Unos 2.500 presos de la Penitenciaría del Litoral han sido trasladados entre el Centro de Privación Zonal 8 (Regional) y la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, Manabí. En este grupo se consideran también rotaciones internas en la propia Penitenciaría, centro reclusorio ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Daule, a 500 metros de la Regional, en el norte de Guayaquil.

“Lo que queremos es el control de cárceles, pero sobre todo limpiar cosas indebidas que estén ahí”, refirió este 9 de noviembre el ministro del Interior, Juan Zapata, quien sostuvo que con los traslados de reclusos se apunta a debilitar a las bandas delictivas.

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Es conocido que cada uno de los doce pabellones de la Penitenciaría es manejado por grupos específicos.

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En los últimos meses trascendió que el 1 y 4 está bajo el control de los Latin King; el 2 lo dominan los Chone Killer; en el 3, 6 y 7 manda JR; en el 5 y 12, Fito, de Los Choneros; el 8 es de Los Tiguerones; el 9, de Los Lobos; y el 10, de alias Samir.

Cada bloque se ha convertido en una especie de fortín para estas bandas y los traslados buscan desmontar aquello. Hasta el martes de esta semana se habían intervenido los pabellones 2, 4, 5 y 6, según Zapata.

Pero este accionar dispuesto por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ha generado observaciones desde instancias como la academia.

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Más aún cuando a raíz de los traslados de reclusos, el 1 de noviembre, se desataron una serie de ataques violentos en Guayaquil y otras localidades del país, situación que motivó la declaratoria de estado de excepción en tres provincias: Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Antes de consumarse un primer traslado de internos desde Guayaquil hasta Portoviejo, físicamente y en redes sociales circularon panfletos atribuidos a las bandas Los Tiguerones y Los Lobos (aliados con el cartel Jalisco Nueva Generación) que advertían con actuar con su “poder logístico y armado” si se llegaba “a tocar” a integrantes de estos grupos de los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral.

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Según videos de supuestos integrantes de ambos grupos delictivos, con ese traslado se favorecería a bandas contrarias, en este caso Los Choneros (afines al cartel de Sinaloa).

Con maquinaria pesada el martes de esta semana se derrumbó el pabellón consular de la Penitenciaría. Foto: Tomada de Presidencia. Foto: El Universo

En entrevista con este Diario, Luis Córdova, quien dirige el Programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostuvo días atrás que llama la atención que a excepción de semanas recientes, durante los últimos siete meses los operativos antinarcóticos golpearon, principalmente, a las estructuras rivales de Los Choneros.

Eso y otros factores, dijo el doctor en Ciencias Políticas, llevarían a pensar que la estrategia oficialista sería “volverle a dar hegemonía” a Los Choneros para pactar con ellos la pacificación de las cárceles y de las calles.

Pero el ministro Juan Zapata descartó aquello. “En ningún momento”, respondió el funcionario y explicó que las intervenciones en los reclusorios son acompañadas por personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas, pero que la planificación y directrices vienen dadas por el SNAI.

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“Si ellos determinan que son los 36 centros (cárceles que deben ser intervenidas), nosotros tenemos que apoyar. Ahora usted sabe que se requiere, lo que están haciendo ahorita, obra civil, demoliciones y todo eso, por eso la planificación la lleva el SNAI”, insistió el secretario de Estado.

Él se refirió así a la destrucción del pabellón consular en la Penitenciaría del Litoral, una estructura en la que no había presos y que era utilizada por reclusos para disparar con armas largas a policías y militares cuando se pretendía alguna intervención u operativo.

Responsables de atentados

Hasta el martes de esta semana, según el ministro del Interior, hubo 32 personas detenidas y judicializadas por los ataques criminales perpetrados en el país en espacios públicos, gasolineras, sedes policiales y otros lugares.

“Quince de una organización y 17 de otra ya han sido, obviamente, puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para la judicialización. Detenidos y judicializados, y seguimos”, expuso.

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Las investigaciones de los atentados en los que se usaron explosivos van “bien encaminadas”, sostuvo el ministro Juan Zapata y llamó a la unidad del país.

“En este momento el crimen organizado le declaró la guerra al Estado, no a la Policía ni al Gobierno, al Estado. A la comunidad, a la ciudadanía, han atacado gasolineras. El mejor mensaje que yo le doy es unidad. No es el momento de la división ni de la política, es unidad”, enfatizó el funcionario. (I)