‘Sí lloré harto cuando se hizo justicia, aunque a él no lo voy a ver nunca más’, dice mujer que logró, por la muerte de su hijo, una de las nueve sentencias condenatorias en Guayas desde 2021

El marcapasos que le pusieron hace seis años fortaleció el corazón de Beatriz Guerrero para sobrellevar, a sus 75 años, la muerte de su esposo, por coronavirus, el 13 de abril del 2020; y, dos días después, el asesinato de Fernando Yépez, el último de sus seis hijos, su orgullo, el ingeniero en Sistemas, aquel que arreglaba las computadoras a los vecinos de Venezuela y la 13, el barrio donde vivía, en el sur de Guayaquil.

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hace 2 años

La madrugada del 15 de abril, dos consumidores de droga violentaron la pieza donde dormía Fernando para robarle dinero, un televisor de 42 pulgadas y un celular. En el forcejeo, recibió cuatro puñaladas, una cerca del corazón.

“El enfrentó a los delincuentes, todas sus manitos tenían cortes. No quiero acordarme, porque eso me lleva sin rumbo”. Doña Beatriz se queda en silencio. Solo llora. “No les importó que era discapacitado: no tenía una pierna”, solloza.

A Fernando, de 41 años, sus familiares lo hallaron la tarde del miércoles 15, muerto sobre su cama. Y ese mismo día, la Policía identificó a los asesinos: Víctor Jumbo, de 28 años, y Cristhian Tenorio, de 31.

La cámara de seguridad de un negocio aledaño, señala el proceso judicial, captó a los asesinos cuando escalaban hacia la pieza de Fernando. Se trataba de dos “hacheros”, con apariencia de recicladores, que horas después vendieron el televisor a pocas cuadras del sector. A ambos los detuvieron, y en marzo del 2021 los condenaron a 34 años y 8 meses de prisión más el pago de una multa de $ 500 000.

“Cuando recibí esta noticia, lloré harto, porque se hizo justicia. Sí, pero mi hijo ya no volverá, no lo voy a ver nunca más. Usted no sabe cómo lo recuerdo; tengo fotos de él. Me decía: ‘Mamita, te quiero mucho’”, recuerda doña Beatriz mostrando una foto de Fernado cuando se casó y otra donde están los tres hijos que dejó.

El asesinato de Fernando Yépez no quedó impune como la mayoría de muertes violentas que han ocurrido en Guayas, la provincia más insegura del país, pero también la que registra la mayor impunidad.

De enero del 2021 a enero del 2022, en Guayas se han emitido apenas 9 sentencias condenatorias, derivadas de 71 dictámenes acusatorios, de un total de 1.548 muertes, según cifras de la Fiscalía General. La gran mayoría de casos, 1.347, está en fase de investigación.

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EL UNIVERSO revisó las nueve condenas del año pasado en Guayas. Ahí estaba el caso de Fernando Yépez, pero también el de Derlys Joao Pazmiño, cuyos asesinos fueron sentenciados a la misma pena de 34 años de prisión. A Derlys lo mataron unos sicarios que entraron a su casa, en Naranjal, la madrugada del 30 de enero del 2021. Él huyó por el patio, pero a unas cuadras lo alcanzaron y lo mataron. Derlys tenía antecedentes por robo. La Fiscalía cree que su muerte se debió a rencillas de bandas delictivas.

Otra sentencia también se dio por la muerte de tres presos de la Penitenciaría del Litoral en la masacre de febrero del 2021. Ese día murieron 79 personas, entre ellas Jesús Menéndez, Tommy Jara y Miguel C. El reo asesino, Javier F., recibió una pena de 34 años.

Y mientras hay familias que se consuelan en las sentencias que lograron contra los responsables de las muertes de sus familiares, hay unas 1.300 víctimas cuyas muertes la Fiscalía asegura que aún se están investigando. Entre esos crímenes figura el de Carlos Guaraca Domínguez, un joven transexual que fue asesinado con 12 disparos el 22 de junio del 2021 en Naranjal.

Su caso no ha llegado a las cortes y juzgados, solo consta como denuncia, según los registros judiciales. “Pedimos que hagan justicia, que las autoridades cojan a los criminales”, dijo durante el sepelio un familiar que teme que esta muerte quede impune.

