso es Germán Cáceres, el esposo de la ahora occisa, quien se desempeñaba como instructor en dicho centro de formación.

Virginia Gómez, directora de la fundación feminista Desafío, refirió que los ofrecimientos del presidente son buenos, pero que no debe quedar en palabras nada más, como a su juicio se ha hecho desde que asumió el mandato y no se han cumplido varios de los anuncios.

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“Aquí no hay nada que inventarse en temas de soluciones, tenemos una Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos un Plan Nacional de la Erradicación de Violencia, tenemos un Código Penal, tenemos estrategias, un movimiento de mujeres presto a apoyar, pero no ese movimiento social que estuvo en contra de la ley de violencia y del que el presidente es parte”, enfatizó.

Gómez explicó que esta Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia está vigente desde 2018, la cual contaría con factores como el cambio de patrones socioculturales que promuevan el machismo, que las víctimas tengan una reparación integral, trabajar en temas de prevención, la existencia de un registro único de violencia para que las instituciones de justicia trabajen juntas con el sistema de violencia.

Para que esto que establece la ley se cumpla, señaló, se vuelve necesario que se destinen recursos, especialmente para la implementación de la ley a través de los municipios, para poner en práctica el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia con campañas en entidades e instituciones que promuevan acciones contra la violencia.

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“Las mujeres no solo queremos que le pongan preso al que nos viola, al que nos mata, al que nos violenta, lo que queremos las mujeres es que no nos maten, no nos violenten, que no nos violen, eso es lo que queremos”, aseveró.

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Para Andrea Quijije, coordinadora del movimiento Mujeres por la Justicia y parte del movimiento Mujeres por el Ecuador, el presidente no solo se debe enfocar en la asignación de recursos, sino que debe consultar con todas las representantes de movimientos sobre lo que las mujeres quieren y necesitan, “no lo que le digan sus ministros y expertos”.

Criticó que el mandatario hable de destinar los recursos necesarios cuando se han cerrado casas de acogida para víctimas de violencia, también mencionó el cierre del Programa de Erradicación de Trabajo Infantil, el que permitiría conocer la verdadera situación sobre la trata de niñas y explotación infantil.

Quijije agregó que se necesita construir una política pública que sea clara, que proteja y garantice un sistema sin vicios, que las fiscalías y las unidades judiciales tengan expertos en enfoque de género, que conozcan los protocolos nacionales e internacionales para la atención a sus víctimas.

También cuestionó la división de los ministerios de Gobierno y del Interior. A su criterio, los recursos destinados a un ministerio que se encarga solo de la Policía (del Interior) podrían ser aprovechados en crear nuevas casas de acogida para niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, de mujeres violentadas, y seguridad para estas.

“Lo que tenemos ahora es insuficiente, nos han quitado todo, no existe una instancia que se preocupe realmente de los delitos que se cometen contra las mujeres, por ejemplo, antes había el Consejo Nacional de las Mujeres (…), debería haber un espacio parecido para poder fortalecer la política pública, el tema del destino de los recursos y que exista un nexo entre el Gobierno y las mujeres”, agregó Quijije.

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Angie Carrillo desapareció en enero de 2014, luego de dos años y medio fue encontrada enterrada a una cuadra de la casa de su agresor. Su madre, Yadira Labanda, dijo que esto es lo más doloroso que como madres pueden vivir, porque no esperan encontrar a sus hijas en esas situaciones.

Ella señaló que como familias víctimas de femicidios se han unido para apoyar a familiares que no encuentran a sus seres queridos o que recientemente han pasado por el asesinato de uno de sus miembros. Ahora, con más miedo, pues en este año cuentan que son más de 206 mujeres asesinadas por temas de género.

“Cuando yo escuché al presidente, dije es como un discurso más, que ya no se cree; no sabemos si esta vez será real o solo fue tratando de apaciguar toda la tensión que se está viviendo a nivel nacional y que destapó toda la situación, toda la violencia que se está viviendo en una institución que debería brindarnos seguridad”, argumentó Labanda.

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La madre de familia cree que no se han cumplido los discursos de campaña realizados por el presidente, quien ofreció erradicar la violencia de género, pues cada vez existen más mujeres asesinadas.

“Hay una ley muy bonita que no le dan prioridad (…), el caso de María Belén Bernal es emblemático, pero también existen casos en otras ciudades en las que no existen los recursos suficientes para las diligencias, peritos y acciones que brinden justicia, a veces se demoran en una diligencia meses”, añadió. (I)