‘Todos queremos seguridad. La pregunta es quiénes están dispuestos a asumir una responsabilidad’. Foro sobre seguridad reunió a tres exministros

Entender el fenómeno de la creciente inseguridad que afecta a Ecuador y proponer salidas a esta problemática fueron los temas en los que se centró un foro organizado este jueves por la Universidad Hemisferios, en Quito, que contó con la intervención de los exministros de Gobierno y del Interior, María Paula Romo, Patricio Pazmiño y Patricio Carrillo, respectivamente.

La primera en exponer fue María Paula Romo, quien habló a través de una videoconferencia debido a que reside en Estados Unidos.

La exministra de Gobierno de la administración de Lenín Moreno comentó que el problema de inseguridad debe ser observado desde un contexto general, considerando las secuelas sociales y económicas que dejó la pandemia.

En ese sentido describió que el deterioro de la seguridad está relacionada con la crisis pospandemia y cómo el crimen organizado se adaptó rápidamente a las nuevas normalidades, mientras que los gobiernos y la Policía enfocaron sus esfuerzos en atender la emergencia sanitaria.

Fiscalía abre investigación por alerta de presunta evasión de reclusos de la Penitenciaría del Litoral

“Hay una disputa entre el gobierno criminal y el gobierno estatal”, mencionó Romo, al tiempo de señalar que un frente de lucha contra las organizaciones delictivas es combatir la impunidad en el sistema judicial.

Actualmente existe una narrativa discursiva que debilita la imagen y actuación del Estado, así como de las fuerzas del orden, que les quita legitimidad y pretende ponerlos al mismo nivel del crimen organizado, añadió Romo.

Para la exministra las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022 también fueron expresiones de la exacerbada violencia de grupos criminales que atentan contra el Estado y la sociedad.

A eso se suma que la situación ha provocado que la población “ha normalizado” la extorsión como forma de relación en distintos niveles. Esta premisa abarca desde las vacunas que exigen las bandas hasta casos cuando organizaciones de la sociedad civil impone sus reglas por encima de la ley.

Romo propuso que se debe crear una “agenda de unidad nacional”. “Se tiene que reivindicar la obligación del Estado de intervenir y hacer prevalecer la ley (...) En esta disputa hay que tener la opción de que el Gobierno sea el del Estado y no el gobierno criminal”, finalizó.

3.322 personas detenidas en lo que va del estado de excepción a nivel nacional

Desde la perspectiva de Patricio Pazmiño, exfuncionario de Lenín Moreno, la seguridad debe analizarse desde una visión tema global, regional, subregional y nacional.

De ahí que el desafío del país es insertarse dentro de la cooperación internacional para el combate al crimen y la delincuencia. Para ello, el punto de partida es fortalecer las capacidades propias del Estado ecuatoriano, anotó Pazmiño.

Señaló que “es crucial entender cómo se comporta y cambia el crimen organizado” para tener una respuesta significativa desde varios frentes. Que las respuestas atiendan a múltiples dimensiones del problema.

Dijo, además, que la inusitada violencia que vive el país podría ser considerada como “terrorismo criminal”.

Frente a esto, lo que se debe lograr es “un gran acuerdo por la seguridad con consensos mínimos”, donde la responsabilidad no se le atribuya únicamente a la Policía, sino que exista un real involucramiento de otros actores clave como son todos los poderes del Estado, los gobiernos seccionales, la Fiscalía.

‘Les damos el terreno, tenemos el contacto de quien administra cárceles de la mejor manera para que ustedes puedan dejar libre a Guayaquil’: alcaldesa Viteri insiste en propuesta de sacar reclusorios del área urbana

A criterio de Patricio Carrillo, exmiembro del gabinete de Guillermo Lasso, las soluciones no solo deben provenir del empleo de la fuerza sino, sobre todo, de la aplicación de políticas de economía y educación que solventen las necesidades sociales y garanticen la tutela de derechos.

Atacar las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones delictivas es otro de los caminos para disminuir su poder y relación con la política, que pueden poner en riesgo la democracia, enfatizó.

Expuso datos que dan cuenta del acelerado incremento de muertes violentas en los últimos años.

En 2020 -cuando Carrillo fue comandante general de la Policía- se produjeron alrededor de 1.300 muertes, con una tasa de homicidios de 7,1 %; en 2021 los casos se duplicaron a 2.495 y la tasa de homicidios pasó al 14,3 %; y entre enero y octubre de 2022 suman 3.855 muertes violentas, dando una tasa de homicidios que ronda el 23 %.

Que en un corto periodo de tiempo la cantidad de muertes violentas haya escalado a cifras alarmantes podría significar que antes había una especie de “autorregulación de las organizaciones criminales”, donde se esconde la violencia y -desde las esferas de poder- “se tolera todo y no se protege nada”. Esa fue la hipótesis de Carrillo.

Secuestros, ataques violentos y venta de droga, entre delitos que se busca combatir con plan Mi Escuela Segura

Hay que accionar una agenda de seguridad ciudadana. “Hay que ciudadanizar el problema y ejercer presión social para conocer la agenda de seguridad, cuál es la política de seguridad”, comentó Carrillo.

Además, cuestionó la actuación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el control de lavado de activos, puesto que en 2021 la entidad presentó a la Fiscalía apenas 15 reportes de operaciones inusuales, de los cuales solo un caso está relacionado con narcotráfico.

“Todos queremos seguridad, sí. La pregunta es quiénes están dispuestos a asumir una responsabilidad”, comentó el exministro del Interior y añadió que al ciudadano “hay que devolverle un sentido del límite”.

Al igual que lo hizo María Paula Romo, Carrillo también se refirió a las protestas de 2019 y 2022. “Lo que pasó en octubre y en junio es gente asociada a una izquierda que ha hecho de la violencia su estrategia, pero sin sentido del límite. (A la gente) hay que devolverle un sentido de límite y fundamentalmente hay que devolverle un principio de autoridad”, manifestó.

En el foro organizado por la Universidad Hemisferios también estaba previsto que participe Alexandra Vela, segunda ministra de Gobierno de Guillermo Lasso; sin embargo, no asistió. (I)