La Policía Nacional rechazó la decisión judicial que otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva para doce venezolanos y un ecuatoriano detenidos la madrugada del jueves en un operativo de inteligencia policial.

A los procesados se les dispuso la presentación periódica en un despacho judicial y prohibición de salida del país.

El Operativo Sigilo 25 permitió la aprehensión de trece personas que presuntamente se dedicaban a delitos como tenencia y porte de armas de fuego, receptación, secuestro y extorsión bajo la modalidad conocida como vacunas (extorsión).

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En los allanamientos realizados lograron incautar tres armas de fuego, seis dispositivos móviles, 120 municiones de armas de fuego, varias tarjetas de débito y crédito, un vehículo reportado como robado, entre otros indicios.

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El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que tienen indignación por las medidas tomadas, que en procedimientos en los que se pone en riesgo la vida de los policías se tomen decisiones “absurdas de jueces que no apoyan a la lucha contra la inseguridad”.

“Este es un tema que nace por flagrancia, es decir, un comerciante quiteño ya fue vacunado (extorsionado) por tres veces, él se cansa de entregar dinero y denuncia a la Unase. Cuando generan las acciones investigativas y luego las operaciones tácticas y se aprehende a trece delincuentes, se les encuentra con todas las evidencias (...); lastimosamente, pese a que la Fiscalía pide la prisión preventiva, estos jueces a las 02:00 les dejan prácticamente en libertad”, enfatizó.

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Agregó que enviarán la queja al Consejo de la Judicatura y que esperan acciones en contra de los jueces que adoptaron esta medida.

Por presunto secuestro extorsivo, doce venezolanos y un ecuatoriano fueron detenidos en Quito

“Como Policía Nacional solicitamos a las autoridades de justicia el respaldo y apoyo al trabajo que realizan los servidores policiales que día a día arriesgan su vida (...). Como institución recalcamos que nos encontramos en la lucha permanente contra la delincuencia, siendo imprescindible que exista el trabajo mancomunado entre las instituciones del Estado con la finalidad de combatir al crimen organizado y delincuencia común”, según el comunicado.

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Ayer, en rueda de prensa, Freddy Sarzosa, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), puntualizó que esta presunta banda amedrentaba a las víctimas con disparos de arma de fuego en contra de domicilios y de propiedades.

También puntualizó que enviaban mensajes de texto a través de WhatsApp y videos de presuntos seguimientos y acciones delictivas. (I)