Traslado de cabecillas puede debilitar liderazgos dentro de bandas si se consolida control de cárceles: especialistas analizan acciones en recintos penitenciarios

Luego de los ataques armados y con explosivos perpetrados por bandas criminales la semana del 1 al 3 de noviembre en distintas localidades del país, se decretó un nuevo estado de excepción que incluye toque de queda entre las 21:00 y 05:00 en tres provincias: Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Con ello, el Gobierno apunta a contrarrestar la violencia que también se vivió en la Penitenciaría del Litoral, en el marco del traslado de un grupo de reos, entre esos, cabecillas de grupos delincuenciales.

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, mantiene un constante llamado a la unidad en lo que ha denominado una “cruzada por el país”. Al mismo tiempo su consigna es actuar con mano firme para doblegar el accionar delictivo relacionado con el narcotráfico internacional.

Más de 3.000 operativos y más de 800 aprehendidos son el resultado del trabajo de policías y militares en las zonas donde se registraron atentados en los que se produjo el asesinato de seis policías.

En cuanto a los incidentes en la Penitenciaría, la situación ha sido controlada, según el Gobierno. De este centro carcelario han circulado en redes sociales videos de los incidentes y fotografías de los internos aparentemente neutralizados.

Esas imágenes han sido difundidas por el propio mandatario en su cuenta en Twitter, quien en esa plataforma anunció en estos días que los cabecillas que lideran la banda de los Chone Killer y hacían resistencia armada al personal policial y militar en el pabellón 2 fueron ya trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca.

En las fotos, los rostros de los antisociales aparecen difuminados y sus identidades se mantienen en reserva pese a que se trata de personas que cumplen sentencia en firme en prisión.

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Para la experta en perfilación criminal Ana Minga, cuando estas personas ya tienen una sentencia y cumplen una condena no hay limitación legal para que sean plenamente identificadas ante la ciudadanía.

“Una vez aprehendidos, ellos ya tienen tiempo y están haciendo todo el problema por el traslado, ya no habría un problema con mostrar rostros; ahora, si es alguien que todavía no está atrapado, que no está sentenciado, ahí sí dijera que es un error, pero en este caso ya están identificados, bajo las rejas y sentenciados”, argumentó.

No obstante, señaló que con esa exposición no se gana absolutamente nada. Al contrario, considera, en el mundo criminal el ser expuesto tiende a dar realce a determinado cabecilla de banda.

“A esa gente no le importa ser evidenciada, una. Y son evidenciados y ya son cabecillas y han sido los cerebros ejecutores de todo este caos y pánico que hay en la sociedad, mejor para ellos. Te hablo desde la perfilación, de cómo pensarían (...) ¿Qué gana o pierde el Gobierno? No gana ni pierde nada, solo los expone”, manifestó la especialista.

El experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Daniel Pontón destacó que las últimas medidas tomadas en el pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral demostraron contundencia a la hora de retomar el control de la cárcel.

Sin embargo, señaló que las fotografías de los presos en el suelo, la difusión de la separación de los líderes de las bandas criminales solo son parte de un tema comunicacional que pretende evidenciar como exitoso un tema más grande del que todavía no se encuentra la solución: la crisis carcelaria y violencia en el país.

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“Es un tema comunicacional, pero muchas cosas son también efectos, por no decir exageraciones o con ciertos criterios que no son apegados a la verdad”, argumentó Pontón.

Por ejemplo, citó que se muestran las armas de fuego decomisadas como un éxito, cuando eso, según él, es la prueba del deficiente control en las cárceles, que permite el acceso de los presos a cuestiones prohibidas como el armamento.

Sobre el traslado de reos a otras prisiones, a juicio del docente, trasladar a todo un pabellón a otra cárcel de la Costa de Ecuador solo es cambiar el problema a otro lugar. “Ahí primero nos deberíamos preguntar si las condiciones de El Rodeo están adecuadas para albergar a un número tan alto de gente y de tanta peligrosidad”, añadió.

Además, para Pontón, el haber separado a estos cabecillas y trasladarlos a la cárcel La Roca causará la creación de nuevos líderes. “Me parecería que van a intentar mantener la cohesión de grupo con los nuevos líderes”.

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Ana Minga coincide con ese criterio. “A rey muerto, rey puesto”, sostuvo y añadió que sí es cierto que surjan nuevos líderes. Pero también puntualizó que el Estado tiene que ganar territorio y control de estos espacios.

“Claro que van a salir más líderes, pero van a ser más débiles, ahí tienen que trabajar los equipos de inteligencia para identificarlos rápidamente y neutralizar a tiempo a los nuevos cabecillas”, expresó ella.

Finalmente, Pontón identificó tres puntos en los que se debe trabajar para combatir la crisis carcelaria: primero, quitar la capacidad de manejar el monopolio de la violencia, necesitan evitar que pasen más masacres; el segundo es el tema del armamento, no puede ser que sigan armándose dentro de un centro de privación de libertad, es símbolo de cómo está el sistema de seguridad; y tercero, el tema de comunicaciones, señaló que no pueden tener una central de operaciones del crimen desde las cárceles.

“Esos tres elementos estamos muy lejos de lograrlo, ahora lo que hace es trasladar un problema a otro lugar y alterar un ecosistema que ya es de por sí problemático”, remarcó el especialista. (I)