El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 del gobierno de Daniel Noboa Azín no tiene un eje específico de seguridad.

Gustavo Cuesta, subsecretario general de Planificación, indicó que el tema de seguridad consta dentro del aspecto social.

Adujo que el Gobierno aborda la seguridad, que tiene sus orígenes en brechas sociales.

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El eje social, explicó en un seminario sobre conflicto armado no internacional organizado por universidades de Quito, tiene objetivos dentro del plan de desarrollo.

En el territorio nacional desde el 8 de enero de este año rige un estado de excepción que incluye toques de queda focalizados, según el nivel de peligrosidad de las diferentes localidades.

Y desde el día siguiente, 9 de enero, está vigente la declaratoria de conflicto armado interno, según el Decreto Ejecutivo 111 en el que se identificó como grupos terroristas a 22 bandas del crimen organizado transnacional.

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A través de una proyección se explicaron cuáles eran los objetivos del eje social, entre ellos, reducción de la pobreza, mejorar la salud, derecho a la vivienda, acceso universal a la educación.

Adicionalmente, contrarrestar las economías criminales fortaleciendo las acciones de investigación, persecución y control de la delincuencia organizada, el narcotráfico, la minería ilegal, el control migratorio, fortalecer a las instituciones y entidades de defensa.

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En 2023, la tasa nacional de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes se ubicó en 45,11, según gráficas presentadas por Cuesta.

En enero de 2024 hubo 476 crímenes, mientras que febrero cerró con 365 homicidios en el territorio nacional. Esta cifra significó el 23,32 % menos de asesinatos con relación a lo que hubo en enero.

Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, quien fue uno de los panelistas, señaló que la provincia de Esmeraldas se ubicó como la más insegura en Latinoamérica, lo cual atribuyó a las brechas de pobreza.

Según Villacís, los niños de esa provincia que se destacan en actividades deportivas como el fútbol no tienen dónde perfeccionarse, como una cancha, por lo que llegan a ciudades como Guayaquil o Quito en búsqueda de obtener una oportunidad.

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Cuestionó la difusión de programas televisivos sobre narcotráfico, que, según su criterio, harían que luego integren grupos delictivos.

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Se quejó además de que Esmeraldas no recibe nada a pesar de contribuir con la industria petrolera.

“Nos hablan como que somos el paso de la droga, qué pena escucharlos, pero no podemos regularizar un puente para abrir una frontera comercial con Colombia”, dijo.

Sostuvo que cuando se invierte no solo en represión, sino en mayor oportunidad al ser humano, comienzan a bajar los índices de delincuencia, y esos índices de violencia, dijo, están más bajos que Manabí.

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Villacís indicó que en diciembre pudieron ingresar a barrios conflictivos y actualmente la ciudad es prácticamente pacífica, pero agregó que el problema es que si no se redirecciona la energía de los jóvenes a través de escuelas deportivas, musicales, darles trabajo, difícilmente ese nuevo escenario se mantendrá.

El padre Juan Cárdenas, rector de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), señaló que encarcelar a más de 9.000 personas no es la única solución, pues dentro de ese grupo hay muchos adolescentes y jóvenes a quienes se les trunca la vida, la esperanza. (I)