Insatisfecho por la liberación de cinco presuntos delincuentes -entre los cuales estaría el asesino del director de la cárcel de El Inca-, a quienes un juez dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el presidente Guillermo Lasso declaró al magistrado como “enemigo de la seguridad pública, defensor de delincuentes”.

“No puede ser que el esfuerzo de la Policía Nacional termine en la irresponsabilidad de un juez que deja libre a avezados delincuentes”, recriminó Lasso en un evento público la mañana del miércoles 14 de diciembre y pidió al Consejo de la Judicatura aplicar “una sanción ejemplar” para el enjuiciador.

Aunque en sus declaraciones el mandatario dijo erradamente que el apellido del juzgador era Oñate, en realidad se refirió a Vicente Rubén Oña, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe, ubicada al sur de Quito.

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Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado sobre el planteamiento del jefe de Estado.

‘A ese juez de apellido Oñate lo declaro enemigo de la seguridad pública, defensor de delincuentes’

El 9 de diciembre, Oña llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia en contra de los ecuatorianos Bryan Armando C., Carlos Gabriel S., Luis Alfredo A. (alias Gordo Luis), Erick Ariel A., y el venezolano Yoneiky M., quienes fueron aprehendidos por la Policía por el presunto delito de tenencia y porte de armas.

Por pedido de la Fiscalía, el juez Oña dispuso en contra de los cinco sospechosos medidas cautelares tipificadas en los numerales 1 y 2 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que consisten en prohibición de ausentarse del país y obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe.

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Los procesados deberán presentarse ante el fiscal que conocer la causa los días lunes, miércoles y viernes, en el horario entre las 08:00 y 16:00. Sin embargo, Luis Alfredo A. no asistió el miércoles, justificándose con un certificado médico que, según el Gobierno, sería falso.

El mismo día que el presidente Guillermo Lasso increpó la decisión del juez, uno de los sospechosos, alias Gordo Luis, quien sería cabecilla de la banda Los Lobos, fue nuevamente capturado por la Policía en Quevedo, provincia de Los Ríos. El delincuente fue detenido junto a otras personas con siete kilos de droga, fusiles y pistolas.

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Cabecilla de Los Lobos, que recibió medidas sustitutivas, fue recapturado con droga y armas

En enero de 2017, el juez Vicente Rubén Oña ordenó la detención con fines investigativos de Leonardo Bohrer (expresidente de Barcelona S. C.) como parte de las indagaciones por casos de corrupción en Petroecuador.

En lo que va del 2022, con corte al 31 de octubre, el magistrado registra un promedio de 19 resoluciones mensuales y tiene 17 causas en trámite, según la Dirección Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, que evalúa la productividad de los juzgadores. (I)