Más de 700 reos que cumplieron su sentencia o accedieron a beneficios penitenciarios han sido liberados, anunció el Gobierno central

El Gobierno de Ecuador informó que entre el 15 y 22 de diciembre del 2021, más de 700 reos han sido liberados de diversos reclusorios a nivel nacional.

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Se indicó que 680 reclusos que tenían boleta de excarcelación fueron liberados. Asimismo, al menos 160 reos accedieron a beneficios penitenciarios o cambio de régimen, sobre todo en los reclusorios ubicados en las provincias de Azuay, Cotopaxi, Manabí y Guayas.

El objetivo de esta medida es reducir el hacinamiento en los centros de privación de libertad a nivel nacional. En el 2021, al menos 300 reos fueron asesinados por enfrentamientos entre bandas vinculadas con el narcotráfico.

La Penitenciaría del Litoral fue el sitio donde se registró la mayor cantidad de reos asesinados. Entre septiembre y noviembre del 2021, más de 180 internos perdieron la vida. Algunos fueron incinerados y decapitados en los enfrentamientos.

Asimismo, entre el 20 y 21 de diciembre pasado, se desarrolló el plan piloto para la implementación del censo penitenciario, previsto para este 2022 en los 36 centros de privación de libertad en el Ecuador.

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Para la realización de este proyecto, están trabajando en forma coordinada el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Secretaría de Derechos Humanos, Registro Civil.

También participan la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional y el directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

La grave crisis carcelaria que enfrentó el país propició que el Gobierno central adopte varias medidas, como los reiterados estados de excepción para intentar controlar estos espacios. Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresaron hasta los reclusorios durante varias semanas.

Asimismo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó la conformación de una comisión integrada por nueve expertos nacionales y extranjeros en el tema de crisis carcelaria, quienes deben presentar un informe sobre estrategias, planes y programas que permitan fortalecer el sistema de rehabilitación social. (I)