María Fernanda Rivadeneira, candidata al CPCCS, quiere que los informes de esa entidad sean vinculantes para la Fiscalía

“Yo sí le puedo decir al país entero que me recorrí las 24 provincias, lo hice a través de mi consejería que se llama Tu Consejo en Territorio, llegué hasta Galápagos para dar a conocer los derechos de la participación ciudadana”, asegura María Fernanda Rivadeneira Cuzco, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y candidata a la reelección en los comicios del 5 de febrero.

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Abogada y magíster en Derecho Constitucional, Rivadeneira llegó al CPCCS en 2019, año en que esta entidad se conformó con miembros elegidos en las urnas. El anterior Consejo transitorio se había integrado con personajes nombrados de una terna de la Presidencia de la República. En noviembre, ella estuvo entre los consejeros destituidos por la Asamblea y luego reintegrados por orden judicial.

“Nadie defiende un derecho que no conoce, la ciudadanía no conoce los procesos de participación, no conoce que a través de denuncias de corrupción, el CPCCS se vuelve parte actora de esas denuncias”, dice esta portovejense de 36 años, mediadora profesional y activista por los derechos de las mujeres. En sus logros menciona la creación del primer observatorio que vigila la Ley para la Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que tiene presencia en 14 ciudades.

“Soy activista por más de 17 años, he demostrado ser transparente en mis acciones y decisiones, que hay mucho por hacer, por supuesto”, comentó la candidata, quien contó con el auspicio del Colegio de Abogados de Manabí en su primera elección, pero esta vez lo hace -dice- por la ciudadanía.

Con licencia sin sueldo desde el 3 de enero, María Fernanda Rivadeneira critica la injerencia de los partidos políticos en el CPCCS. “Nos ha tocado ver cómo los poderes partidistas se quieren tomar por asalto la designación de autoridades, lo que siempre han querido es tener 100 % de impunidad. En la Contraloría, los partidos quieren que sus alcaldes, sus prefectos, que la gente de su partido no sea auditada, y en el Consejo de la Judicatura también tienen los ojos puestos, porque con la justicia quieren que haya impunidad”, explica la postulante quien reportó un patrimonio de $ 441.488 en 2021, año en que pagó $2.365 en impuestos.

Dentro de su plan de trabajo, Rivadeneira ofrece promover que los informes sobre hechos de corrupción que elabora el CPCCS tengan calidad de vinculantes, pues actualmente la investigación que realiza este organismo se recibe en la Fiscalía como cualquier denuncia y se empieza a investigar desde cero. “Lo que no tiene el Consejo es que sus informes sean vinculantes para la Fiscalía o Contraloría, son solo informes, algo informativo, no tiene calidad de vinculante a lo cual el fiscal pueda acogerse para pedir el dictamen acusatorio y que con eso inicie el juicio como tal”, explica la funcionaria, quien ha sido abogada de la Procuraduría y abogada de Coactiva del IESS en Manabí.

“El Consejo ha sido un gran espacio donde he podido aprender que el país necesita personas comprometidas con los intereses nacionales, es una gran institución, noble, que uno llega a amar por su vinculación con la comunidad”, asegura la candidata. (I)