Allegados y ciudadanos de la comunidad indígena se unieron en los exteriores del complejo judicial de Durán para pedir justicia por el crimen de Roberto Carlos Yumailla, jefe de una sede que tiene una cooperativa de ahorro y crédito en Durán.

En ese sitio, al mediodía y tarde de este sábado 7 se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en contra de siete detenidos por el asesinato ocurrido mientras Yumailla conducía su vehículo en la avenida Nicolás Lapentti del cantón Durán.

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Luego de la diligencia, una juez de flagrancia determinó que los aprehendidos sigan con prisión preventiva durante treinta días que se mantendrá abierta la instrucción fiscal por el delito de asesinato.

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En la zona exterior de la unidad judicial, representantes de la comunidad indígena gritaron para pedir avances en la investigación y las penas correspondientes a los implicados.

Allí, acompañados del ataúd de la víctima, ellos además lamentaron los índices delictivos y los casos de extorsión que algunos sufren en sus negocios.

Varios abogados se sumaron a la defensa de la familia de la víctima para presentarse en esta diligencia. ”Vamos a estar vigilantes en representación de la sociedad indígena, vamos a estar verificando la actuación de Fiscalía y las partes procesales...”, advirtió Jaime Morocho, uno de los representantes legales.

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Sergio Tayupanda, otro abogado que se sumó a la defensa, pidió que los compañeros de la comunidad indígena se unan para dar seguimiento al caso y que las autoridades realicen los políticas públicas que sean eficientes para mitigar los índices delictivos.

“Deben tomar en cuenta estos asuntos que se están saliendo de las manos del Estado ecuatoriano, tiene que ajustar los asuntos para que pueda existir la armonía en la ciudad”, dijo a medios de comunicación en los exteriores de la unidad judicial.

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Él manifestó que pedirán una máxima pena para los responsables, dependiendo el grado de autores y coautores que se determinen entre los implicados.

En el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establecen penas que pueden ir de 22 a 26 años, aunque puede sumarse más tiempo en caso de agravantes.

“El pueblo indígena estará alerta que esta muerte no quede en la impunidad”, dijeron parte de los ciudadanos congregados en la sede judicial.

Comunicadores de medios digitales indígenas compartieron parte de los actos desarrollados en el velorio de la víctima en otro sitio de Durán, la noche del viernes pasado. Allí, hubo cánticos tradicionales y mensajes de recordación de Yumailla.

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En el velatorio, que continúa este sábado en Durán, compañeros de la comunidad se acercaron hacia el ataúd donde descansaba el cuerpo de Yumailla, que fue vestido con una chompa roja de la cooperativa de ahorro.

A su vez, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió una exhaustiva investigación y pronta actuación del sistema judicial “El Estado no puede seguir siendo indiferente ante tanto dolor y sufrimiento”, se indicó en la misiva. (I)