La impunidad de los delitos, dicen expertos en seguridad, impide parar la violencia en el país.

El Gobierno entiende que el problema básicamente es desmantelar grupos criminales. La violencia tiene que ver con la impunidad

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Para combatir la impunidad, coinciden varios jueces consultados, la ley no debe permitir que prescriban o caduquen los delitos que comprendan la muerte de una persona.

“En otros sistemas judiciales, como Estados Unidos, esos delitos se persiguen y nunca prescriben”, opinó un juez.

Por el contrario, en Ecuador, dicen expertos, la impunidad crece por la corrupción y la falta de coordinación de instituciones —como la Judicatura, Fiscalía, Policía, municipios, ECU911— para desenredar los “nudos críticos” que impiden llegar a una condena, como logró doña Beatriz. (I)

Más personal, capacitación y equipos para criminalística y registro de armas y huellas

Cada proyectil deja huellas. Las balas, casquillos o los fragmentos balísticos de las armas de fuego —que en el mes de enero de este año ocasionaron la mayor parte de las 359 muertes en el país— son testigos clave para la identificación de un criminal.

Los policías del Departamento de Criminalística alimentan día a día una gran base de datos que contiene los nombres de los dueños de las armas, sus huellas dactilares, modelo de la pistola o fusil, datos de fabricación, direcciones, teléfonos...

Cuando ocurre un asesinato, la revisión en esta base de datos es una pericia de cajón, porque es una de las pruebas más eficaces para ubicar el arma, su procedencia y a su propietario, incluso para saber si fue utilizada en otro asesinato.

Sin embargo, el personal de Criminalística no se abastece para ingresar en su gran base de datos la cantidad de armas, balas, casquillos o fragmentos que se recogen en los operativos de prevención que realiza la Policía, en sus tareas de investigación o en las escenas de los crímenes que se presentan diariamente en Guayaquil, Durán y Samborondón, la denominada Zona 8, la que concentró 141 muertes violentas en enero pasado.

Otras veces, los datos balísticos no se ingresan bien al sistema, porque la información de los partes o reportes policiales no es clara o está incompleta. La falta de impulso fiscal también incide en la demora de la actualización de los registros.

“Estamos siendo atendidos con el ofrecimiento del señor presidente; ya prácticamente se han hecho los requerimientos”, afirmó el coronel Dorian Balladares, director subrogante de la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro).

Balladares agregó que se han pedido recursos para áreas tecnológicas y de Criminalística. “Se está fortaleciendo la Dinased, la Policía Judicial, Antinarcóticos y, algo fundamental, nuestra unidad de Criminalística”, dijo Balladares y adelantó que en los próximos días se plasmarán los pedidos y habrá resultados. (I)

‘Nos da coraje, en audiencias hemos retado a fiscales por la falta de testimonio anticipado’

En la escena de un crimen, la declaración de algún testigo que presenció la muerte violenta es fundamental para lograr una sentencia condenatoria contra los responsables. Sin embargo, pocas veces se logra que el testigo rinda una versión y, cuando se lo consigue, esta versión no tiene la calidad de prueba si la persona no acude a la audiencia de juicio a confirmar su versión.

En estos casos, según sugieren dos jueces consultados, el fiscal debe solicitar un testimonio anticipado, una figura legal establecida en el artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), similar a la versión simple que rinde el testigo, pero con la diferencia de que se lo toma ante un juez. Así, el testigo no acude al juicio.

El problema, dicen los jueces, es que casi no se aplica. “Nos da coraje, hemos retado a los fiscales en las audiencias, porque no han tomado un testimonio anticipado. Es una herramienta poderosa”, dijo un magistrado que fue fiscal por una década, y agregó: “Por eso es que hay muchos delitos y una miseria de sentencias condenatorias. Hay que halarles las orejas; hágales entender. Algo está pasando, se están cayendo los juicios y está habiendo impunidad”.

Policías consultados agregan que pocas veces los fiscales van a la escena de un crimen y que se demoran las notificaciones para tener órdenes de prisión.

En Fiscalía, en cambio, aseguran que sí toman estas versiones. “Los fiscales sí aplicamos, se hace una petición al juez y él da una fecha para que reciba el testimonio anticipado”, afirma el fiscal Gian Carlos Almeida, quien ha tenido dos o tres casos; en uno de ellos permitió que un taxista que fue secuestrado pudiera dar un testimonio anticipado, reconocer a los responsables y “no tener contacto visual con nadie”.

Almeida afirma que hay déficit de fiscales. “Imagínese que en una madrugada de turno hay 5 o 6 audiencias y se presenta una muerte violenta; tenemos que priorizar”, explicó el fiscal de la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti). (I)

‘65 sicarios están libres, no podemos detenerlos, antes les tenemos que notificar’

Cuando se comete un crimen y se detiene al asesino en el momento, en delito flagrante, la Fiscalía dispone de 24 horas para formular cargos contra el acusado y que el juez disponga su traslado a un centro penitenciario hasta su sentencia.

En este proceso, la respuesta judicial es “inmediata”, aseguran jueces, que admiten que las demoras se dan en delitos no flagrantes, en el 80% de casos, en los que no hay detenidos en las primeras 24 horas y la Fiscalía dispone hasta de un año para recopilar pruebas y acusarlos ante un juez.

Notificar a los sospechosos o acusados de un asesinato, a quienes Fiscalía debe citar dentro del proceso, representa un “nudo crítico” que incide en la impunidad de los delitos, consideran varios fiscales y policías que investigan estas causas.

Más de 65 sicarios, estamos esperando a que cometan otro delito para, en flagrancia, detenerlos; están libres, no podemos detenerlos, porque tenemos que notificarles que están siendo investigados

Tannya Varela, ex Comandante de Policía, en enero pasado.

Fiscales confirmaron que, efectivamente, una resolución de la Corte Nacional de Justicia de octubre pasado los obliga a notificar a un sospechoso 72 horas antes de realizar la audiencia de formulación de cargos. Mientras que la directora de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, asegura que se puede notificar por la prensa.

“Comenzamos una depuración de los procesos que no pueden avanzar porque las partes no están notificadas”, dijo Coronel y precisó que empezaron en la unidad de Florida Norte, donde hay “cientos de procesos” con problemas de notificación.

Los plazos para las audiencias de acusación también fueron cuestionados por la Policía, que critica, además, que los notificadores de las cortes, por temor, cuando no ubican los domicilios de los sospechosos, reportan que no se ha notificado y por esto no se da la audiencia. Dorian Balladares, director (s) de la Dinased, dijo que la Policía ayudará en las notificaciones. (I)

‘Quien define dónde se pone una cámara es una comisión de Policía, Municipio, Riesgos’

La presencia de una cámara de seguridad no solo funciona para disuadir a un delincuente de cometer un delito o crimen, también permite que, una vez cometida una muerte violenta, por ejemplo, se pueda captar en el equipo de videovigilancia la identidad del responsable.

Guayaquil tiene 1.650 cámaras de seguridad en sectores del norte, centro y sur de la ciudad. La mayoría (1.200) corresponde al Municipio de Guayaquil y el resto (450) al Servicio Integrado de Seguridad ECU911. Pero también las hay en zonas privadas, urbanizaciones, compañías e instituciones, que por su iniciativa han decidido poner estos dispositivos de seguridad.

Sin embargo, las zonas en donde las bandas delincuenciales se pelean territorios para la venta de drogas (Guasmos, Suburbio, Bastión Popular, Pascuales) carecen de estos aparatos tecnológicos. Fuentes policiales señalaron que las cámaras del ECU911 o del Municipio de Guayaquil, algunas sin funcionamiento, no están ubicadas según el mapa de violencia que posee la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro).

Quien define el lugar donde se pone una cámara es una comisión, conformada por la Policía, el municipio del lugar y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, porque usted sabe que la videovigilancia no solo es para seguridad ciudadana, es también para eventos naturales. ¿Qué se verifica ahí?, el índice delictivo, la vulnerabilidad, los sitios de riesgo

Juan Zapata, director del ECU911.

Informes de la misma Policía señalan que otro obstáculo en la lucha contra el crimen es la falta de tecnología; por ejemplo, en las cárceles, donde el mayor problema lo constituye la falta de activación de los inhibidores de señal telefónica, para impedir la conexión telefónica de los internos que forman parte de organizaciones delictivas.

En los centros penitenciarios, la Policía cree que se debe llevar un registro de las visitas que reciben los privados de libertad e investigar las relaciones. (I).